El Frente de Izquierda presentó un proyecto para expropiar la fábrica Loimar y que quede bajo el control obrero
La diputada nacional por el PO-FIT, Romina Del Plá, presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y dejar sujeta a expropiación la fábrica de ladrillos y cerámicos Loimar, en conflicto desde hace nueve meses, con la producción parada y los trabajadores en la calle, en un derrotero que han visibilizado durante todo este tiempo a través de los medios y las calles de la ciudad.
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De acuerdo a los fundamentos de la propuesta, se tiene en cuenta que la fábrica es la única de su tipo en Tandil, que la patronal tiene deudas enormes con sus trabajadores, y se considera que los despidos han sido arbitrarios e injustificados y que la fábrica tiene una utilidad innegable, entre otros.
Los objetivos principales de la iniciativa son la continuidad de los puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo. Así mismo, se busca colocar a la empresa bajo control y gestión de sus trabajadores, que son quienes saben cómo llevar adelante la producción. Además, se establece que los recursos para el funcionamiento de la fábrica deben ser otorgados por el Estado nacional.
Asimismo, el texto normativo que pretende declarar la utilidad pública de la planta, establece que la expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de la compañía. En uno de sus artículos se dispone, también, “la apertura de los libros de contabilidad de la empresa, bajo el control de los trabajadores, para proceder a una reorganización financiera, contable y productiva, en base a los balances reales de la ceramista”.
La nueva administración, elegida en forma democrática por los trabajadores, establecerá un plan de devolución de la deuda contraída por el grupo empresario expropiado con los trabajadores, en concepto de salarios no pagados, cargas sociales y todo otro ítem adeudado con los empleados.
Por último, el proyecto prescribe la inhibición de la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas del grupo empresario Loimar radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden. Sobre ellos se realizará un relevamiento y con dichos recursos se creará un fondo especial destinado a pagar las deudas contraídas con el Estado y con proveedores, bajo control y gestión de sus trabajadores.
