El Ejecutivo aguarda los estudios de suelo que le exigió al dueño del exbasural de la Ruta 30
Espera que el privado entregue los resultados de los análisis para incorporarlos a la causa que inició Rogelio Iparraguirre. El secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, cuestionó al concejal de Unidad Ciudadana, que aprobó el convenio firmado el dueño para el saneamiento del terreno y luego presentó el amparo.
El Departamento Ejecutivo aguarda que el dueño del predio de la Ruta 30, donde funcionaba un basural clandestino, presente los resultados de los estudios de suelo para incorporarlos a la causa que tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul. Como se informó, la denuncia por riesgo ambiental la presentó el concejal Rogelio Iparraguirre y tras las audiencias de conciliación, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) le pidió al Municipio que realice cateos de tierra y agua para determinar si existe contaminación.
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En tanto, el área de Legal y Técnica pretende que el propietario presente los estudios que formaron parte del acuerdo de mitigación, teniendo en cuenta el costo de las perforaciones para los análisis de suelo que el OPDS delegó en el Municipio. En tanto, ya adjuntó a la causa un estudio del agua, que arrojó que es apta para el consumo humano.
“Las partes, de común acuerdo, nos apartamos del proceso tradicional, y estamos en un escenario de conciliación, donde estamos haciendo las gestiones para efectivamente ver si hay en el predio, como afirma Rogelio (Iparraguirre), algún tipo de contaminación. Ahora, estando los estudios en trámite, no es cuestión de salir a derrochar recursos para tener tres veces el mismo estudio. Vamos a presentar los que tenemos y, en todo caso, si el juez define algo diferente, avanzaremos según corresponda”, adelantó el secretario.
Un largo camino
En diálogo con El Eco de Tandil, Andrés Curcio repasó que en 2014 detectaron que había una cava, donde extraían tierra y además se arrojaba basura, que afectaba a un inmueble municipal. A partir de ese momento, se firmó un convenio con el propietario de los terrenos, ubicados sobre la Ruta 30, donde se comprometió a sanear, nivelar y parquizar, y como indemnización al Municipio, a devolver la parcela a la comuna y donarle otra que le pertenecía.
Se trata de una manzana con cinco parcelas, de las cuales una era municipal, otra la donó al Municipio y las otras tres pertenecen al mismo propietario. Luego de la formalización del acuerdo, la comuna ya está tramitando la escritura ante la Escribanía General de Gobierno.
“Ese convenio, que contemplaba esa compensación a modo de indemnización con otro terreno, pero que además contemplaba todo el rellenado, saneamiento y parquización del inmueble se firmó ad referéndum del Concejo Deliberante”, explicó y agregó que el 20 de febrero de 2016, “los veinte concejales, por unanimidad, incluyendo a Iparraguirre, lo convalidaron”.
Tras esa reseña, cuestionó que “recién después de las PASO de 2017, y antes de las generales, es cuando el concejal Iparraguirre ingresa el amparo, un año y medio después de que ya tenía conocimiento y de que lo había aprobado”.
“Él aprobó el convenio que ahora está cuestionando, que se firmó en 2015 y fue aprobado por ordenanza en febrero de 2016”, remarcó y agregó que “el convenio estaba sometido al referéndum del Concejo Deliberante, cosa que se hace muy poco, pero dada la especialidad del caso, se pidió que se haga ad referéndum del Concejo Deliberante”.
La autoridad de aplicación
Por otra parte, el abogado explicó que “cuando la demanda la interpone el concejal Iparraguirre contra la Municipalidad de Tandil y otros, ese otros es el OPDS. Entiendo que con justa razón. La autoridad de aplicación que tiene que intervenir en estos casos es el OPDS, siempre que se trate de saneamiento de un riesgo o pasivo ambiental, el OPDS es la autoridad de aplicación”.
Pero además, dijo que cuando se inició la causa y el Municipio expuso las actuaciones administrativas, el juez dispuso realizar audiencias con el objetivo de que las partes avanzaran de común acuerdo y en ese marco, el OPDS recomendó realizar los estudios de agua y suelo.
El letrado consideró que “es una causa muy particular, porque al contestar la demanda, nosotros como Municipio, también propusimos que se cite, se traiga a juicio, al responsable del predio, porque las leyes que regulan la materia ambiental dicen que el responsable de la eventual contaminación es el que la lleve adelante o el titular del predio, entonces pedimos citar al titular del predio. Así, se convoca a una audiencia, donde no interviene todavía el titular, y se intenta hacer, con todas las partes de acuerdo, un convenio de seguimiento. Con lo cual, de alguna manera, el expediente judicial se termina desvirtuando en lo que son los pasos procesales normales”.
A partir de entonces, hubo una serie de audiencias con el representante legal de Iparraguirre, el Municipio y funcionarios del OPDS, donde llegaron a un punto en que el juez determinó que se avance para saber si existe contaminación.
El letrado explicó que en una de las audiencias, con presencia de un técnico del OPDS, “dicen que no tienen capacidad técnica ni recursos como para llevar a cabo los estudios y se le pidió que, al menos, indique qué estudios hay que hacer porque la competencia la tiene el OPDS”.
En ese encuentro se pautaron diez días para que el Ejecutivo le entregara la documentación al organismo provincial y otros veinte para la recomendación. “En el informe, el OPDS sugiere que la Municipalidad lo haga”, dijo y remarcó que “cita la Ley de Gestión Integral de Residuos Urbanos, con la que hoy tenemos regulada la recolección nuestra, pero cuando vamos a la ley que regula la existencia de pasivos o riesgos ambientales, que incluso es posterior, esa ley específica dice que la competencia es del OPDS a través de la Dirección Provincial de Residuos. La competencia la tienen ellos”.
En paralelo a la causa judicial, el Municipio le reclamó al dueño de los terrenos que acredite el cumplimiento del convenio y ya entregó un estudio de agua, que data de octubre de 2018, realizado por un laboratorio local, habilitado y con las normas ISO, que afirma que es apta para el consumo humano. “Lo presentamos ante el OPDS y está en la causa. Seguimos pidiéndole que nos informe el estado de saneamiento del suelo”, precisó Curcio y detalló que se iban a tomar 48 muestras, con seis pozos de 8 metros de profundidad cada uno.
“Estamos esperando que lo presente. Ínterin sale este informe del OPDS que pretende ponerlo en cabeza del Municipio. No son estudios baratos como para que uno diga ahora que un concejal está demandando esto, salgo a hacer los estudios en lotes privados cuando el responsable es el particular. Si tengo la posibilidad de tener el estudio que exigí al particular, lo voy a tomar y lo voy a presentar en el expediente. Luego, si exigen hacer otro, lo haremos, pero veremos quién lo hace, porque no es correcto poner en cabeza del Municipio algo que es competencia del OPDS y que por las razones que fuera, no lo está haciendo”, concluyó Andrés Curcio.
El convenio está vigente
En el expediente administrativo del Municipio, que se inició a partir de que se detectara la ocupación del terreno fiscal, la extracción de tierra y la contaminación de un basural clandestino sobre la Ruta 30, consta que hubo percepciones diferentes de las direcciones de Medioambiente e Inspección General en cuanto al cumplimiento del convenio por parte del privado.
El secretario de Legal y Técnica Andrés Curcio argumentó que “en algún momento, lo que hace Medioambiente es decir ‘revisen los cumplimientos porque puede que no se esté llevando adelante’. Lo cierto es que como el convenio tenía cinco años, de hecho está vigente que es otra de las cosas particulares de este amparo, se vence recién el año que viene el plazo que tiene el propietario para sanear. Con lo cual esta advertencia lo que hace es decir ‘empecemos a contactar al propietario, que nos vaya informando cómo va haciendo’”.
Y agregó que “de hecho, en ese ínterin se le exigió que presente el plan de remediación para elevar al OPDS, porque nos pasa en otros casos acá en Tandil que el que interviene es el OPDS cuando hay pasivo ambiental. Entonces, se elevó todo al OPDS para que siga o asesore, por si había que modificar el plan o lo que fuera, al propietario y responsable del saneamiento”.
Negó que se trate de una contradicción entre las áreas municipales y reiteró que Medioambiente solicitó que controlaran si se estaba cumpliendo el plan. Entonces, como tenía 5 años de plazo, se le requirió al particular que avance con el convenio.
