El diputado tandilense “Topo” Rodríguez destacó el logro de la segmentación en las retenciones al agro
Los diputados de Consenso Federal pugnaron para que se incorporara el artículo 53 a la Ley de Emergencia. Entre otros beneficios para este sector, consiguieron que el aumento de retenciones no se aplique en zonas que estén declaradas en emergencia. “Como opositores, optamos por el camino de la propuesta”, dijo.
Luego de las propuestas opositoras, el Gobierno incluyó finalmente en la Ley de Emergencia un articulado por el cual se tendrán que instrumentar segmentaciones y compensaciones para pequeños productores y cooperativas por la suba de retenciones, aunque no se establecieron escalas ni porcentajes. En cambio, el aumento de derechos no se aplicará en zonas declaradas en emergencia.
Recibí las noticias en tu email
Uno de los propulsores de esta implementación fue el diputado tandilense por Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien le detalló a El Eco de Tandil el logro alcanzado junto a su par Eduardo “Bali” Bucca, exintendente de Bolívar.
“En particular, pudimos incluir completo el artículo 53, que establece mecanismos de segmentación y estímulo para esos pequeños productores y cooperativas”, contó. También agregó que consiguieron que se considere la cuestión del costo de fletes, expresado ahora en la ley como la distancia entre las zonas de producción y los centros de efectiva comercialización.
Asimismo, se establece una comisión, en la que participarán representantes del sector agropecuario, el Gobierno nacional y las provincias, para que se expida sobre los movimientos en los derechos de exportación. Finalmente, han logrado agregar que el aumento de retenciones no se aplicará en zonas que estén declaradas en emergencia.
“Lo que se ha logrado es fruto de un trabajo serio, con predisposición a encontrar mejoras en una ley que claramente necesita el Gobierno por la crisis económica que ha recibido”, manifestó. Vale mencionar que para arribar a estas propuestas, el funcionario tandilense mantuvo un fluido contacto con referentes locales del agro, como Dardo Alonso y Luis García de la Federación Agraria Argentina.
Oposición constructiva
“Como opositores, optamos por el camino de la propuesta”, aseguró Rodríguez y destacó el compromiso del ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, que estuvo toda la noche en el Congreso nacional trabajando con ellos. “Si bien tuvimos diálogos duros, nunca se perdió el respeto y finalmente, arribamos a una alternativa que mejoró el proyecto que originalmente traía el Gobierno”, reveló.
En el mismo sentido, consideró que hubo una clara instrucción del presidente Alberto Fernández de mejorar la legislación que se estaba tratando y, que por esa razón, es que también fueron escuchados.
Luego de la incorporación, los articuladores aguardan que el logro sea realmente tal y esperan que el Gobierno nacional reglamente ese apartado y establezca rápidamente los criterios de implementación para que los beneficios puedan concretarse.
“Es imprescindible que se entienda, que se comprenda adecuadamente, que ‘el campo’, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, no son cien grandes empresas exportadoras, sino que la mayoría son miles y miles de pequeños y medianos productores que se arriesgan a invertir para producir, que crean trabajo, permiten el ingreso de divisas y le dan movimiento comercial a nuestros pueblos y ciudades”, insistió.
Artículo 53
Entonces, el capítulo en cuestión quedó determinado de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el aumento de la alícuota de los derechos de exportación y establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización”.
Y agrega que “la modificación de las alícuotas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo deberá ser informada por el Poder Ejecutivo nacional ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto. Las alícuotas que sean aumentadas en el marco de las facultades acordadas en el presente artículo no serán aplicadas en los distritos que sean declarados en emergencia agropecuaria de conformidad con la Ley 26.509 del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios”.
Segmentaciones sin escalas ni porcentajes
De esta manera, con la media sanción en la Cámara baja de la ley, el Gobierno podrá subir de 30 a 33 por ciento las retenciones a la soja y del 12 al 15 por ciento las de trigo y maíz. En el caso de las economías regionales no se podrá superar el 5 por ciento de derechos, pero en este caso será el Poder Ejecutivo Nacional quien definirá los productos que entrarán.
Con estos incrementos, el 67 por ciento del valor incremental del impuesto a las exportaciones irá a la Anses y un 3 a un “fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos”.
En tanto, tras la unificación de artículos, el Gobierno deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo para esos actores, que caerá en la órbita de Agricultura y Economía. Deberá considerar en los estímulos también la distancia entre zonas de producción y los centros de efectiva comercialización de los granos.
Por otra parte, el Gobierno tendrá que presentar la suba de retenciones a una comisión formada por el Poder Legislativo, entidades del campo y el Consejo Federal Agropecuario (CFA) para que se expidan y justifiquen modificaciones. El aumento de retenciones no regirá en distritos que estén en situación de emergencia.