El Concejo repudió la amenaza a la delegada de María Ignacia y los daños a la radio AM 1180
En el final de la sesión, el Concejo repudió dos hechos de violencia que afectaron a la comunidad en las últimas jornadas, propuestas que impulsó el Bloque Integrar pero que consiguió el consenso de todos los espacios políticos. En principio, rechazó la intimidación a la delegada de María Ignacia Daniela Labour, quien fue amenazada de muerte por un vecino cuando estaba cumpliendo funciones. Además, puso de manifiesto la preocupación por los atentados a la antena de la AM 1180 Radio de la Sierra.
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En cuanto a la situación que se registró el miércoles en María Ignacia, a través de un proyecto de resolución aprobado sobre tablas, el Legislativo “expresa su repudio por las amenazas sufridas por la señora delegada municipal de María Ignacia (Vela), Daniela Labour, en el entendimiento que esta clase de acciones se contradice con la plena vigencia del Estado de Derecho y de una sociedad civil encaminada a resolver sus conflictos por la vía del diálogo y el imperio de la Ley”.
En segundo lugar, expuso “la solidaridad de este cuerpo Deliberativo con la funcionaria mencionada y con aquellos agentes municipales víctimas de la agresión, abogando por el esclarecimiento del accionar delictivo”.
En los considerandos, asentaron que la agresión y amenaza de muerte que recibió la delegada “constituyen un accionar delictivo, a la par que configuran una lesión al sistema institucional” y agregaron que “el uso de la fuerza y la violencia física o verbal bajo ningún pretexto está justificada como herramienta válida para la resolución de los conflictos y amerita nuestro más enérgico repudio como miembros del Gobierno municipal”.
En tanto, resaltó que “en un Estado de Derecho como en el que ansiamos transitar, tanto la actuación del propio Estado como de los particulares debe amoldarse a las imposiciones de la Ley; ello caracteriza a las sociedades avanzadas” y recalcó que “en ese sentido, ante una decisión tomada por un funcionario competente existen herramientas jurídicas para desvirtuarlas y/o revocar el sentido de esa decisión”.
Atentado a la libre expresión
Por otra parte, el Deliberativo expuso “preocupación por los hechos vandálicos sufridos por la AM 1180 Radio de la Sierra en su planta transmisora ubicada en Cerro Leones, que provocó la interrupción de su emisión habitual, lo cual constituye un agravio al derecho a la libre expresión de las ideas y al derecho a la información de nuestros vecinos, esenciales para la vida democrática”.
En segundo término, expresó “la solidaridad de este Cuerpo Deliberativo con la mencionado medio comunicacional, abogando por el esclarecimiento del accionar delictivo”.
En los considerandos, recapituló que “autores desconocidos produjeron robo de material de trabajo y destrozos en las instalaciones de la planta transmisora del mencionado medio radial, ubicada en Cerro Leones, provocando la interrupción de la emisión de la programación habitual”.
Y reseñó que el hecho delictivo “supone también un agravio a la libre expresión, al coartar la posibilidad de la emisión de las ideas y la información”, teniendo en cuenta que “los vecinos de nuestra ciudad y las localidades rurales del partido se vieron privados de un canal de información veraz y objetivo acerca de nuestro quehacer local”.
En tanto, los concejales argumentaron que “el derecho a la libre expresión es fundamental en un Estado democrático, reconocido por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; como así también el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, tan esencial para la vida democrática como la libre expresión”.
Sumado a eso, mencionaron que “nuestra historia reciente hace imprescindible velar por la protección de los derechos mencionados, lesionados durante aquellos períodos de gobierno en los cuales la Constitución no tenía vigencia”.
Por tanto, “el Estado, a través de los organismos pertinentes, debe poner todo su esfuerzo para el rápido esclarecimiento de este hecho estableciendo la autoría material e intelectual del mismo, como forma de restablecimiento de la vigencia de los mencionados derechos y para salvaguardia del régimen democrático”.
