El Concejo le otorgó herramientas al Ejecutivo para negociar con los dueños de 600 lotes de Villa del Lago
Por unanimidad, aprobó la declaración de utilidad pública de la 600 parcelas del loteo que realizó Tandil Inversora SA entre 1967 y 1968. Hay otros 72 lotes en distintas situaciones de tenencia de la propiedad. El oficialismo destacó que 555 terrenos están en manos de la quiebra, lo que representa una oportunidad para avanzar. El Frente de Todos celebró que el espacio preservado se convierta en Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA) y solicitó al Ejecutivo que mantenga el esfuerzo en los controles para evitar nuevas ocupaciones.
El Concejo Deliberante dio el primer paso para la preservación de buena parte del faldeo serrano de Villa del Lago, con la declaración de utilidad pública de 600 parcelas que había subdividido la firma Inversora Tandil SA a mediados de la década del 60. Quedaron fuera de esta medida otros 72 lotes en los que se detectó una ocupación efectiva, con construcciones y obras, en tanto 1 terreno pertenece al Gobierno de la Provincia.
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Con esta herramienta, el Departamento Ejecutivo comenzará el camino de negociación para incorporar esas tierras al patrimonio municipal. La ordenanza prevé, como mecanismos, la compra, permuta, donación y expropiación de esas 600 parcelas, de las cuales 555 están en manos del síndico de la quiebra de la empresa.
En tanto, quedó pendiente por una cuestión netamente administrativa el establecimiento de una Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA), de acuerdo a las categorías del Plan de Ordenamiento Territorial, tendiente a resguardar ese sector serrano, donde no hay factibilidad técnica de extender servicios ni alentar el desarrollo urbano.
La historia
El presidente de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas, Mario Civalleri, repasó la historia de la subdivisión de las tierras de Villa del Lago, que se remonta a la década del 60. La promovió la firma Tandil Inversora SA, hoy en quiebra, en dos etapas: la primera en 1967, cuando generó más de 140 lotes, y en 1968, con otras más de 500 parcelas. En total, sumaban 673 terrenos de características urbanas en ese faldeo serrano.
Para poner en contexto, explicó que el loteo se tramitó a poco de la inauguración del Dique, cuando aún no estaban los caminos que lo rodean y tampoco primaba la consciencia ambiental. Es más, indicó que aún no existía del Decreto Ley 8912, que estableció las primeras pautas para el desarrollo urbanístico de las ciudades del interior bonaerense.
“Nos estamos haciendo cargo de un tema del pasado de nuestra ciudad. Obviamente, la continuidad jurídica del Estado obliga a que, en cada momento, vaya tomando posiciones y posturas diferentes, pero es bueno identificar cuál es el origen”, consideró, y repasó que esta subdivisión dio origen a algunas obras preliminares, como el trazado de calles y una red de agua que se deterioraron rápidamente por las características del terreno.
En esa línea, argumentó que un gran sector de la Chacra 150 no cuenta con infraestructura ni servicios, y expuso que hoy los habitantes recurren a la provisión de agua a través de un servicio privado. En tanto, aclaró que cincuenta años después, sólo accedieron al tendido de energía eléctrica por una exigencia del Oceba que obligó a la Usina a concretar una obra muy costosa.
La actualidad
Por otra parte, el concejal Civalleri compartió datos del relevamiento que, a pedido del Concejo, realizó el Ejecutivo y que obra en el expediente. La Chacra 150 fue subdividida en 673 lotes, de los cuales 600 son baldíos, uno es de dominio provincial y de los 72 restantes, 48 están construidos, 15 se encuentran en proceso de obra y 9 ocupados, algunos con estructuras metálicas tipo conteiners.
Reseñó que de las 673 parcelas, Tandil Inversora SA figura como titular de dominio de 555, aunque hay algunas personas que acreditan propiedad con boleto de compraventa, y 118 están a nombre de particulares privados que lograron escriturar.
De los 72 terrenos que no fueron alcanzados por la figura de utilidad pública, 50 no tienen abierto un expediente en el Municipio y 22 iniciaron el trámite, algunos con el plano convalidado, otros sin convalidar y otros presentaron incorporaciones.
En ese sentido, sostuvo que en el trabajo en las comisiones “hemos valorado una cuestión de oportunidad”, teniendo en cuenta que “ese enorme loteo no ha logrado dar pasos ni siquiera en acreditar la venta de la totalidad o de una gran mayoría de los lotes”. Al mismo tiempo, resaltó que el mayor porcentaje está en poder de la sindicatura de la quiebra, “lo que habilita razonablemente a una intervención del Estado municipal”.
En tanto, mencionó que a fines del año pasado hubo “algunos movimientos o maniobras”, en relación a la aparición de algunos conteiners que no requieren autorización del Municipio porque no están contemplados en el Código de Edificación.
Entonces, valoró la “iniciativa bastante rápida” del Ejecutivo, que en noviembre pasado suspendió por 180 días los permisos de obra nueva y las incorporaciones, y luego elevó al Concejo el proyecto que, tras sustanciales modificaciones, se aprobó en la víspera.
En tanto, Civalleri destacó que al principio del proceso, los bloques acordaron que iban a respetar a “los que estaban ejerciendo el rol de habitantes. No pretendíamos que esta norma terminara en un proceso que tuviera que ver con el desalojo.
En esa línea, aclaró que la ordenanza prevé que los 50 lotes que no tienen documentación entrarán en un proceso para que antes de fin de año se regularicen. “No van a ser afectados por la ordenanza que hoy está en tratamiento”, resumió.
“Escenario conveniente”
Como conclusión, el presidente del bloque oficialista definió como “un extraordinario riesgo ambiental” seguir avanzando en la ocupación de ese territorio, por sus características geográficas, además de la imposibilidad de extender servicios.
Sumado a eso, subrayó el factor de la oportunidad para declarar la utilidad pública, al evaluar que más del 80 por ciento de los lotes está en poder de la sindicatura de la quiebra, de la que son acreedores el Municipio y la Provincia. De este modo, trazó un “escenario conveniente” y planteó que de haber habido mayoría de dueños individuales, tal vez no hubieran avanzado.
La oposición pidió “esfuerzo” en los controles e informes cada 90 días
Por su parte, el presidente de la bancada del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, resaltó la trascendencia de la ordenanza, teniendo en cuenta que “nuestras queridas sierras” son la “identidad” y “orgullo” de todos los tandilenses.
Recordó una charla informal en la que el Intendente le anticipó la decisión de avanzar con esta medida, y desde entonces manifestó el agrado por la voluntad política de preservar el faldeo.
Iparraguirre destacó que durante la última campaña electoral había detectado un “movimiento inusitado” en Villa del Lago, debido a que el loteo es de 1967, había permanecido estático durante décadas y en el último año avanzaba la ocupación con tomas, construcciones irregulares, etc.
También refirió que en el proceso de consensuar la ordenanza, mantuvieron reuniones con vecinos, entre ellos los 22 que hicieron “todo por derecha”, es decir que tenían escritura y planos aprobados pero ahora se veían impedidos de ampliar sus casas por el decreto del Intendente que impedía las autorizaciones para construir.
Además, reconoció la “madurez” y la “apertura” con la que los concejales trabajaron junto a los funcionarios del Ejecutivo, y el haber “atendido” algunas cuestiones, como la futura declaración de la Chacra 150 como Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA) que aguarda la publicación por 30 días en el Boletín Oficial.
Sumado a eso, destacó que lograron la incorporación del artículo 7, que estableció que el Ejecutivo deberá elevar, cada 90 días, un informe sobre los avances del proceso de negociación de las 600 parcelas declaradas de utilidad pública.
Por último, reclamó que el Ejecutivo mantenga los controles en la zona, teniendo en cuenta que la sanción de la norma no implica que se puedan generar intentos de nuevas ocupaciones. “En términos fácticos, la votación no cambia el dinamismo que tomó esta chacra en los últimos doce meses”, dijo y solicitó al Ejecutivo que “siga haciendo el esfuerzo” para que “esta medida tan trascendente no termine cayendo en saco roto”.
Por último, resaltó la necesidad de trabajar en el Código de Edificación, en torno a los conteiners que no son considerados construcción, teniendo en cuenta que Villa del Lago no fue el único faldeo donde se produjeron avances en los últimos diez años, y mencionó La Elena y Villa Cordobita.
“Apertura” del oficialismo
Por Integrar, Nilda Fernández coincidió al celebrar el proceso hasta alcanzar el consenso. “Se ha trabajado con mucha responsabilidad. Hemos aportado todos los bloques políticos a esta ordenanza”, dijo y valoró el “trabajo”, como así también la “apertura” del Ejecutivo. “En lo que va de mi gestión, lo he visto pocas veces”, afirmó.
Además, aclaró que “la ordenanza que vamos a votar en este momento no es la original que había subido del Departamento Ejecutivo. Esta ordenanza contiene todos los aportes que hicimos todos los bloques políticos y eso es para celebrar y para destacar”, ya que esas ideas “enriquecen”.
