Desde el Concejo impulsan las capacitaciones en género para todos los agentes municipales

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio adelantaron que la puesta en marcha de la Ley Micaela estaría a cargo de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, se compondría de varios módulos e iniciaría en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, para continuar área por área hasta alcanzar a la totalidad del personal estatal.

La Ley Micaela fue sancionada en diciembre de 2018 y su objetivo es capacitar a las personas que trabajan en los distintos niveles del Estado en la temática de género y violencia contra las mujeres. “El Municipio de Tandil fue pionero en este sentido, adhiriendo rápidamente -en marzo de 2019- a la ley, mediante la sanción de una ordenanza que agrega otros contenidos para la etapa de implementación y fue la primera en toda la provincia”, relató la concejala Sofía López de Armentia.

La integrante de la bancada oficialista explicó además que impulsan una reforma a la ordenanza: “Notamos que se puede mejorar y esperamos poder darle aprobación lo antes posible para avanzar con la implementación”. Desde  el bloque de Juntos por el Cambio dijeron que el inicio de la capacitación estaba planificado para principios de este año, pero el cambio de gobierno primero y la emergencia del coronavirus después demoraron esos planes. En la actualidad, miembros de la comisión y funcionarios participan de una capacitación provincial en la temática.

El paquete de cambios a la ordenanza de adhesión fue presentado en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad. “Creemos que en conjunto con los demás bloques podemos construir una mejor normativa y sostener el hecho de que en Tandil la Ley Micaela es política de Estado”, apuntó Luciano Grasso, vicepresidente de la citada comisión, que encabeza Guadalupe Gárriz, del Frente de Todos.

Las modificaciones sustanciales propuestas por el oficialismo apuntan a “que el Municipio sea el órgano de Implementación local en pos de una gestión más ágil y autónoma; especificar la obligatoriedad de la capacitación para todos y todas los y las agentes del ámbito público municipal; que la capacitación sea requisito para concursar,  pase a planta o ascenso y que incorpore una evaluación del impacto de la capacitación en la cotidianidad de las áreas del Estado”.

Lo cierto es que la adhesión a la normativa fue efectuada por el Concejo Deliberante en marzo de 2019 y en ese entonces se sindicó que la autoridad de aplicación sería la dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la comuna, en articulación con el entonces Instituto Nacional de las Mujeres, en función a las certificaciones de calidad de las capacitaciones que se elaboren e implementen. En la actualidad, existe el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad para poder trabajar de forma mancomunada.

En la última sesión del cuerpo Legislativo, las concejalas del Frente de Todos, Guadalupe Gárriz y Daiana Esnaola, elevaron un proyecto para modificar la ordenanza incorporando la adhesión a la ley provincial, y solicitaron que tomara estado legislativo. En el mismo acto, también elevaron un proyecto de comunicación que insta al Departamento Ejecutivo para que, a través de las áreas correspondientes, implemente las medidas que garanticen la aplicación de la capacitación en la materia. 

“Lo que había es una adhesión a la ley nacional que se realizó el año pasado, con un compromiso para realizar la capacitación establecida por la ley en un plazo no mayor a los 12 meses, que ya se pasaron. El único proyecto tratado en el marco de la comisión, posterior a la sesión, fue el nuestro”, explicó Gárriz, en diálogo con este medio.

“Nos propusieron que lo dejáramos en comisión porque tenían intenciones de seguir trabajando y hacer una presentación. El bloque de Juntos por el Cambio elevó su proyecto a última hora del viernes”, detalló.

Además, la legisladora expuso que hace más de treinta días se votó por unanimidad un pedido de informes sobre el funcionamiento de la Dirección de Género municipal, a cargo de Matilde Vide, y acerca del tratamiento que desde el Ejecutivo se le confiere a estas problemáticas.

“Tienen un plazo máximo de 30 días para contestar y si no lo hacen deben efectuar una prórroga, pero nunca presentaron nada. Buscamos tener  datos contundente sobre cómo se está trabajando y cuestiones puntuales para analizar el abordaje el Estado de actualización que deberían haber implementado con respecto a la ley”, indicó Gárriz.