Desarrollo Social tuvo que reforzar con 6 millones de pesos su presupuesto 2018
La escalada inflacionaria dejó obsoleta la partida presupuestaria con la que la cartera tuvo que afrontar el año que pasó y tuvieron que administrar recursos para reforzar los fondos destinados a ayudas alimentarias. La influencia de las variables macroeconómicas generó un aumento en la cantidad y calidad de las demandas que llegaron a las oficinas de la calle Arana.
El subsecretario de Desarrollo Social del Municipio, Pablo Civallieri, efectuó un análisis del “complejo” año que atravesó la secretaría debido al aumento de la demanda, la crisis inflacionaria y la devaluación.
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El funcionario reconoció que el ajuste complicó a un gran sector de la sociedad y que hubo nuevas personas que entraron en esos grupos que necesitan el acompañamiento del Estado.
Las variables presentadas exigieron un manejo eficiente y eficaz del presupuesto con el que se contaba, que quedó insuficiente frente a un proceso inflacionario que superó todos los pronósticos y expectativas.
El Gobierno comunal comprometió sus esfuerzos en no desatender las áreas de Desarrollo Social y Salud, y se establecieron nuevas prioridades para que el impacto no terminara siendo absorbido por los sectores más vulnerables. En esta línea, Civallieri indicó que julio, agosto setiembre y octubre fueron los meses más complicados y ante el desfasaje presupuestario tuvieron que reforzar fondos con partidas que liberaron de otras secretarías o de la misma área, que estaban cerradas para equilibrar el presupuesto. “Hubiéramos esperado otra cosa. Se tenía planificada una serie de acciones y respuestas a la comunidad, pero tuvimos que administra de manera eficiente”, se lamentó.
La capacidad de asistencia se reforzó con 6 millones de pesos en los dos últimos meses del año para paliar la complicada situación de los comedores y organizaciones sociales en cuestiones alimentarias.
“Con el presupuesto nuevo tenemos la posibilidad de comenzar a desarrollar las políticas públicas que queremos y esperamos que merme la cuestión inflacionaria. Acomodada la cuestión cambiaria esperamos un año con mayor previsibilidad”, esgrimió el funcionario en una entrevista con el programa La ciudad (ECO TV 104.1 Tandil FM).
La naturaleza de las demandas
Civallieri expuso, como se ha mencionado en otras oportunidades, que en 2018 se diversificó la población que se acercó a solicitar ayuda a las oficinas de la calle Arana. Uno de los temas en los que debieron poner el foco fue en la ayuda para abonar las exorbitantes tarifas de luz y gas que los ciudadanos tuvieron que afrontar, hecho que motivó numerosas consultas y pedidos.
Otro de los mayores inconvenientes para los vecinos radicó en la dificultad para hacer frente a los altos alquileres y el problema del acceso a una vivienda propia. Las asfixiantes condiciones exigidas para ingresar a una propiedad alquilada suscitaron una elevada demanda de asistencia.
“Apareció gente nueva también con el tema de los alquileres, los aumentos golpean los bolsillos. Tandil tiene una plaza habitacional limitada y es necesario implementar diferentes estrategias. Se le complica a quienes tienen empleo formal, imagínense a quienes trabajan en negro o están desempleados”, refirió.
Durante el pasado año, la secretaría municipal efectivizó ayudas materiales dentro del programa de mejoramiento de viviendas, que alcanzó a 574 familias. A comienzos de 2018 se tomó conocimiento de ciertas denuncias acerca de personas que vendían los insumos proporcionados por el Estado comunal. “Siempre surge que algún ‘vivo’ que utilizó de ese modo un recurso entregado con buena fe, pero son menos del 1 por ciento. Los trabajadores sociales y los dos maestros mayores de obra hacen el relevamiento, y hay seguimientos y controles. El cierre de esa ayuda se realiza con el aval de los especialistas”, relató, y agregó que el control cuando hay tanta cantidad de casos puede sufrir demoras, pero aseguró que la gente que no usó los materiales para los fines establecidos quedó anulada del sistema.
Es sabido que el área comandada por Alejandra Marcieri y Pablo Civallieri articula y trabaja de manera mancomunado con múltiples actores, organizaciones e instituciones de la sociedad civil. El joven político afirmó que las organizaciones tienen un lugar de importancia en su agenda semanal y valoró que conforman un brazo de acompañamiento a vecinos que de otro modo no llegarían a la esfera municipal con sus necesidades. “Se acompaña a todas ellas, inclusive a las que tienen filiación político partidaria porque entendemos que hacen un trabajo importante”, señaló.
La intervención con el Movimiento 1 de Octubre
Los representantes de la dependencia han asistido a todas las audiencias convocadas por el juez federal Martín Bava en el marco del conflicto con el Movimiento 1 de Octubre. Si bien el Municipio no es el destinatario de los reclamos perpetrados por la agrupación y no tiene la capacidad económica ni resolutiva para resolver esas demandas, se constituyó en un nexo con eslabones nacionales para propiciar la llegada de diferentes programas y acciones tendientes a aliviar el problema de la falta de trabajo.
“Queremos incluir un montón de programas. Viajamos ayer (por el jueves) a Buenos Aires para reunirnos con gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El juez ha solicitado a Nación acompañamiento al movimiento, Marcieri y Curcio (secretario Legal y Técnico de la municipalidad) se han presentado para dar explicaciones. Obviamente los atendemos como se atiende a un montón de organizaciones. Un ejemplo es la bloquera que trabajan con el acompañamiento del Municipio. La primera semana de enero tenían 3500 bloques realizados para entregar”, informó y desestimó la participación del magistrado y la injerencia de las audiencias en la reunión celebrada en la cartera que dirige Carolina Stanley, la que adjudicó a gestiones previas de los funcionarios locales.
Civallieri cuestionó la intervención de Poder Judicial en materia de políticas públicas pero aseveró que se ajustan a derecho y responderán a los requerimientos que se efectúen desde el Juzgado Federal 1 de Azul, bajo la competencia del citado juez.
Lo cierto es que del acta de la audiencia realizada el 27 de diciembre, se desprende que los funcionarios de Nación presentes invitaron al Municipio a participar de una reunión a realizarse en el transcurso de la primera semana de enero en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de poner en conocimiento las diferentes herramientas con las que cuenta el ministerio para utilizar en el marco de los convenios que firma con los municipios. Asimismo, ofreció el enlace necesario para el asesoramiento en la conformación de cooperativas sociales en la órbita del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Según consta en el documento, los representantes del Departamento Ejecutivo se comprometieron a acudir a la mesa de diálogo para intercambiar alternativas.
Por otro lado, Griselda Altamirano, referente del Movimiento 1 de Octubre, le detalló a El Eco de Tandil que el jueves asistió a otra audiencia convocada por Bava, de la que formaron parte representantes del área de Desarrollo Social bonaerense, y la doctora Karen Aguerregoyhen y Juan Manuel Sánchez por el Municipio de Tandil. En la misma se trató el tema de la inclusión de menores en las Unidades de Desarrollo Infantil que gestiona la Provincia, en las que se brinda atención alimentaria y colaboración en el proceso enseñanza-aprendizaje, procurando una articulación plena con las instituciones educativas. En el tren de negociaciones, Bava fijó un nuevo encuentro para el 24 de enero, con nuevos actores institucionales.
“Creemos que el juez tiene una voluntad de oro y la municipalidad, paralelamente a la asistencia -sin ser el blanco de nuestros reclamos-, han sido los que tienen la voluntad de generar puestos de trabajo y colaborar. Si su coparticipación no se lo permite en términos económicos, sí con voluntad política y tiempo, ya que la secretaria de Desarrollo Social se toma el tiempo de ir a las convocatorias del juez”, dijo.
Altamirano también apuntó que en la reunión del plenario del Consejo Económico y Social se avanza en la generación de trabajo. Y sostuvo que la reunión con Nación fue producto de la mediación del juez en función de la lucha de la organización y de la voluntad del Municipio de ocupar como canalizador un lugar vacío. Esta vacancia se la adjudicó a los funcionarios nacionales a nivel local, Gonzalo Santamarina y Pereyra Iraola, quienes “mostraron una gran indiferencia y desprecio hacia los sectores más vulnerables propia de su clase como parte de la oligarquía”.
“La verdad es que el juez llama y propone, y la municipalidad recogió un guante que no era para ellos. Creemos que por lo menos es un gesto importante. Tiene que ver con la voluntad de resolver cuestiones no sólo usar el nombre sin resolver, como hacen las organizaciones para sacarse fotos con chicos descalzos, pero no están dispuestos a poner el cuero”, cerró.
