Tras presentarse a fines de marzo ante el Concejo Deliberante para rendir el informe de gestión, en cumplimiento con lo que establece la ordenanza 13.843, el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, mantuvo una extensa entrevista con El Eco de Tandil en la que repasó los principales lineamientos del área, desde la estrategia preventiva, los programas y políticas en marcha hasta la cuestión presupuestaria.Respaldado por informes e indicadores de los últimos meses, expuso datos para poner en contexto el funcionamiento de la dependencia y desafiar a aquellas miradas que suponen que Protección Ciudadana tiene que estar en conocimiento “de todo lo que sucede en la ciudad”, de manera permanente.En ese sentido, repasó el despliegue “muy importante” de acciones destinadas a la prevención del delito y rechazó los cuestionamientos sobre la falta de políticas en esta línea. “No son escasas”, enfatizó.Habló de un fortalecimiento de la red de monitoreo y estimó que el año cerrará con más de 700 en funcionamiento –actualmente son 579-, a las que se sumarán las privadas a partir de la puesta en funcionamiento del programa que aprobó el Concejo Deliberante.Asimismo, Della Maggiora compartió datos estadísticos sobre la tasa del delito para poner de relieve hasta dónde llega la responsabilidad de los distintos niveles del Estado. “El Intendente no puede hacer lo que le toca al Poder Judicial, Legislativo, a la Policía. Hacemos lo que podemos hacer”, aseguró y agregó que “hay que ser claros porque si no parece que toda la cuestión de la seguridad es del ámbito municipal y después nos encontramos con concejales que salen a levantar pedidos como viajantes de comercio y traen un listado de problemas de inseguridad”.La dependencia dispone de una masa presupuestaria que la ubica en tercer orden en cuanto a recursos de la estructura municipal. De acuerdo presupuesto 2023, se estima que el área contará con 1.293.665.981 de pesos, de los cuales casi 692 millones corresponden&nbsp;a la Tasa Complementaria de Protección Ciudadana.El enfoque estratégico del áreaDella Maggiora abordó el enfoque estratégico que implementa la dependencia comunal desde su creación, que mira hacia una política de prevención integral de la violencia y el delito bajo tres ejes de trabajo concretos: la prevención situacional, ambiental y socio-comunitaria.En el primer punto, el trabajo apunta a generar acciones de Gobierno en tres direcciones: dificultar la comisión del delito, aumentar el riesgo de ser descubierto y la disminución del beneficio económico ligado al delito.Las políticas públicas que se ejecuten en ese sentido serán “con perspectiva municipal”, ya que “todo el campo de la seguridad no está en cabeza del Municipio”, pese a que la demanda en seguridad hacia el Estado comunal aumentó en los últimos 15 años en Argentina.Luego de la aclaración, Della Maggiora remarcó que las acciones a implementar en territorio en prevención situacional se direccionan a aumentar el riesgo de ser descubierto en el momento en que se comete un delito en el espacio público. Una de las herramientas es el sistema de videovigilancia, cuyo desarrollo no implica la eliminación completa del delito. En simultáneo, la presencia policial en las calles para la prevención de los hechos.&nbsp;Por eso, la apuesta de las acciones que se emanan de la secretaría tiene relación con el desarrollo de la tecnología y al apoyo presupuestario a la Policía Bonaerense.&nbsp; &nbsp;Tecnología aplicada a la prevenciónAl 31 de diciembre de 2021, la Red de Monitoreo estaba conformada por 466 cámaras. Un año después, el registro cerró con 530 dispositivos y, al 30 de marzo de 2023, son 579. “En un año y tres meses incorporamos 113 cámaras”, resaltó el funcionario.En cuanto a la distribución, mencionó que uno de los puntos que más refuerzo tuvo fue La Movediza, en una línea de acción que lleva varios meses. Ese sector de la ciudad tenía menos de diez cámaras y actualmente tiene 36 distribuidas en distintas cuadras. También avanzaron en un fortalecimiento de la red hacia La Porteña, La Elena, San Nicolás, Cerro Leones.De las 579, 511 se distribuyen en la zona urbana y 68 en la zona rural (María Ignacia – Vela, Gardey, De la Canal, Azucena, Fulton y Desvío Aguirre).“Todas están en funcionamiento”, confirmó y dijo que el nivel de rotura es “excepcional” y “muy bajo”. Al respecto, explicó que en el día a día se detectan fallas que no requieren el recambio del equipo y reconoció que en determinados puntos de la ciudad detectar ataques vandálicos.Asimismo, la dependencia busca renovar la flota de cámaras autónomas o inteligentes, por lo que ya adquirió 11 y avanza con el proceso de compra de otras 11. Es un proyecto que “iniciamos con el Instituto Pladema” para la incorporación de dispositivos que no trabajan con la red de fibra óptica sino que se emplazan en los puntos de la ciudad que demandan un refuerzo.&nbsp;Esto “nos da la posibilidad de dar respuesta rápida a los vecinos cuando surgen picos de hechos delictivos”, resaltó.En esa misma línea, citó el proceso de ampliación de los equipos de lectores de patente (LPR) con miras a lograr una “anillo” que abarque la Ruta Nacional 226, el cruce Scarminaci y Ruta Provincial 30.En definitiva, Della Maggiora defendió que “hay un trabajo permanente” en materia de prevención situacional mediante el uso de tecnología.Para soportar la red actual, y proyectar su expansión, aseguró que “nos valemos de varios prestadores” que brindan el servicio de fibra óptica. Bajo esa demanda también surge el proyecto que desarrolla la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM para la provisión de internet en la ciudad, por lo que estimó que posiblemente puedan canalizar el servicio con la empresa de capitales mixtos.“A fin de año vamos a llegar a las 700 cámaras, que van a estar 24 horas produciendo la misma cantidad de información; el volumen de datos es alto y el requerimiento es importante”, resaltó.Apoyo a la policíaPor otro lado, el secretario de Protección Ciudadana hizo alusión a otra de las prácticas que llevan adelante que no sólo se mantiene desde hace años sino que “se incrementa” en términos presupuestarios.Se trata del apoyo de recursos a la Policía Bonaerense, que en 2022 fue de 128.258.199 pesos (aproximadamente 90 millones a la fuerza policial de la provincia y 37 millones a la Local).En ese sentido, Della Maggiora contrapuso a las críticas que llegan del arco político opositor y acusó de no acompañar los reclamos ante el Ministerio de Seguridad bonaerense que comprometió el envío de patrulleros. “Hace seis meses que estamos esperando la entrega de unos diez móviles policiales”, dijo.El acompañamiento a la fuerza policial representa el 35 por ciento del gasto operativo de la secretaría. “Es un desquicio el sistema porque es una coparticipación inversa”, cuestionó. “Es estar contra la espada y la pared. Si recortamos el gasto, tenemos problemas porque no hay patrullaje; si lo afrontamos, nos desfinanciamos en las acciones de prevención. Y encima algunos actores políticos hacen planteos de seguridad en Tandil y se olvidan que podrían reclamar al Ministerio de Seguridad de la Provincia”, achacó con vehemencia.En cuanto a la siniestralidad y catástrofe, repasó los aportes para el Cuartel Central de Bomberos y al de Villa Italia y la entrega de un subsidio para la adquisición de elementos utilizados por los servidores públicos, y en siniestralidad y movilidad urbana la adquisición de elementos por cinco millones de pesos para el área de Control Urbano Vehicular.Para la Dirección General de Inspección y Habilitaciones, señaló que en 2022 pasó a depender de la Secretaría de Protección Ciudadana y el nuevo enfoque demanda la incorporación de equipamiento (sumaron tres camionetas 0 kilómetro a la flota y está en marcha el proceso para adquirir otras dos).Agencia de Control y recursos limitadosEl objetivo de fondo sería la conformación de la Agencia de Control Gubernamental, que fue incorporada en el presupuesto 2022 &nbsp;en el marco de las políticas que programa desarrollar la Secretaría de Protección Ciudadana, pero que finalmente no se concretó.Entre las razones, el funcionario argumentó las dificultades en cuanto a la disponibilidad presupuestaria para concretar el espacio que fusionará los cuerpos de inspectores municipales de las actuales direcciones de Inspección y Habilitaciones, y Control Vehicular Urbano.La puesta en marcha del proyecto “implicaba una inversión importante en equipamiento y de recursos humanos”, justificó el secretario.“La implementación tiene una complejidad que significaba una inversión que en 2022 no se podía afrontar, pese a que había sido presupuestada”, insistió y apuntó que una de las razones fue la inflación.El camino elegido fue intermedio y se mantendrá durante el transcurso del año: Mantener las dos áreas dentro de la secretaría, con inversiones y actualización de equipamiento y personal y “fortalecer” este esquema de manera más paulatina.“La restricción presupuestaria, que es permanente, no permite afrontar este tipo de cambios de golpe”, sentenció, para luego ratificar que la propuesta no está desestimada.-¿Es una de las áreas que mayor presupuesto tiene y aun así afronta inconvenientes?-La cuestión presupuestaria es un problema en todas las secretarías. La inflación afecta, independientemente de cuál sea la fuente de esos recursos. No es descabellado suponer que el equipo de Control Urbano Vehicular tenga que duplicarse o triplicarse para que una ciudad del volumen de Tandil pueda tener algunos servicios que la ciudadanía reclama. Estamos tratando de ser muy cautelosos entre el servicio que se puede brindar y las posibilidades económicas que tiene la secretaría. Más allá de la tasa de Seguridad, los 128 millones de pesos que aportamos a la Policía en 2022 significaron un 35 por ciento del gasto operativo de la secretaría. Un 35 por ciento de lo que la secretaría puede poner en la calle en acciones se lo lleva Policía. Significa un 29 por ciento de la recaudación de la tasa de Protección Ciudadana. Y el resto está asignado.-¿Cómo cierran entonces los números?-Bastante bien. Algunos ejercicios con pocos excedentes producto que no se llegan a cumplir en el tiempo todos los proyectos pensados o las licitaciones, y en otros en rojo. El año pasado pensamos que íbamos a invertir 90 millones de pesos en apoyo a la fuerza bonaerense y cerramos con 130 millones. El problema es que presupuestamos en noviembre del año anterior al que se van a ejecutar esos recursos, mientras tanto pasa por encima la inflación y la demanda sigue igual porque los patrulleros tienen que seguir andando, necesitan nafta y repuestos. No es tan flexible el uso del presupuesto, siempre estás muy condicionado en la toma de decisiones.Acciones que mejoren el entornoEn otro párrafo, citó las medidas impulsadas en cuanto a la prevención ambiental (intervenciones en territorio que contrarresten las posibilidades de la comisión de un delito) y subrayó las partidas presupuestarias destinadas a refuerzos en el alumbrado público.En 2022 se invirtió la totalidad de los recursos y en 2023 realizaron una “contratación específica” de siete millones de pesos para cubrir varias cuadras del barrio de La Movediza, en respuesta a los reclamos de los vecinos.Actualmente está en marcha un proyecto que busca “atender demandas de seguridad con mejoras en el equipamiento de alumbrado público o extensión de redes en lugares donde no había”.El abordaje apunta a zonas como La Elena, Cerro Leones, inmediaciones a la rotonda de la Ruta 30, barrio Garbellini, La Movediza, Falucho 53, Parque Norte, El Centinela, La Porteña, barrio Maggiori, entre otros. Ese trabajo implicará una inversión de 50 millones de pesos.“Hay cosas que no son específicas de la secretaría, pero que tienen un valor enorme desde el punto de vista de la prevención”, defendió.Y para finalizar, citó las políticas en materia de prevención sociocomunitaria en varios barrios de la ciudad.

Últimas Noticias

Últimas Noticias

Nuestros medios

Della Maggiora trazó los lineamientos de gestión y admitió restricciones en materia de presupuesto

El secretario de Protección Ciudadana dio detalles de la estrategia de prevención políticas y las acciones del área.