Concejales se reunieron con Della Maggiora y la oposición reeditó las críticas a su gestión
El funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad y el acceso al Centro de Monitoreo fueron los temas que suscitaron los cuestionamientos. La oposición no se mostró conforme con las respuestas ofrecidas por el Secretario de Protección Ciudadana y objetaron la poca transparencia en torno al sistema de videovigilancia.
Ayer se celebró la reunión entre los integrantes de la comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante y el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora. Según la ordenanza que creó esa dependencia, el funcionario debe comparecer ante los ediles cada tres meses para dar cuenta del funcionamiento del área, pero desde febrero que no se realizaba un encuentro de estas características.
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La iniciativa surgió a instancias de la preocupación por los siniestros viales que marcaron la agenda en las últimas semanas, donde se instó al Ejecutivo a que brinde precisiones sobre el estado de los dispositivos instalados en la ciudad y la moción fue aprobada por mayoría en el recinto.
Del encuentro formaron parte, además de Della Maggiora, los concejales oficialistas Matilde Vide, Nora Polich, Melisa Greco y Mario Civalleri: los legisladores de la oposición Silvia Nosei, Facundo Llano, Gustavo Ballent y María Eugenia Poumé; y el director de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel.
Cuestionamientos que se reeditan
Las objeciones hacia el sistema de videovigilancia por parte de la oposición fueron el eje central de la charla y se reiteraron los reclamos habituales acerca del mantenimiento de las cámaras, los costos, las fallas y los tiempos de reparación y reposición de dispositivos. Como en el famoso cuento de la buena pipa, las desavenencias parecen girar en círculos y no encontrar jamás puntos de acuerdo entre las partes.
En la primera parte, el secretario desplegó un informe sobre la seguridad en Tandil y las características de los delitos que se cometieron durante el primer semestre del año, con más de 15 mil reportes que llegaron al 101 por diferentes vías. Además, se manifestó que el Municipio respondió 400 pedidos judiciales de obtención de imágenes como aporte para la resolución de diversos casos. Luego surgió el debate de las distintas políticas públicas implementadas, particularmente las atinentes al Centro de Monitoreo y las cámaras.
Vale recordar que durante el mes de julio se registraron dos accidentes en la vía pública, uno en Marconi y 11 de Septiembre -que dejó una víctima fatal-, y otro en Pujol y Reynoso, con un joven gravemente herido, y en ninguno de los casos las cámaras del lugar funcionaban en ese momento. Estos hechos motivaron una catarata de críticas en el seno opositor y la opinión pública.
El secretismo que incomoda
La concejal Matilde Vide, consultada por El Eco de Tandil, detalló que hubo un intercambio en cuanto a brindar a los legisladores información sobre la ubicación de las cámaras, que no es la primera vez que se sostiene. De hecho, la oposición acusa que hay un “secretismo” en torno a ese tema y el bloque Integrar hasta presentó un proyecto para garantizar el acceso a las personas que lo requieran, con cierto resguardo, y el registro de los visitantes.
“Si bien uno quiere dar la información por otro lado es poner en riesgo un sistema, no es la idea que todos conozcamos las ubicaciones de las cámaras y por ser concejales tener provecho de esto. Somos vecinos también y deberíamos cumplir con esa reserva”, expuso Vide.
Al momento de las preguntas, desde el bloque de Unidad Ciudadana-Frente para la Victoria, renovaron la inquietud por saber dónde se hallan las cámaras, segmentadas de acuerdo a quiénes son los responsables de su funcionamiento -Fibercorp y el Municipio- para constatar el cumplimiento del contrato en moneda extranjera con la compañía privada y deslindar responsabilidades.
“No dio respuesta, siempre se ampara en la cuestión del secreto y dice que es información sensible. La información que se dé no va a ser socializada, es nuestro deber como funcionarios públicos tenerla y preservarla”, apuntó María Eugenia Poumé.
La edil también mostró reparos ante la renuencia de abrir las puertas del Centro de Monitoreo y fijar un día de recorrido, que se estableció para el próximo miércoles 21 de agosto.
“Me pone en una disyuntiva, porque cuando uno sabe que va a llegar una visita arregla todo para mostrarlo bien. Lo importante es que podamos ir en cualquier momento y verificar en ese momento cómo funciona, sino es una puesta en escena”, analizó.
Las fallas del sistema
Sobre los cuestionamientos a las recurrentes fallas, Vide señaló que “una cosa es que se corte el suministro de energía y salte el disyuntor, que se vuelve volver a conectar, y otra cosa es que haya un choque de un vehículo en una torre y se caigan doce cámaras”.
La concejal aseveró que el Municipio trabaja de forma inmediata para reactivar el sistema pero depende el tipo de desperfecto el tiempo que se tarda en subsanarlo. “Se hace lo más rápido posible sabiendo que se necesita que funcionen 24 por 24”, dijo.
“Todas las partes siempre tienen sus observaciones, lo importante es que el encuentro se haya realizado y se haya cumplido con lo que dijimos”, evaluó la concejal de la UCR Cambiemos.
Plegarias no atendidas
Por su parte, la legisladora de Unidad Ciudadana, María Eugenia Poumé, expuso las críticas ante la falta de apertura de Della Maggiora para brindar información y los manejos arbitrarios de la secretaría. Además, objetó que las respuestas no fueron satisfactorias acorde a los cuestionamientos esgrimidos desde el arco opositor.
Della Maggiora informó que son 409 las cámaras disponibles, 40 en la órbita rural -María Ignacia y Gardey- y el resto en la planta urbana, de fibra óptica y radiofrecuencia.
Los dispositivos que están en el convenio con Cablevisión (Fibercorp), que son alrededor de 250, corren por cuenta de la empresa, que se encarga de reponerlos y repararlos cuando es necesario. Por otro lado, hay más de 100 cámaras que pertenecen a otra compra, cuando se comenzó a gestar el Centro de Monitoreo, que requieren otro tipo de mantenimiento y tecnología, a cargo del Estado municipal.
La oposición, además de remarcar el oneroso costo de cumplir con un contrato que cuesta 74 mil dólares mensuales en un país sin previsibilidad económica, indicó que el acuerdo firmado en su momento contempla el uso de la fibra óptica, pero hay cámaras que funcionan por radiofrecuencia.
En este punto, Poumé expresó que es necesario saber cuáles son las cámaras de radiofrecuencia y cuáles las que operan bajo el otro sistema, porque el Concejo no autorizó el uso del espacio público para colocar fibra óptica. “Entonces incumplen una vez más con la normativa”, observó.
“Suerte diversa”
También se conversó sobre la adquisición de un aparato denominado OLT, una terminal de línea óptica que sirve como el punto final del proveedor de servicios de una red óptica pasiva, cuya licitación ascendió a los dos millones de pesos y que aún no se ha podido instalar. El anterior había cumplido con su vida útil y quedó obsoleto, lo que provocaba fallas en la producción de imágenes y alteraba las funciones de monitoreo. Pero el espacio actual del Centro de Monitoreo, que funciona en la sede del Poder Comunal, resulta estrecho para este reemplazo.
Al respecto, Poumé retomó que en 2016 la gobernadora Vidal otorgó una partida de 20 millones de pesos para construir la sede de la Secretaría de Protección Ciudadana y todas sus dependencias. El dinero se colocó en un plazo fijo para usar los intereses devengados como fondos de libre disponibilidad. Con la devaluación constante y un dólar que opera en 60 pesos, la partida se depreció y las instalaciones que ya se licitaron y comenzarán a construir en Belgrano y Paz, donde funcionaba Control Urbano Vehicular, no serán las que se necesitan para albergar un centro de operaciones de la magnitud de Protección Ciudadana.
“Della Maggiora dijo que tuvieron una ‘suerte diversa’ al momento de encontrar un lugar para que funcionen las dependencias. El eufemismo no es una suerte diversa, es buena o mala gestión”, lanzó y recordó el polémico contrato de alquiler del edificio de Pinto al 800, rubricado con vistas a adquirir ese local para la secretaría. A fines del año pasado, el Departamento Ejecutivo dio marcha atrás con el tema y el intendente Lunghi abonó 500 mil pesos de su patrimonio personal al erario público para subsanar el gasto ocasionado al Estado.
