Con el tiempo de aplicación vencido, se propuso modificar la adhesión a la Ley Micaela
El Concejo Deliberante adhirió a la legislación nacional en marzo de 2019 pero nunca aplicó la normativa, que promueve las capacitaciones con perspectiva de género para todo el personal estatal. Concejalas del Frente de Todos presentaron un proyecto para modificar la ordenanza original incluyendo la legislación provincial, e instaron al Ejecutivo a implementar las formaciones en su ámbito.
En la última sesión del Concejo Deliberante, desde el bloque del Frente de Todos, las ediles Daiana Esnaola y Guadalupe Gárriz, presentaron un proyecto para modificar la actual ordenanza de adhesión a la Ley Micaela nacional, para que incorpore la adhesión a la Ley provincial. En el mismo acto, también elevaron un proyecto de comunicación que insta al Departamento Ejecutivo para que, a través de las áreas correspondientes, implemente las medidas que garanticen la aplicación de la capacitación en la materia.
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Vale reseñar que las leyes mencionadas establecen la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres y disidencias para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías.
La voluntad política
La adhesión del cuerpo Deliberativo local se produjo el 8 de marzo del año pasado, pero pese a que hubo algunas reuniones y conversaciones en torno a la problemática y la aplicación de la normativa, lo cierto es que las formaciones en género personal del Municipio no se realizaron. A nivel provincial, la autoridad de aplicación es el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y en el distrito, el organismo encargado de resolver su implementación es la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual al mando, en este momento, de Matilde Vide.
La concejala Daiana Esnaola expresó que “necesitamos que se avance con la implementación de esta ley ya que implica un paso más en pos de una sociedad que destierre la desigualdad de género. Estas capacitaciones a los distintos funcionarios de la estructura municipal permitirá incorporar una perspectiva de género de manera transversal en nuestra ciudad”.
En este sentido, su par en el recinto legislativo, Guadalupe Gárriz se posicionó sobre rol del Estado municipal en Tandil y explicó que el pasado marzo se venció el plazo previsto de un año para la incorporación de las capacitaciones de acuerdo a la Ordenanza 16463, aún en vigencia. “Por eso creemos que es urgente comenzar a trabajar para que la Ley Micaela sea una realidad en nuestra ciudad, ya que la implementación no es imposible, sólo es una cuestión de voluntad política”, subrayó.
La Ley provincial
Por otro lado, el proyecto de ordenanza propuesto solicita que se modifique el artículo 1º de la ordenanza 16.463, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Adhiérase el Municipio de Tandil, en lo que resulte de su competencia, a la Ley Nacional 27.499 (Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado) y a la Ley Provincial 15.134″.
En los considerandos, se sostiene que erradicar las situaciones de violencia y discriminación en base al género y/u orientación sexual en el ámbito del Estado municipal constituye una prioridad institucional. Ademas, indica que integrar el enfoque de género en las diferentes dependencias municipales contribuye a la elaboración e implementación de directrices institucionales, orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades y desterrar aquellas prácticas de dominación política, económica y cultural que obstruyen el ejercicio pleno de derechos ciudadanos, para ello resulta indispensable generar acciones de sensibilización y capacitación para todas las personas que desarrollan sus tareas en las distintas dependencias del ámbito municipal.
La adhesión sancionada en 2019 por la Legislatura bonaerense, prescribe que los contenidos deben estar orientados a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y que los agentes del Estado deben cursar y aprobar las capacitaciones al respecto. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones.
