Con el Presupuesto, el Ejecutivo elevó un proyecto que busca modificar el Fondo de Ayuda Solidaria
Reformula siete artículos y suma uno nuevo de la Ordenanza 9495, que creó el FAS “Dr. Daniel Ramón Grasso”. La herramienta está destinada a solventar prácticas médicas de alta complejidad a personas sin cobertura social. A partir de los cambios, el Municipio podrá utilizar el 50 por ciento de los fondos afectados para aparatología e infraestructura en salud. Además, prevé la adquisición de órtesis, prótesis e insumos.
El Departamento Ejecutivo elevó, junto con el proyecto de Presupuesto 2019 y las modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva, una propuesta para reformular el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS). La iniciativa pretende cambiar siete artículos e incorporar uno más a la Ordenanza 9495 que impulsó el recordado doctor Daniel Ramón Grasso.
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En reiterados debates, legisladores de la oposición habían marcado la necesidad de debatir modificaciones en el fondo afectado, teniendo en cuenta que se encuentra subejecutado y que, en más de un ejercicio fiscal, sus recursos han sido desafectados para afrontar el déficit de las cuentas municipales.
Incluso, en octubre de 2016 el Bloque Justicialista había presentado un proyecto de ordenanza para reformar el FAS, que se derivó para que lo analizara el Departamento Ejecutivo y terminó “cajoneado”. A partir de esa propuesta –que coincide en muchos puntos con la actual-, en reiteradas ocasiones, Facundo Llano reclamó en el recinto que se discutiera el destino de esos recursos que se perciben como un impuesto municipal en la factura de la Usina, teniendo en cuenta que obliga a una contraprestación por parte de la comuna y que buena parte se desafectaba para afrontar gastos corrientes.
También se escucharon reclamos de la concejal de Integrar Nilda Fernández, quien objetó que no podía realizar un seguimiento del flujo de los recursos del FAS, es decir, acceder al dinero que ingresaba en la cuenta especial y lo que se había devengado. Frente a esto, observaba demandas de vecinos que no podían acceder a tratamientos o medicación costosa.
A las frondosas críticas se agregó la incertidumbre por el futuro de la herramienta a partir de la resolución del Oceba (Organismo de Control de la Electricidad de la Provincia de Buenos Aires) que intentó quitar los cargos de la factura de luz, en pleno reclamo por los tarifazos. Finalmente, ante la presión de los intendentes, la Provincia desistió de esa medida, y ahora el Ejecutivo municipal optó por elevar una reforma que le permita dirigir más recursos a equipar con aparatología e infraestructura al Sistema Integrado de Salud Pública, además de transparentar el flujo de fondos a partir de las prestaciones que se concretan con subsidios del FAS.
De acuerdo con el informe oficial, se esperaban recaudar más de 11,5 millones de pesos con las facturas de luz para el FAS, que tiene una altísima cobrabilidad teniendo en cuenta que al usuario que no paga la Usina le corta el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, al 30 de septiembre, cuando aún faltaba un trimestre completo para cerrar este año, esa cifra había sido ampliamente superada y ascendía a 12,8 millones de pesos. Sin dudas, el enorme incremento de las tarifas incidió para superar ampliamente las previsiones oficiales.
Los cambios
En primer lugar, el Ejecutivo promueve que el fondo especial tenga como “destino exclusivo” costear prácticas, estudios y tratamientos de alta complejidad que no puedan ser derivados a un efector público dentro del país; la provisión de órtesis, prótesis e insumos; aparatología e inversiones de infraestructura en el Sistema Integrado de Salud Pública.
La ordenanza original establecía que los recursos del FAS se destinaban a “solventar económicamente la atención de patologías que impliquen prácticas de alta complejidad, y que no puedan ser derivadas a un efector público dentro del país”.
De este modo, se agrega la compra de órtesis, prótesis e insumos -al igual que la iniciativa que había presentado el Bloque Justicialista- y equipamiento e infraestructura para los hospitales, situación que estaba contemplada a través de modificaciones posteriores al proyecto que data del retorno de la democracia.
Por otra parte, la iniciativa define que son “prácticas de alta complejidad aquellas que impliquen un nivel de tecnología o de especialización superiores a los disponibles en los efectores del Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado”. Se trata de un resguardo lógico, ya que antes sólo se contemplaba al Hospital Santamarina porque al momento de sancionar la normativa no existía el Debilio Blanco Villegas.
También reformula el artículo 3 bis de la Ordenanza 9495, que establece como requisitos para acceder al beneficio ser residente del partido de Tandil con un mínimo de dos años; no tener cobertura social de ningún tipo o contar con certificación de no cobertura de la práctica solicitada luego de la tramitación de las excepciones correspondientes; ser paciente del Sistema Integrado de Salud y tener el aval del profesional hospitalario que intervino.
Más recursos para el Sistema de Salud
Otro de los artículos que busca reformar es el quinto, que permitía utilizar sólo el 15 por ciento de los recursos del FAS para equipar el Hospital. Ahora el Ejecutivo pugna por ampliar ese índice al 50 por ciento del fondo para “cubrir gastos de incorporación de aparatología destinada a la atención de patologías cuyo tratamiento pueda ser realizado en el Sistema Integrado de Salud Pública y/o inversiones de infraestructura (construcciones, refacciones, reparaciones o incorporaciones de tecnologías) en los efectores del sistema”.
En ese mismo artículo, el Ejecutivo se compromete a elevar al Concejo Deliberante “cada propuesta en función de las necesidades y prioridades” para que sea aprobada por ordenanza.
También señala que el porcentaje total que se use para el Sistema de Salud “deberá establecerse de manera tal que garantice” los pedidos de estudios y tratamientos de alta complejidad y de órtesis, prótesis e insumos. Para ello se utilizarán las estadísticas disponibles sobre el comportamiento del fondo especial.
La transparencia y el flujo de los recursos
Por otra parte, el Ejecutivo reforma el artículo 7, vinculado al depósito de los fondos. En principio, mantiene que “la recaudación que realice el Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado en concepto de donaciones y reintegros deberá ser depositada en su cuenta especial creada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires dentro de las veinticuatro horas hábiles de percibida”.
En tanto, establece que “la Secretaría de Economía y Administración transferirá cada mes al Ente Descentralizado la recaudación del mes anterior”, cuando la ordenanza original reglaba que “los concesionarios eléctricos depositarán hasta el día 10 de cada mes o día hábil posterior, en la cuenta especial, la recaudación del mes anterior”.
Por otra parte, promueve cambios en el artículo 8 que ahora delega en el Sistema Integrado de Salud Pública el manejo de los fondos y la potestad de evaluar y otorgar el beneficio solicitado. “Estos fondos serán destinados a la atención de patologías donde se deberá dar prioridad a los efectores del sector público y, de no ser posible lo antes mencionado, determinándose en qué servicios deberá efectuarse la atención”, agrega.
El artículo 12 señala que “el Departamento Ejecutivo elevará ante el Concejo Deliberante para su convalidación dentro de los 30 días de promulgada la presente ordenanza, un nuevo reglamento de funcionamiento y condiciones necesarias para acceder al Fondo de Ayuda Solidaria”.
Por último, incorpora el artículo 12 bis que crea, en el ámbito del Sistema Integrado de Salud Pública, “un registro de los casos tramitados por este fondo”. Además, en el marco de la ordenanza de transparencia (15931), requiere generar un apartado en la página web del Municipio con información y estadísticas del FAS, sumado al detalle de los ingresos y egresos del mismo.
Otro elemento que agrega es que el área de Salud “arbitrará los medios necesarios para garantizar la difusión del fondo entre los trabajadores de la salud y la ciudadanía en general”.
Secretaria de Redacción de El Eco de Tandil. Licenciada en Comunicación Social orientación Periodismo (UNLP)