Con el Oído Agudo
EL PELIGRO DE UNA AVENIDA
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Desde que el Ejecutivo tuvo la poco feliz idea de construir un bulevar en avenida Avellaneda entre Santamarina/Bolívar y Buzón/Brasil, el tránsito se ha tornado muy peligroso.
Primero, porque al estacionarse de ambas manos, dos vehículos de tamaño importante no pueden circular a la par por cada una de ellas. Segundo, porque por la misma razón es harto peligroso también ascender a (o descender de) cualquier vehículo estacionado. Y tercero, porque la onda verde obliga a circular a determinada velocidad -que no es baja- y los choferes de colectivos, en su afán por no perder tiempo si se enciende la luz roja de un semáforo, transitan demasiado rápido y sabido es que por el tamaño de esos vehículos, frenarlos en pocos metros es absolutamente imposible.
Ni falta hace agregar lo que sufren los peatones que pretenden cruzar de una vereda a otra de Avellaneda y los automovilistas que quieren ingresar a la avenida en esquinas donde no hay semáforo, debido a la velocidad de circulación.
Sería bueno aportar alguna idea desde este Oído, pero honestamente es muy difícil hacerlo. Lo más sencillo sería eliminar el bulevar, porque los accidentes están latentes principalmente por esa inadecuada construcción, pero después de todo lo que se gastó en la obra es casi imposible pensar en ello.
¿Será posible “desacelerar” la onda verde, aunque sea?
RESCISIÓN DEL CONTRATO, EN ESTUDIO
El polémico proyecto que busca mudar las instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana a un edificio de Pinto al 800 parece encaminarse hacia un destino incierto.
Como se informó en estas páginas, la iniciativa establece el alquiler con opción a compra de la propiedad, por la que los dueños presentaron una tasación de 750 mil dólares. Mientras se resolvía esa alternativa, el Municipio comenzó a abonar el pago mensual por esas estaciones que no utiliza y cuyo monto, actualizado cada seis meses, asciende a 55 mil pesos.
A los cuestionamientos que cosechó por parte de la oposición legislativa e incluso en el propio oficialismo, se sumó en las últimas semanas el pedido que obligó al secretario Atilio Della Maggiora a retirar el expediente para la adquisición del inmueble ubicado en pleno centro, destinado a instalar el centro de operaciones inteligente y las dependencias del área.
Sin embargo, por estas horas, trascendió que el Gobierno evalúa la rescisión del contrato de alquiler y se espera para los próximos días una definición en este sentido.
Entre las razones, parece que la compleja negociación tanto política como particular haría caer la iniciativa que se pretendía ejecutar con recursos del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Servicios Asociados, que distribuyó la Provincia en 2015 a partir de un acuerdo en el marco de la negociación por el presupuesto y la autorización para el endeudamiento.
PRESUPUESTO 2019
El contexto económico marca el ritmo del armado del Presupuesto 2019 para la administración central, el Concejo Deliberante y el Sistema Integrado de Salud Pública.
El desarrollo del cálculo de gastos para el próximo ejercicio resulta particularmente complejo, en función de un contexto inflacionario, precios inestables y un dólar que ronda los 40 pesos, entre otras variables.
En ese tren, el equipo de la Secretaría de Administración y Economía que dirige Daniel Binando comenzó a trabajar en la ordenanza madre, pero ya habría alertado sobre las dificultades que podrían venir.
Mientras avanza en esas cuestiones, promoverá reuniones con concejales del oficialismo y de la oposición para mostrar algunos de los lineamientos a contemplar, entre los que espera una respuesta ante la quita de impuestos en la boleta que emite la Usina con conceptos que no refieran a la energía eléctrica (como el Fondo de Ayuda Solidaria) a instancias de lo resuelto por el Oceba, además del ajuste en la carga impositiva.
En tanto, genera especial preocupación el modo en que llegarán los subsidios para el transporte urbano de pasajeros, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno nacional de traspasar en 2019 a provincias y municipios la responsabilidad fiscal de subsidiar el servicio.
VOLVIÓ AL GOBIERNO
Esteban Risso volvió a trabajar en el Municipio. Tras emigrar a Capital Federal a comienzos año para integrar la coordinación administrativa de la Dirección Nacional de Salud Mental a pedido del tandilense Luciano Grasso, el excoordinador de Transporte y Planificación del Tránsito se vio obligado a retornar meses después a la ciudad por cuestiones personales.
Luego de su regreso, en abril pasado Risso se mostró en la presentación de un micro de la empresa 9 de Julio SA que el 1 de mayo comenzará a realizar los viajes entre Tandil y María Ignacia, en respuesta a una invitación que le cursaron desde la Secretaría de Gobierno por su participación en el desarrollo del recorrido durante su gestión.
Finalmente se supo que el excoordinador se incorporó al equipo del Sistema Integrado de Salud Pública, al parecer, en el sector administrativo de la presidencia del ente descentralizado a cargo de Gastón Morando.
LA ESPERANZA DE LOS EXTRABAJADORES DE RÍO PARANÁ
Luego de muchos años de no permitir una lista opositora, los colectiveros apuestan a terminar con el feudo de Roberto Fernández, quien desde 2006 es secretario general a nivel nacional de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA).
La disputa llega de la mano de Gabriel Gusso, quien tentó a los trabajadores locales que fueron parte de Río Paraná y no corrieron mejor suerte al ser traspasados a Vía Tac, con la promesa de recuperar los puestos laborales y los pisos de la firma de Mario Morel.
Según le llegó a este Oído, el sindicalista anticipó que quiere que la empresa vuelva a su lugar genuino. Entre sus propuestas pretende que le devuelvan las plazas de Río Paraná con la intención de traspasarlas a otras manos que estén dispuestas a invertir su capital en la ciudad, “dándole un porcentaje a Morel o a quien correspondiera”.
Los colectiveros locales creen que el mayor interés está puesto en que todos los empleadores paguen de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. “No como Vía Tac que hoy paga un básico dispuesto por ellos y nada más”, enfatizó un chofer. Al respecto, también distinguió que no hay garantía horaria, ni francos, ni feriados, además de la recurrente falta de descanso fuera de residencia.
Por otro lado, recordó que la misma compañía que había absorbido a parte de la planta de la empresa cerrada, les otorgó el retiro voluntario a unos 25 choferes a pesar de haberse comprometido a mantener su contrato. “Fue un despido encubierto y arreglaron por mucho menos de lo que correspondía por los casi 30 años de trabajo, además de pagar en cuotas”, denunció. Asimismo, otros tantos trabajadores que se desempeñaban en taller, administración o tareas terciarizadas, como despacho de encomiendas, nunca fueron traspasados a la planta de Vía Tac.
Así es que mañana esperan a Gusso en la Asociación Mutual de Empleados Municipales con la ilusión de encontrar un camino certero después de tanta incertidumbre.
¿SIN CENSO AGROPECUARIO?
El pasado 15 de septiembre comenzaron las capacitaciones para los encuestadores que participarían del Censo Nacional Agropecuario, para que después de 16 años el país pueda contar nuevamente con un registro estadístico del sector. Sin embargo, pareciera que los recortes presupuestarios del país también tocaron la puerta de este programa.
Según trascendió, esta semana estarían anunciando la interrupción por tiempo indeterminado de la encuesta que se iba a realizar en todas las explotaciones agropecuarias del país, con el propósito de obtener información sobre las características básicas de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y bioindustriales.
El relevamiento tenía una modalidad de desarrollo cada 10 años, pero como en la última encuesta de 2012 hubo problemas con la recolección de datos, el registro vigente con el que están trabajando data de 2002. Si el censo, efectivamente queda inconcluso, se seguirán realizando políticas públicas sectoriales en base a datos de 20 años atrás.
SE PUSO AL DÍA
Esta semana, a partir de la inquietud de los vecinos de El Paraíso, desde el Municipio confirmaron que el hotel Howard Johnson va a desarrollar una obra privada de cloacas para conectarse a la red de saneamiento de la ciudad. La noticia fue muy bien recibida por los habitantes de esa zona de la ciudad y por la comunidad en general, teniendo en cuenta que –al menos en ese aspecto- el complejo hotelero no causará impacto ambiental.
En la nota que los contribuyentes de El Paraíso les presentaron a los concejales pedían conocer detalles sobre la excepción y el convenio urbanístico que autorizó a la cadena internacional para avanzar con esa gran obra en un lugar donde el Plan de Desarrollo Territorial permite hacer alojamientos más pequeños.
En el marco de ese proyecto, que fue objeto de varios debates apasionados en el Legislativo en torno al pedido para la convalidación del acuerdo, había quedado pendiente conocer si el Municipio pudo cobrar el monto total de la plusvalía por haber habilitado al hotel a incrementar su densidad y a un cambio de uso.
Finalmente, desde Economía confirmaron que la empresa saldó la totalidad de la deuda –habían cerrado un acuerdo en cuotas- y también abonó los derechos de construcción. El monto del convenio urbanístico, que había sido estimado en 1,5 millones de pesos pero que debió incrementarse al momento de la renegociación, se sumó al Fondo de Gas, destinado a extender las redes en barrios donde los vecinos no pueden afrontar los costos de las obras. Ahora aguardan que la secretaría que conduce Roberto Guadagna eleve la nómina de las cuadras en las que se invertirán los recursos obtenidos en concepto de la participación del Estado en la renta extraordinaria generada por la decisión administrativa de otorgarle la excepción.
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