Con discrepancias, el Concejo aprobó la implementación de la Ley Micaela para capacitar en género
La normativa votada definió que la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual municipal será la autoridad de aplicación y el órgano de implementación, y estableció un "consejo asesor" para intervenir en este proceso. El Frente de Todos votó a favor de la adhesión, pero pidió votar aparte la modificación de este artículo. Sostuvo que las capacitaciones deben hacerse con el trabajo mancomunado del Ejecutivo, la Unicen, la Mesa contra la Violencia y el Sindicato de Trabajadores Municipales.
Dicha legislación fue sancionada en diciembre de 2018 y luego, esa ley nacional 27.499 tuvo sus réplicas a nivel provincial y municipal, con la sanción de la Ordenanza 16.463 de marzo de 2019.
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En tanto, a nivel local se definió que la autoridad de aplicación será la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual municipal, que deberá́ establecer convenios y articular con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, en función de las certificaciones de calidad de las capacitaciones que se elaboren e implementen. La ordenanza prevé, asimismo, la incorporación de instituciones y organizaciones al circuito de capacitación, en la forma de un consejo asesor que tendrá facultades amplias para intervenir en la aplicación de la ley.
En este consejo asesor estarán representados la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil; la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género; el Sistema Integrado de Salud Pública; los bloques políticos del Concejo Deliberante; la Dirección de Recursos Humanos del Municipio y la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la comuna.
El punto de desacuerdo
La ordenanza tal y como fue aprobada generó fuertes discrepancias entre el oficialismo y la oposición. Desde el Frente de Todos acompañaron la adhesión, que se sancionó por unanimidad, pero consideraron que la apuesta sería enriquecida con el trabajo mancomunado de la Dirección de Género junto con la Unicen, la Mesa contra la Violencia y el Sindicato de Trabajadores Municipales. En este sentido, no apoyaron el artículo 4to., que se votó aparte tras una moción presentada por la edil Daiana Esnaola, y fue aprobado por mayoría con el visto bueno del oficialismo y del Bloque Integrar.
Por su parte, la legisladora de ese espacio Guadalupe Gárriz, presidente de la Comisión Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad que abordó la normativa, en su intervención en el recinto hizo hincapié en que la aplicación de la ley “es una conquista del movimiento feminista, de mujeres y disidencias”.
“La Ley que se votó, en su artículo 4to., nos encontró discutiendo quiénes deberían ser los actores que la implementen. El oficialismo decidió por mayoría que los espacios que venimos trabajando en esta temática seamos un ‘consejo asesor’ y no parte de la construcción colectiva de esta capacitación, como planteábamos en el proyecto a partir de la construcción de una Mesa de Implementación”, se explayó.
La concejal, desde el punto de vista de la técnica legislativa, consideró que lo realizado es “lamentable” y aclaró que el proyecto sometido a votación no es una adhesión a la Ley, sino “apenas una adhesión discrecional a los artículos que al oficialismo le ha parecido en función de no abrir la participación tal como la Ley Provincial lo establece, y proclamándose en simultáneo como autoridad de aplicación y órgano de implementación”.
Por último, Gárriz expresó que su bloque había presentado oportunamente un proyecto de adhesión a la ley de manera concreta y que “tomar de la ley lo que conviene y lo que no, no, es de mínima, poco serio, poco adulto. Debemos decir, no sin cierta amargura y frustración, que con este hecho el Municipio de Tandil seguirá siendo incapaz de aplicar la Ley Micaela tal como entendemos que debería ser instrumentada”.
Mesa contra la Violencia
Yanina Venier, titular de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género, ratificó que el organismo de implementación tendría que ser un cuerpo intersectorial y colegiado para definir los contenidos y las formas de las instancias de formación.
“La Dirección de Políticas de Género trabaja con un equipo reducido en número y una demanda muy alta, como para solicitarle que además de la asistencia diaria de casos, se ocupe de la formación de todo el personal”, evaluó.
Además, puntualizó que el Municipio “debería asumir” que no tiene las condiciones de formación para diseñar y ejecutar las capacitaciones y destacó que el espíritu de la ley es desnaturalizar las prácticas habituales del Estado que reproducen la desigualdad y la violencia.
“A nivel municipal hay distintas formas de expresión y reproducción de estas violencias. En el área de salud a quienes asisten y también a profesionales que trabajan allí; en la Justicia de Faltas hay denuncias por violencia laboral; en diferentes áreas administrativas y en el propio seno de la Dirección de Género, que aún tiene mucho por transformar respecto de la formación básica de cualquier profesional”, analizó.
De hecho, ha habido señalamientos por maltratos en la Casa de Abrigo Martha Pelloni y también hacia trabajadoras de la dependencia municipal que siguen reproduciendo estereotipos revictimizantes.
“Que la Dirección sea el único órgano de aplicación e implementación es contradictorio porque supone desactivar esas prácticas y eso se logra con la mirada confrontativa de distintas instituciones”, concluyó.
