Carlos Fernández y otros diputados radicales piden el juicio político contra el ministro González García
El legislador tandilense adhirió al proyecto de resolución impulsado por sus compañeros de bancada opositora. El pedido es por el “mal desempeño en sus funciones y comprometer la salud de los argentinos”.
El diputado radical José Cano, junto con una serie de compañeros de la bancada de Juntos por el Cambio incluido el tandilense Carlos Fernández, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, “por mal desempeño de sus funciones y por comprometer la salud de los argentinos”, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.
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La medida contra el funcionario nacional se cristalizará en medio de la creciente confusión en torno a la vacuna rusa Sputnik V, la apuesta del Gobierno de Alberto Fernández para comenzar a inmunizar a la población.
En diálogo con El Eco Multimedios, el legislador nacional de Juntos por el Cambio, Carlos Fernández, dijo que la iniciativa la impulsa el diputado José Cano y que acompañan otros integrantes de la bancada se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional.
En concreto, establece que la cámara baja ejerce el derecho de acusar ante el Senado “al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.
Frente a este parámetro, un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de resolución para iniciar ese proceso a raíz de las “marchas y contramarchas en torno al tema de la vacuna”, en una cuestión que, a su criterio, genera una “enorme desazón” en la población, que espera contar con certezas.
“El momento de hacer el planteo”
En esa línea, Fernández citó algunos de los fundamentos incluidos en la presentación, especialmente los que refieren a la vinculación de ciertos directivos del laboratorio interviniente, y acusó de una “enorme opacidad”.
“Ante el escándalo que significó, los personajes fueron sacados a último momento, pero integraron el primer viaje a Rusia que hicieron las autoridades del Ministerio de Salud de la Argentina”, denunció.
Por eso, justificó que, “al encontrarnos que la vacuna no está autorizada a aplicarse a mayores de 60 años, la población de riesgo, sabiendo que recién en abril de 2021 estará la fase tres de la vacuna rusa, nos parece elemental que el ministro de Salud brinde explicaciones a pesar de los numerosos pedidos de informe”.
“Llegó el momento de plantear esto seriamente para que la gente sepa de qué estamos hablando”, enfatizó el exjefe de Gabinete del Gobierno de Miguel Lunghi.
Los fundamentos de la presentación
En la presentación del juicio político, los diputados radicales alertaron que “lamentablemente hemos llegado a una situación por demás crítica y alarmante, fuera de todo control y sin rumbo sanitario ante el Covid-19”, y aludieron al deber de “salvaguardar los derechos de los ciudadanos mediante un control eficaz de las instituciones de gobierno”.
“Hemos llegado a la instancia de encontrarse en peligro toda la población Argentina ante la falta de información clara, precisa y veraz sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19”, plantearon.
Y reprocharon que “el Gobierno nacional y especialmente el Ministerio de Salud, no logró que las negociaciones con el único laboratorio que ha logrado tener una vacuna que completara con éxito la Fase III de ensayos clínicos, que es Pfizer, llegaran a buen puerto, y nos encontramos con que la Argentina no ha logrado firmar un contrato con este laboratorio, a diferencia de los principales países, tanto de la región latinoamericana como del mundo”.
Así es que los radicales recriminaron que el Ejecutivo pasó de la campaña de inoculación “con una vacuna que se encuentra en fase III y que ha probado en nuestro país” a que el 10 de diciembre, González García, acompañado por el presidente Alberto Fernández, anunciaran la firma del contrato para la adquisición de la vacuna “Sputnik V” desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología ruso.
Más adelante, en el pedido de juicio político los diputados plantearon que, con las declaraciones presidente ruso Vladimir Putin, advirtiendo sobre que la vacuna no está aprobada para ser inoculada a mayores de 60 años trajo “repercusiones en el Gobierno porque el 17 de diciembre se anunció que suspendería el viaje a Rusia que se pensaba realizar para traer las primeras 300 mil dosis hasta sea aprobada para ser inoculada” a este grupo etario.
“Sería grave que, por la inoperancia de los funcionarios, no podamos acceder a una vacuna que sea segura y efectiva contra este virus, que tanto daño ha hecho en el mundo y en nuestro país”, resaltaron en otro párrafo de la presentación.
Frente a los argumentos expuestos, los diputados consideraron que “corresponde encuadrar los hechos realizados por parte del ministro Ginés González García en la figura del mal desempeño ya que incurrió en omisiones graves en su labor en el Ministerio de Salud reflejada en la demora en la que habría incurrido el Estado nacional en adoptar las medidas relativas a evitar la magnífica propagación del Covid-19 y también en las demoras actuales de realizar convenios con otros Estados para la adquisición de la vacuna”.
