Buscan garantizar la entrega de productos de gestión menstrual en centros de salud
La propuesta es impulsada por el bloque de concejales del Frente de Todos. La provisión se deberá hacer en los hospitales y Centros de Atención Primaria del Sistema Integrado de Salud Pública. Desde la oposición buscan generar una política pública en esta línea.

En función de la necesidad de establecer herramientas que permitan igualar las condiciones económicas y de salud entre varones y mujeres, el bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza que apunta a garantizar la provisión de artículos de gestión menstrual en el ámbito del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP).
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa iniciativa, impulsada por la concejal Silvia Nosei, en su artículo primero señala que el objetivo es establecer un programa de provisión de productos de gestión menstrual que garantice los siguientes objetivos: “visibilizar como cuestión de interés público la salud de personas menstruantes; asegurar el derecho de acceso gratuito e irrestricto a productos de gestión menstrual”.
En el siguiente punto, el documento considera como productos de gestión menstrual a “toallitas higiénicas, tampones, esponjas marinas menstruales, paños lavables, ropa interior absorbente, copas menstruales, y todo producto de contención apto para su utilización durante la menstruación”.
A través del programa, según el artículo tercero, “deberá garantizar la entrega gratuita de productos de gestión menstrual junto a información veraz, detallada, basada en la evidencia científica, a través de todos los centros de Atención Primaria de Salud dependientes del Sistema Integrado de Salud Pública; Hospital Municipal “Ramón Santamarina”; Hospital de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas”; Hospital Rodríguez Larreta (Vela) y Hospital de Salud Mental “Tita Brivio””.
En tanto, la autoridad de aplicación del programa, que será la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, podrá articular con la Jefatura Distrital de Educación y el Consejo Escolar la provisión de estos productos a las alumnas que asisten a las escuelas públicas de gestión estatal de cada barrio de la ciudad, a la vez que también podrán realizar acciones educativas en dichos establecimientos.
Por último, el texto presentado faculta al Departamento Ejecutivo para asignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento con el objetivo del programa.
Los fundamentos
Entre los puntos que sustentan la propuesta impulsada por el Frente de Todos, destaca que resulta necesario establecer como política pública local la provisión gratuita de estos productos “de forma accesible, efectiva e irrestricta a toda persona con cuerpo menstruante que así lo solicite”, pero también que se los reconozca “como parte de las necesidades básicas”.
Asimismo, el documento indica que las dificultades para acceder a estos elementos traen “consecuencias graves para la salud”, y que “durante aproximadamente treinta años”, las mujeres adquieren estos artículos en distintas etapas de su vida. “Se estima un gasto de 1.482 pesos por año, quedando en estado de vulnerabilidad aquellas personas que no pueden afrontar ese costo”, alerta el proyecto de ordenanza.
Y plantea que, a diferencia de los métodos de planificación familiar (preservativos, pastillas anticonceptivas, etc.) que por ley el Estado debería entregar en forma gratuita, no existe política que garantice que las mujeres tengan acceso gratuito e irrestricto a estos productos, y agrega que la falta de provisión gratuita “aumenta la desigualdad económica entre varones y mujeres, sobre todo en los grupos más vulnerables económicamente”.
Más considerandos
En otro de los párrafos, detalla que “la menstruación como factor de desigualdad es transversal a la educación, la política, la distribución de ingresos, la salud y la identidad” y que el proyecto “está respaldando y garantizando uno de los aspectos básicos de la salud integral femenina”, siendo la Organización Mundial de la Salud la que señala que: “el derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar”.
Y por último, revela que el derecho a la salud es “inherente a toda persona”. Sin embargo, “existen determinados grupos sociales que debido a los prejuicios y estereotipos de género, atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica, que le generan mayores obstáculos para acceder a los elementos que necesitan, siendo el Estado quien debe intervenir con políticas públicas para prevenir situaciones de riesgo”.