Venció el plazo para el desalojo voluntario de la toma del barrio Palermo y está prevista una audiencia
A partir de ahora el juez determinará una fecha para que se lleve adelante el desalojo compulsivo. En la audiencia se buscará arribar a algún tipo de solución para la problemática habitacional que padecen las seis familias que permanecen en el predio situado en Segundo Sombra y Casacuberta.
El capítulo final de la toma del barrio Palermo parece estar llegando, al vencerse el plazo para el desalojo voluntario, el miércoles pasado. A partir de ahora, el juez podría determinar una nueva fecha para el desalojo compulsivo. Asimismo, se estableció que el 9 de abril se desarrollará una audiencia, con el fin de buscar alternativas habitacionales para las seis familias que permanecen en el predio delimitado por las Segundo Sombra, Casacuberta, Muñiz y Caseros.
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El defensor oficial de las familias que ocupan el predio, Diego Araujo, le explicó a El Eco de Tandil que “estamos en la instancia final. Desde que en su momento se hizo la denuncia, lo que sucedió es que se agotaron las prórrogas que estaban establecidas”.
Puntualizó que normalmente en todo proceso de desalojo hay una instancia donde el fiscal remite la investigación a la Orac (Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos), quien realiza las primeras tratativas para conciliar el conflicto”.
“En esa primera instancia empezamos a tomar intervención desde la defensa pública, lo que quisimos es ponerle rostro a cada una de las familias, que estaban en esos terrenos, explicar la situación de cada uno de ellos, en el sentido de poder contar un poco su historia, y cómo habían llegado a esa situación, y así vimos que son familias con pobreza estructural”, indicó.
Y agregó que “la mayoría de ellos son trabajadores informales, con empleos no registrados, lo cual los coloca en una situación de no ser sujetos de crédito, y que la mayoría de las familias habían pasado por la mayoría de los niveles institucionales con relación a los programas que a veces hay desde el Estado para la ayuda con alimentos, alquileres y demás”.
“Una de las familias incluso alega haber sido estafada en la venta de un lote, que un vivo se había aprovechado de ellos. Otra pasó por el incendio de una vivienda, con lo cual quedó prácticamente en situación de calle, que fue lo que hizo que tomara la determinación de ir allí”, detalló.
En ese contexto, desde la defensa realizaron una presentación “tratando de que se tomara conocimiento de quiénes eran las familias, y a la par solicitamos que el procedimiento de conciliación que se daba en la ORAC fuera sustancial, es decir, que efectivamente tendiera al acercamiento de las partes. Es decir que más allá de la actuación meramente formal, tuviera un acercamiento real”.
Los intentos de resolver el conflicto
En ese sentido, indicó que realizaron además una “propuesta en ese contexto de relocalización, sabíamos de la existencia de terrenos en la ciudad de Tandil que estaban afectados al Plan Familia Propietaria, y la propuesta de colaborar con alquileres de acuerdo a una evaluación técnica que hagan los profesionales que trabajan en el Municipio”.
En este contexto, destacó que “hubo muy buena voluntad por parte del dueño de los terrenos, a través de su representante legal, que se mostró siempre proclive a tratar de resolver el conflicto de manera pacífica, pero más allá de las propuestas que cada una de las partes hicimos, se declina la cuestión en la ORAC porque el dueño de los terrenos, más allá de la voluntad de resolver el conflicto, declina la instancia y cuando se retira una de las partes de la conciliación, vuelve la causa a fiscalía”.
“Nosotros solicitamos, cuando vimos que estaba empantanada la situación, que se haga efectiva la audiencia para presentarnos las partes en una misma mesa y poder discutir otras alternativas, esa audiencia no se llevó a cabo nunca. Una vez que declinan la instancia en la ORAC por segunda vez, le pedimos directamente al juez que actúa en la causa que fuera él quien fijara una audiencia a estos fines”, manifestó.
La audiencia
Y resaltó que “en la mayoría de los operadores judiciales, más allá del rol que cumplimos, está la voluntad de resolver el conflicto de forma pacífica, y fue así que fijó la audiencia para el 9 de abril, a las 9.30, y habida cuenta que en el expediente también tomaron intervención otras entidades, algunas vinculadas a la Unicen, donde se explica la situación de vivienda en la ciudad de Tandil, los derechos afectados, de alguna manera propicia la resolución pacífica del conflicto”.
“Intervino la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que también nos acompañó con las propuestas de prórroga y tratando de hacer gestiones institucionales en la Provincia para resolver el problema. Intervino también la Secretaría de Hábitat de la Provincia, que hizo una propuesta para dar materiales para construir la vivienda. Lo que pasa es que no tenemos terrenos porque el Municipio se niega a dar curso a la propuesta de localización”, sostuvo.
Y explicó que “para esta audiencia estamos trabajando con otras alternativas con las familias. No desechamos la posibilidad de la contribución del Municipio con alquileres, pero queremos que haya un seguimiento de cada familia en particular a lo largo del tiempo, y que no quede solamente con una gestión administrativa del otorgamiento de subsidios por tres o cuatro meses, porque eso fracasa como política en materia de vivienda”.
“Ha fracasado siempre, porque es un problema recurrente, en tres o cinco meses, una familia no resuelve sus problemas estructurales en materia de vivienda, muchas veces ni siquiera cambia su situación de empleo no registrado, al cabo de esos meses la situación vuelve a foja cero porque se encuentran en la misma situación que los motivara para ingresar en un lugar que no les pertenecen”, señaló.
Frente a ese panorama, confió que aspiran a que “haya un seguimiento de las familias de manera tal que teniendo las particularidades de cada familia, darles una solución integral a través del tiempo”.
El desalojo compulsivo
Explicó que el plazo de desalojo voluntario venció el miércoles pasado y a partir de ahora, el juez deberá ordenar una una fecha y hora a los fines del desalojo efectivo y compulsivo, bajo protocolo de todas las instituciones que tienen que estar, protegiendo a mujeres y niños.
“El 9 de abril la idea es que se pueda llevar ese acercamiento entre las partes que no tuvo lugar en la instancia de la ORAC, porque la idea era poder charlar con el Municipio. Va a estar la Defensoría del Pueblo de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, y quienes han intervenido son la Secretaría y la Dirección de Hábitat. Nosotros tenemos una oficina en la Defensoría General Departamental que trata estos conflictos, eso ha colaborado mucho con la interconexión institucional. También estará el Municipio y representantes del dueño”, manifestó.
En tanto, señaló que “el desalojo compulsivo es probable en tanto y cuanto no se arribe a una solución, si el 9 surge un acercamiento real entre las partes, no se descarta que pueda haber una nueva audiencia pero a los fines de cerrar definitivamente el conflicto”.
Recordó que “esta ocupación se fue desinflando porque al principio eran alrededor de 14 familias, hoy quedan cinco familias y un hombre solo”.
