DE TIERRAS EN SEGUNDO SOMBRA, CASACUBERTA, MUÑIZ Y CASEROS
Una mesa interinstitucional trabaja para desactivar el drama social que subyace a la toma de Segundo Sombra
Se conformó en el ámbito de la Defensoría General y participan actores de diversas áreas, sobre todo provinciales. El objetivo es encontrar una solución pacífica para cada una de las 20 familias que se instalaron en el predio de Segundo Sombra, Casacuberta, Muñiz y Caseros. Una de las alternativas que evalúan es la relocalización y estudian la disponibilidad de tierras. El juez de Garantías dio plazo hasta el 14 de enero para efectivizar el desalojo.
Corre el plazo para los actores judiciales y políticos que trabajan con miras a alcanzar una solución pacífica ante la orden de desalojo de las veinte familias que ocuparon unos trece terrenos en Segundo Sombra, Casacuberta, Muñiz y Caseros. El objetivo es elaborar una propuesta individual para cada uno de los grupos familiares que habitan el predio que se restituirá al propietario.
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Ante el inminente desalojo, el defensor oficial Diego Araujo había presentado un pedido tendiente a evitar el desalojo compulsivo, al que adjuntó un detallado informe socioambiental que dio cuenta de la vulnerabilidad en que habitan los ocupas. De este modo, el juez de Garantías 1 José Alberto Moragas otorgó más tiempo, en concreto hasta el 14 de enero, para efectivizar la medida judicial. A partir de entonces se inició un proceso de mediación y en paralelo, se busca de generar alguna alternativa que conduzca a las familias a dejar el predio de manera pacífica.
En concreto, el proceso judicial se recondujo hacia la Oficina de Resolución de Conflictos Alternativos y el objetivo es llegar a la audiencia con una propuesta de solución habitacional individualizada para cada familia.
En cuanto a la metodología de trabajo, se constituyó una la mesa que integran distintos actores institucionales y que coordina la abogada Carolina Villanueva, de la Secretaría en Litigio y Promoción en Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul. En ese espacio, intervienen funcionarios de la Secretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, del Instituto Provincial de la Vivienda, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, entre otras dependencias.
Según trascendió, la mesa interinstitucional evalúa distintas alternativas, entre ellas surgió la posibilidad de relocalización de las familias como una solución de fondo al drama por la carencia de un techo. En esa línea, desde el Estado provincial comenzaron a sondear si hay tierras fiscales disponibles en Tandil para la construcción de viviendas sociales.
Las reuniones de los actores judiciales y políticos se están desarrollando dese hace tiempo y la misión es construir una salida pacífica que evite el desalojo compulsivo, en el marco de una problemática social que envuelve a estas familias, la mayoría con madres jefas de hogar y varios menores de edad a cargo, pero además en el complejo panorama de la pandemia.
La ocupación
A mediados de septiembre, las familias que habitan en el predio delimitado por Segundo Sombra, Casacuberta, Muñiz y Caseros le confirmaron a este Diario que habían sido notificadas del desalojo compulsivo previsto en 30 días. La medida judicial se tomó en el marco de una causa penal, a partir de que el propietario reclamara el predio adquirido vía usucapión.
El proceso de toma de esas parcelas comenzó hace más de dos años, donde aparecieron las primeras construcciones de chapa. A medida que se instalaban nuevas familias en el lugar, algunas viviendas cobraron robustez con habitaciones más sólidas, techos de chapas y ventanas.
Sin intervención del Municipio, en esas tierras conviven hoy unidades más sólidas construidas con planchones, con casillas de madera, chapa y nylons, sin sanitarios ni pisos, donde padres e hijos viven con nulas comodidades.
Ante la situación de extrema vulnerabilidad, tanto la Defensoría Oficial como la Defensoría del Pueblo de la Provincia realizaron presentaciones y lograron torcer la decisión del desalojo, al conseguir la ampliación del plazo para la ejecución del desalojo. Tras haber ganado tiempo, ahora están enfocados en la urgencia de descomprimir el drama social a través de una solución de fondo para las familias que vieron en la toma una salida a la carencia de un techo.
Necesidad y desesperación
En ese entonces, Romina Moure, una de las vecinas que lleva más de dos años habitando en el predio objeto de conflicto, explicó que por la necesidad que tenía su familia se les hacía imposible seguir pagando un alquiler, por lo cual comenzaron a analizar alternativas para poder hacer frente a esa compleja situación.
“Investigando, vimos que esto no tenía dueño posible y en la desesperación, que uno quiere tener un lugar para vivir y construir su casa, empezamos a venir acá, cortamos el pasto. No aparecía nadie, no estaba cercado, no había mantenimiento de ningún tipo. Nosotros podamos los árboles y empezamos de a poquito, a hacer el pozo del baño, después levantamos las planchas, de a poco el techo y así pasó mucho tiempo que nadie aparecía, que nadie reclamaba”.
Más allá de los testimonios, el defensor oficial Diego Araujo denunció la grave situación socioambiental-familiar en la que se encuentran los habitantes del predio. En esa instancia, argumentó que el conflicto trasciende el interés de las partes, por lo que amerita un tratamiento diferenciado y profundo con el involucramiento de todas las instituciones del Estado.
Para fundamentar su posición, acompañó el planteo con un informe socioambiental de la asistente social del cuerpo de peritos de la Defensoría General Departamental, en el cual detalló la singularidad de los casos relevados.
Según plantea Araujo, el largo tiempo que estas familias se encuentran viviendo en el lugar, y la falta de atención del Estado en procura de brindarle una solución alternativa a esa situación habitacional que presenta, requiere del interés de los operadores judiciales en su conjunto, en tanto “no se advierte tampoco ninguna urgencia operativa en el cumplimiento de la manda judicial; no al menos, sin haberse agotado las vías institucionales conforme expresa recomendación de organismos internacionales”.
Ante el planteo del defensor, el juez Moragas resolvió que “atento a la complejidad que evidencia la solución a las distintas situaciones que atraviesan los ocupantes del terreno en cuestión, los motivos alegados por el Defensor oficial resultan procedentes y ponderando lo expuesto por el representante legal del denunciante entiendo razonable conceder un nuevo plazo de intimación al desalojo dispuesto”.
