Tiene fecha el juicio al docente acusado de abuso y la defensa intentará probar que no hubo delito

Casi tres años después, se abrirá el último capítulo del caso que involucra al docente de teatro acusado de cometer un abuso sexual en un jardín de infantes de la ciudad.

De esta manera, Juan Martín Rosso, de 31 años,  se someterá a tres jornadas de debate oral los próximos 24, 26 y 31 de mayo de 2022, ante un tribunal ad hoc conformado por los jueces Carlos Pocorena, José Alberto Moragas y Virginia Florencia Giombini, que deberán valorar las evidencias y testimonios aportados por las partes para establecer un veredicto.  

Esta particularidad del cuerpo de magistrados constituido  ad hoc se dio a partir de que el Tribunal Oral Criminal 1 con asiento en Tandil, a cargo del doctor Guillermo Alberto Arecha, se excusara de juzgar la causa. Por ese motivo, se  convocó especialmente al juez correccional Carlos Pocorena; al titular del Juzgado de Garantías 1 local, el doctor Moragas; y a la magistrada Giombini, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que preside el Juzgado de Garantías del Joven  1 de Tandil, para desentrañar el caso.

El imputado arriba a esta instancia como presunto responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización agravado por ser cometido por persona encargada de la educación en los términos del artículos 119 párrafos segundo y cuarto inciso b) del Código Penal”, según la acusación formulada por el fiscal José Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la investigación. 

“Los hechos nunca ocurrieron”  

En contacto con El Eco de Tandil, la abogada defensora de Rosso, la doctora Patricia Perelló, señaló que el acusado eligió ser juzgado por un tridente de jueces mas no por un jurado y, pese a que en instancias previas solicitaron la nulidad de la elevación a juicio, la patrocinante legal se mostró satisfecha con la posibilidad de ir a un debate oral para que se ventilen y diluciden los hechos. 

“Los jueces van a valorar las pruebas y para nosotros es clarísimo que los hechos nunca sucedieron; eso va a quedar demostrado en el debate, aún cuando la inversión de la carga de la prueba no existe porque es  el fiscal el que  tiene que probar que los hechos  ocurrieron y que Juan (Rosso) los cometió. Nosotros decimos que eso nunca pasó y  que Juan no cometió ningún delito, es lo que sostuvimos siempre”, explicó la letrada. 

Al respecto, Perelló indicó que durante el juicio “se van a dilucidar muchas cosas que no se han dilucidado y muchas que  sí, pero creo que no fueron interpretadas correctamente por los operadores de la Justicia que actuaron sobre este tema. Hay desconocimiento, esto no se trata  de juzgar un hurto o una estafa, es un tema muy particular sobre el que no hay que tener prejuicios, pero sí hay que tener mucho conocimiento”.

Además, aseguró que hay una preocupación fehaciente por parte del Estado por la proliferación de denuncias de abuso contra docentes, sobre todo de áreas especiales como teatro y música, que quedan en el ojo de la tormenta. 

“Esta tendencia  es una locura”, calificó la abogada y reiteró que lo que se sostiene desde la acusación es “imposible” que hubiese ocurrido. 

“Ni siquiera es probable, es imposible, por eso tenemos interés en que se celebre este juicio para que quede todo claro y, obviamente, vamos por la absolución”, declaró. 

La detención

En un primer momento, la fiscalía interviniente en ese entonces, al mando de Marcos Eguzquiza -después pasó a Calonje por una cuestión de competencia institucional-, calificó el hecho como abuso simple, pero a posteriori la jueza de Garantías Stella Maris Aracil cambió la carátula y gravó aún más el hecho. 

La figura de “Abuso sexual gravemente ultrajante” precipitó la detención del imputado, quien fue apresado en octubre de 2019 y permaneció casi un año en el penal de Barker. 

Luego se le concedió la morigeración de prisión y desde 2020 cumple con el arresto domiciliario; en estas circunstancias Rosso arriba al juicio oral.

En tal sentido, Perelló dictaminó que “no es un problema de si es o no un abuso simple o agravado, la cuestión es si hay posibilidad material de que los hechos ocurrieran o no, y la verdad es que no la hay”. 

El caso 

Ahora, con la fecha de juicio confirmada para fines de mayo, se ventilarán los eventos presuntamente ocurridos en el Jardín de Infantes 901 de Tandil el 2 de julio de 2019. En ese entonces, los padres de un menor de 4 años que asistía al establecimiento, radicaron una  denuncia penal en la Comisaría de la Mujer y la Familia contra Rosso por supuestamente abusar del niño en el baño de la institución educativa.

El caso generó un gran revuelo social y mediático, hubo retrasos  en la recolección de pruebas y en la realización de las cámaras Gesell a los menores involucrados, y un largo derrotero judicial, además de diferentes marchas y manifestaciones  de cada una de las partes.

En tanto, en octubre de 2021, mediante una resolución dictada por  la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, con los votos de los jueces Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Pedro Cini, se resolvió rechazar por improcedente la recusación del fiscal Ignacio Calonje, se desestimó el  planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, y se rechazó la solicitud de sobreseimiento de Juan Martín Rosso peticionado por sus defensoras Patricia Perelló y Mariana Fardín, confirmando por tanto la elevación a juicio de la causa. 

El planteo de la defensa 

El recurso de la defensa de Rosso apunta a que la fiscalía no valoró prueba esencial, útil y pertinente que acredita la inexistencia de los hechos, citando las declaraciones testimoniales del personal docente, administrativo y de limpieza del jardín de infantes donde trabajaba el imputado; todos los que daban cuenta de que el hecho no podría haber ocurrido, y –en el mismo sentido– el informe de la inspectora de nivel inicial que luego de realizar una investigación exhaustiva concluyó en igual dirección. 

La estrategia también se orientará a señalar que no se merituó el informe médico de guardia ni la pericia medica realizada, elementos objetivos que, al decir de las letradas,  descartan cualquier tipo de lesión o irritación en la zona genital de la presunta víctima. 

Asimismo, Perelló señaló la importancia de los informes técnicos psicológicos respecto a las testimoniales en Cámara Gesell y las razones plasmadas en estos para cuestionar la forma de su realización y las conclusiones a las que arribaron. 

Por otra parte, la Asociación Pensamiento Penal, entidad que nuclea a jueces, abogados y miembros del Poder Judicial, presentó en 2020 un informe bajo la figura "Amigos del Tribunal" que pondera que hubo "malas prácticas" en la investigación y que “el instrumento para recibir la declaración testimonial de los niños no es el validado por la comunidad científica”.