Se manifestaron en la sede judicial para pedir la libertad de Juan Rosso
Este lunes, familiares y amigos de Juan Rosso, el docente de teatro detenido desde octubre pasado tras ser acusado de un presunto abuso en el Jardín de Infantes 901, se congregaron en la sede del Poder judicial de la Provincia para vociferar una vez más la inocencia del joven y pedir celeridad en la resolución de la prisión domiciliaria. La solicitud se realizó hace dos meses, pero aún no tiene respuestas por parte de la jueza Stella Maris Aracil, titular del Juzgado de Garantías 2 que lleva la causa.
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Pasado el mediodía, el grupo se concentró en la puerta del ministerio público ubicado en Uriburu y Alem con numerosos carteles en los que podía leerse “Justicia” “Respeto”, “Juan es Inocente”, “Con los chicos no, con los docentes tampoco”, “Preso sin pruebas” y “Justicia ciega”.
Bajo el grito de “libertad”, los manifestantes se colocaron mirando hacia el ingreso principal que da sobre la calle Uriburu y, en esta oportunidad, la interpelación fue directa a la magistrada con cánticos en los que podía oírse: “¿Dónde está? ¿La jueza dónde está?”, “Justicia para Juan” y “Jueza, jueza, tenés la decisión, queremos a Juan libre y no dentro de prisión”.
Prisión domiciliaria demorada
La movilización estuvo encabezada, como es habitual, por los padres del docente acusado, Martín Rosso y Natalia Gargiulo, quienes tomaron contacto con la prensa y expresaron su preocupación por la ausencia de definiciones sobre la suerte que corre su hijo, quien está encarcelado de manera preventiva desde hace cinco meses.
El pedido de prisión domiciliaria fue efectuado en carácter subsidiario de la excarcelación que Patricia Perelló, la abogada que lleva adelante la defensa de Rosso, solicitó el 15 de enero. Si bien la excarcelación fue denegada en primera instancia y está tramitándose en la Cámara de Apelaciones, el beneficio de la reclusión en el domicilio aguarda aún por una definición.
La jueza Aracil abrió en ese entonces un incidente para tramitar el arresto domiciliario; se llevaron a cabo los estudios socioambientales correspondientes y las audiencias con los tutores, que resultaron favorables. En este caso, los tutores ofrecidos son Martín Rosso, padre del detenido, y Mario Valiente, el actual decano de la Facultad de Arte de la Unicen.
“Están jugando con la vida de mi hijo”, clamó la madre del joven de 29 años que permanece recluido en el penal de Barker y no será trasladado, de acuerdo a la decisión de la magistrada.
Pericias psiquiátricas sin efecto
La semana pasada trascendió que el letrado Ignacio Calonje, a cargo de la Unidad de Instrucción Fiscal Especial (UFIE) en Violencia Institucional, dispuso pericias psicológicas y psiquiátricas al profesor de teatro, que debían llevarse a cabo hoy y mañana en la sede de la Asesoría Pericial de Azul.
Notificadas las partes, la abogada defensora Patricia Perelló presentó un escrito ante el Juzgado de Garantías para comunicar la oposición a la realización de las pericias y solicitar que se dejen sin efecto. Finalmente, la doctora Aracil dio lugar a este pedido y resolvió que se respete la decisión del imputado, quien se negó, por consejo de su letrada, a someterse a los exámenes solicitados.
“Es anticonstitucional lo que el fiscal quiere hacer”, sostuvo Gargiulo. Por su lado, Martín Rosso aclaró que “no es que Juan no quería hacerlo porque tiene algo que ocultar. Esos estudios se hacen para determinar si un detenido estaba en condiciones mentales para cometer determinado delito, si está incapacitado para reconocer lo que hizo, si estaba en su sano juicio o no. Él ya tuvo dos entrevistas antes y esa parte está lista. Esto es un nuevo intento de la fiscalía de encontrar elementos que vayan en contra de Juan”.
El argumento presentado por la defensa se basó en que obligar a Juan Rosso a comparecer implica que “sea sujeto a preguntas e interpretaciones subjetivas, indagando sobre su personalidad y los hechos materia de juzgamiento”, lo que “importa un claro avasallamiento a la garantía que lo protege de declarar en su contra, razón por la cual, y por consejo de su defensa, el mismo no consentirá la realización de dichas entrevistas”.
