“Saltando” el clima electoral, el Tribunal fijó fecha de juicio por la causa del Hipódromo
La primera jornada de debate fue programada para el 6 de noviembre. Serán juzgados los funcionarios Pedro Espondaburu y Guillermo Allasia, los únicos que quedaron implicados tras el dilatado proceso que aún conserva pedidos de nulidad y prescripción de la Defensa de los acusados. La causa se inició en el 2011, por la denuncia del cuidador Jorge Cuenca.
A ocho años de iniciada la instrucción penal preparatoria motorizada tras la denuncia del cuidador de caballos Jorge Cuenta, finalmente la Justicia fijó fecha para el juicio oral y público en el que se debatirá la responsabilidad penal del exsecretario de Desarrollo Local, Pedro Espondaburu, y de Guillermo Allasia, quien por esos años cumpliera funciones como responsable de Vialidad local y actualmente sigue al frente de la Secretaría de Obras Públicas.
Recibí las noticias en tu email
El derrotero de una causa que contó con recursos de nulidad, “chicanas” y apelaciones defensistas al por mayor, finalmente llegará a su desenlace procesal, no sin antes llevarse consigo el sobreseimiento de otro exfuncionario lunghista, Oscar Maggiori (otrora secretario de Desarrollo Local) más el deceso del principal implicado en las anomalías apuntadas por la acusación, Daniel Blanco, quien falleció en el exterior tras haber sorteado una y otra vez las citaciones que desde la fiscalía le imponían sin suerte a la hora de comparecer en el expediente.
Es que la defensa de empresario muerto, el abogado Manuel Marañón, por su parte, como el letrado a cargo de la defensa de los funcionarios comunales, Jorge Dames, se encargaron de interponer recurso tras recurso para contrariar el curso de una instrucción que incluso ahora, cuando el Tribunal Oral Criminal 1 pautó fecha de debate, mantiene algunos interrogantes procesales a partir de las insistencias del citado abogado, quien insiste en el pedido de prescripción para con el acusado Pedro Espondaburu.
A pesar de las apelaciones del defensor particular, el TOC obvió el planteo y consideró pertinente imponer una fecha de inicio del debate, no sin antes “medir” el humor social, o más bien el clima electoral transitado, dejando implícitamente de manifiesto que más allá de un poder independiente se concibe al expediente ventilado con una repercusión no solo penal si no también política.
El derrotero procesal
La causa en cuestión conllevó tres años de instrucción, La denuncia se radicó en agosto de 2011 y el fiscal Marcos Eguzquiza elevó la causa a juicio el 23 de diciembre de 2015. Una vez en el Juzgado de Garantías 1, a cargo del doctor José Alberto Moragas, el expediente naufragó entre pedidos de sobreseimiento, extinción de la acción penal y demás recursos defensivos, por otros tres años, hasta quedar en manos del Tribunal 1, quien también se tomó su tiempo –con la insistencia de la defensa con recursos de apelación mediante- para dar por clausurado el tiempo de discusión procesal para abocarse al debate oral y público, juicio mediante.
Ya no estará sentado en el banquillo de los acusados quien fuera el empresario de la polémica concesión del circo de carreras, Daniel Blanco, porque murió en diciembre de 2017, en el medio del avance de una causa que ya lo había imputado formalmente.
Tampoco estará Oscar Maggiori, quien fue sobreseído oportunamente por el Juzgado de Garantías 1, considerando que su situación (ya había dejado de ser funcionario) debía diferenciarse ante la prescripción del delito.
Apelaciones
Como se informó en ediciones pasadas, el defensor particular del par de funcionarios, el doctor Jorge Dames, había apelado la resolución del Tribunal respecto a la prescripción del delito también para los dos involucrados, con la pretensión de que se corriera con la misma suerte que con Maggiori. Empero, la Cámara de Apelaciones de Azul rechazó el planteo, convalidando lo actuado por los actores judiciales locales. Sin embargo, el abogado fue por más, apelando a un tribunal de alzada. Independientemente a ello, el TOC local fijó fecha.
Asimismo, se había anticipado que agotadas las instancias defensistas, no había margen de tiempo para que el juicio se celebre este año y, contando con el cronograma de debates que ya tenía diagramando el Tribunal, la instancia oral y pública podrá concretarse a mediados del año en curso.
Si bien se considera que los carriles judiciales son independientes de los tiempos políticos, a nadie se le escapaba que de concretarse el juicio se estaría transitando meses con clima electoral, un dato nada anecdótico para las huestes políticas locales.
Pues bien, ahora no quedó margen a duda, se evitó quedar inmersos en los humores proselitistas y después de octubre –tras el voto en las urnas- finalmente se ventilará en la sala de audiencias el debate sobre la responsabilidad penal de los únicos dos funcionarios lunghistas que quedaron en el dilatado proceso.
El expediente
Tal reza la acusación del ministerio público, hay pruebas suficientes para endilgarle la responsabilidad penal por las irregularidades detectadas en la concesión del circo de carreras de Villa Aguirre. Causa por la cual había quedado imputado el empresario Daniel Héctor Blanco por “Fraude en perjuicio de la Administración Pública”, mientras que Pedro Horacio Espondaburu y Oscar Alberto Maggiori –sobreseído- quedaron acusados del delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”. En tanto que Guillermo Gustavo Allasia, se le imputada el delito de “Peculado”, por los hechos ocurridos entre el 26 de febrero de 2006 y el 30 de julio de 2014.
Sobre el delito endilgado a los exsecretarios de Desarrollo Local, la acusación alude a que se hallaban a cargo de controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo, y en dicho contexto funcional omitieron y retardaron efectuar los controles a los que se hallaban obligados, entre ellos, omitieron efectuar inspecciones para verificar de esta manera el incumplimiento de la ejecución de las obras y su conservación, exigir al concesionario efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera, de la empalizada y del cerco perimetral, que colocara el sistema de riego en la pista, entre demás exigencias ya citadas.
Sobre la acusación para con Guillermo Allasia cuando era responsable de la Dirección de Vialidad comunal, se señaló que se encontraba bajo la custodia (designado por la superioridad) de los camiones regadores de agua, entre otras herramientas y elementos, los cuales le habían sido confiados al funcionario en razón de su cargo para que los administre y haga prestar el correspondiente servicio público, en forma ilegítima dispuso que en provecho de la empresa Vistas Serranas SA, concesionario del Hipódromo, se utilizara un camión regador municipal, sustrayéndolo de esta manera del destino para el cual estaba asignado.
Debido a las directivas impartidas por Allasia, casi en forma diaria, entre el 1 y el 20 de febrero de 2006, y entre el 20 de febrero de 2006 y 2010, los empleados municipales debieron proceder a regar la pista de carreras del predio, siendo solventado tanto el combustible, reparaciones, como los gastos del camión por el erario público.
