Pidieron respuestas para las familias en “máxima situación de vulnerabilidad”

Tras la suspensión del desalojo, el defensor del Fuero Penal Pablo Molina aclaró que se abrió una nueva ventana de negociación por 30 días, prorrogables por otros 30, y confirmó que convocaron a organismos de Provincia y Nación para dar una respuesta diferenciada a las familias en “máxima situación de vulnerabilidad”. 

“En el marco de la actuación de la Defensoría Penal, lo que hicimos fue pedir la suspensión del desalojo, que ya estaba dispuesto por el Juzgado de Garantías, que tenía fecha para el 31 de octubre y la segunda fecha alternativa era el 2 de noviembre”, expuso el doctor Molina en diálogo con El Eco Multimedios.

En tanto, a principios de esta semana se conoció que la medida coercitiva fue pospuesta por el Juzgado de Garantías, a partir de una notificación de la Dirección de Acceso al Suelo Urbano de la Nación que aseguró que el macizo usurpado en febrero pasado está catalogado en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) y podría avanzar en su urbanización para la integración socio urbana. 

Más allá de la llamativa interrupción del desalojo, el defensor Molina repasó que “primero se hizo la aplicación del protocolo que abrió una etapa de negociación que no llegó a buen término” y reflejó que “Hay una situación emergente de un grupo de familias de la toma que, podríamos decir, es distinta a la de la mayoría. La conformación de los integrantes de la toma es heterogénea, no es todo la misma situación”.

En paralelo, indicó que “la función procesal de la Defensoría es primero marginar a la gente que integra la toma del tema de la aplicación de la sanción penal. Ese es nuestro primer trabajo de intervención”. 

Y agregó que “en segundo término, lo que hicimos fue convocar a estos organismos de Provincia y Nación con la finalidad de que acerquen, en una segunda instancia de negociación, una salida alternativa que tenga una respuesta un poco diferenciada, dependiendo de las circunstancias de cada una de las familias que estén en la toma”. 

Salida pacífica

En tanto, el defensor aclaró que ante la prerrogativa del Estado de sancionar a las personas que integran la toma, “si cesan de la actitud y se retiran voluntariamente, claramente está la posibilidad de que se pueda disponer el archivo de la investigación y un cierre de la causa respecto de ellos. Esa es una de las condiciones que a veces tratamos con fiscalía de llegar al acuerdo, diciendo retiro pacífico y voluntario”, al tiempo que destacó que “está acreditado que las tierras tienen un dueño, un titular, que tiene derecho sobre esos terrenos”.

El doctor Pablo Molina precisó que “buscamos que distintos actores de la estructura estatal, que son entes de Provincia y de Nación, se acerquen en esta segunda instancia de negociación breve que tenemos, de 30 días hoy, eventualmente prorrogables por otros 30 días, para dar una respuesta concreta respecto de aquellas familias que están en una máxima situación de vulnerabilidad, que no son la mayoría de los integrantes de la toma”. 

En relación a esos grupos, describió que “tenemos algunas familias con nenes chiquitos con algunos problemas de salud y algunas personas adultos mayores que también están en una situación que podrían quedar directamente en la calle”. 

Por ese motivo, abogó por que “se dé una respuesta diferenciada para ellos, procurar que se les dé alguna solución alternativa que está dentro del abanico de las posibilidades que tiene el Estado, que van desde una relocalización hasta soluciones alternativas de asistencia para el tema de la vivienda”. 

Molina aclaró que todos los niveles del Estado “tienen la facultad de intervenir” y analizó que “habría que clarificar quién tiene mejores herramientas o mayores recursos para afrontar esta situación”. 

Innovación no acreditada

En relación al avance de las construcciones y a la llegada de más individuos al predio ocupado desde febrero, el defensor Molina explicó que la vigente orden judicial de no innovar abarca varias cuestiones: “No sólo que no ingresen o se cambien las personas del censo original de quienes integraban la toma, sino que además no se debían ingresar materiales, no se podían ampliar construcciones, no se podía acceder a servicios públicos que permitan o habiliten una permanencia mayor en el lugar”.

En ese aspecto, sostuvo que “yo no tengo constancias concretas de que hayan acontecido violaciones a la prohibición de innovar, porque en el marco de la causa no están informadas”. Y remarcó que “haciendo un nuevo relevamiento se podría constatar si hay infracciones a la medida de no innovar. Eso sí es real, pero de momento en la causa no hay una constatación de una violación en ese aspecto”. 

Alternativas diferenciadas

Sobre el final, el funcionario expuso que “no es función del Poder Judicial solucionar directamente la situación habitacional, o el déficit de vivienda que hay tanto en Tandil como en otras localidades. En esta segunda ventana de tiempo que se ha creado para el ámbito de la negociación es que justamente se convocan a esos organismos para ver si hay posibilidad de una respuesta en ese sentido u otro. Por eso digo, no hay una única respuesta estandarizada, sino que hay un abanico de posibilidades”. 

En cuanto a la resolución del conflicto, consideró que “si en el marco de agotados los plazos no hay una solución, eventualmente se va a proceder al desalojo. Nosotros lo que queremos es que si el desalojo se va a dar, se haga en forma pacífica y ordenada, y si se da lugar a esa situación, que se vayan con algunas respuestas las familias que están en una condición de máxima vulnerabilidad”.