Para la acusación, bajo el ropaje de la protesta social se cometieron delitos y pidieron prisión de cumplimiento efectivo

Bom…bom…bom, bombombom… Allí estaba otra vez ese monótono y persistente compás de percusión como sonó a lo largo de los cinco días de la semana. Y también estaban ellos. Más de un centenar de almas (hombres, más mujeres y niños), al rayo de sol, en las puertas del palacio judicial azuleño. Las mismas pancartas que rezaban por la liberación de sus líderes y exigiendo que no se criminalice la protesta social formaban parte de la repetida escena que ayer tuvo su despedida, con promesa de volverse a ver y escuchar el lunes 25 venidero, cuando los que estaban dentro del edificio ventilen cuál será la suerte procesal de los enjuiciados.

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Ya habían pasado las 15.30 cuando Griselda Altamirano y Jorge Lezica, con el bebé en brazos, salieron al encuentro de sus militantes enrolados en el Movimiento 1 de Octubre. Habían escuchado a los acusadores con la condena propuesta como así también a su abogado defensor sobre el pedido de absolución. Ellos –mejor dicho ella- también habían dicho lo suyo antes de cerrar el debate con un mensaje tan contundente como lapidario: esos bombos que se habían escuchado durante cinco días sin cesar y que tanta molestia generan a “la oligarquía” seguirán tronando una y otra vez ante la injusticia social y para defender los derechos vulnerados de la clase obrera.

Así de simple. Así de complejo. Ninguna respuesta judicial penal los amedrentará, si ese es el propósito. “Seguiremos a pesar de las represalias. Estamos orgullosos de ser condenados si es por defender los derechos de los más vulnerables. Y si quieren prenderme fuego como a una bruja, háganlo… pero los bombos seguirán sonando y cada vez más frente a este Estado deficiente e injusto”. Palabras más, palabras menos, Altamirano daba su propia sentencia, independientemente de lo que resolverá el juez Héctor Torrens, quien más allá de la nueva extensa exposición de la acusada, deberá atender los postulados de la fiscalía y la defensa en pos de sentar un fallo.
Nada sencillo para el juez. A nadie escapa que además de la discusión jurídica sobre los delitos ventilados en pugna, están la política y sus dirigentes detrás, siguiendo atentamente el desenlace judicial. Una absolución podría representar en mensaje “peligroso” para muchos de los que siguieron atentos el devenir del accionar de este como otros movimientos sociales con sus protestas detrás. Una condena “ejemplificadora” podría contar con otros tantos detractores que hacen al criterio de valorar un derecho sobre otros.

Para colmo de males, lo que se llama justicia –la posible en un estado de derecho- tiene sus debilidades a cuestas. La interpretación de la prueba y la valoración de la misma quedará a criterio del magistrado. A la vuelta de la esquina nomás, un juez Federal ante tomas y protestas similares con los mismos actores, promovió una mesa de negociación más allá de las denuncias propiciadas por los funcionarios de turno y hasta aquí evitó el procesamiento. Cuestiones de criterio, dirán los legos del derecho.

En lo estrictamente penal, para la acusación quedó probada la responsabilidad de sendos imputados y, en conjunto, los fiscales pidieron tres y dos años de prisión para Altamirano y Lezica, respectivamente, de cumplimiento efectivo. La moción contaría con la adhesión del particular damnificado. La defensa, en tanto, apelaría al amparo irrestricto de la protesta social como derecho supremo y, ante ello, la exigencia de la absolución.

Como trasfondo del debate por demás interesante de las partes y que mereció el pedido de réplica de uno y otro, quedó flotando en el pesado aire tribunalicio aquello de las necesidades básicas insatisfechas y del derecho a reclamar en tanto y en cuanto no se traspasen límites que, al decir de los fiscales, los díscolos dirigentes políticos rebasaron.

Llevándolo al llano, la discusión se adentró en dónde empiezan los derechos de uno y cuándo afectan a los demás y se zambulló en discusiones que se replican a diario en Capital Federal ante cada protesta callejera y los famosos piquetes (el derecho a la protesta versus el derecho a circular), y que de tanto en tanto, aunque cada vez con mayor frecuencia, empieza a replicarse por estos lares.

Por lo pronto, en el aquí y ahora, el juez deberá resolver si la pareja de señalados montó y perpetró el delito de la usurpación masiva en Villa Cordobita, independientemente de la fragilidad de la titularidad de los lotes en disputa. También, discernir sobre la ocupación, daños, resistencia a la autoridad e instigación al delito en el Municipio vecino, más allá del reclamo social con el que se había propiciado la movilización.

La acusación

Fue el fiscal Luis Piotti el encargado de iniciar el alegato del Ministerio Público que luego tendría su correlato con su par, la fiscal Laura Margaretic, quienes tras detallar sobre los sucesos que oportunamente instruyeron en los respectos sucesos ventilados, coincidirían en la petición de condena para los acusados, con penas de tres y dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Para el fiscal tandilense quedó suficientemente acreditado el delito de usurpación en Villa Cordobita, principalmente por el caudal probatorio incorporado al debate, tanto la prueba material como asimismo los distintos testigos que desfilaron por la sala que se dijeron titulares de los lotes ocupados.

Para el acusador, Altamirano y Lezica diseñaron, organizaron y ejecutaron la ocupación de lotes, atacando la tenencia de los vecinos denunciantes.

Para constatar el delito endilgado, detalló sobre la circunstancia de que el ingreso ocurrió en las primeras horas del día, masivamente,  cortando cercos a su paso y violentando el orden público.

Piotti no eludió referirse a las razones sociales esgrimidas por los acusados y su defensa, aceptando el principio de legitimidad por la necesidad de vivienda. Ahora bien, consideró que esa sensibilidad y susceptibilidad sobre aquel derecho debe ser “equilibrado” con otros, por caso el derecho de la propiedad.

Ya criticando la postura de la dirigente social imputada, enfatizó que Altamirano desvirtuó la defensa de los derechos de los más necesitados en pos de hacerse de cosas –lotes- que les eran ajenas. Además de acusar de dichos mendaces sobre determinadas relaciones del poder político y judicial, insistió en que no “fue genuina” a la hora de empujar a tomar lotes a pesar de todas y cada una de las advertencias que se hicieron en pos de que cesaran con una accionar delictivo.

A propósito de la figura de la vacancia, se subrayó que los terrenos no estaban abandonados, los tenedores habían hecho ocupación de los mismos, cercándolos, abriendo calles y demás trabajos.

Allí, reseñó lo que vivieron los vecinos damnificados, que dieron cuenta del temor por el accionar intimidante de la agrupación a la cabeza de Altamirano, quienes disponían y determinaban quién entraba y quién no en el lugar.

Entonces, echó por tierra aquella postura “pacífica” que dijeron los ocupas a la hora de tomar los terrenos. “Los vecinos lo vivieron como un asalto”, recordó, ya que irrumpieron en masa, encapuchados, con palos con clavos, bombas molotov, cubiertas y con “los chicos de escudo”.

Piotti puso especial hincapié en el violento liderazgo de la acusada para con aquellos que aceptaron tomar un lote ante su necesidad, acusándola de impedir el diálogo de las trabajadoras sociales para que los ocupas supiesen de las consecuencias de lo que estaban cometiendo. “Piden información para el pueblo sobre los lotes pero no informan a ese pueblo que dicen representar sobre las consecuencias del accionar que los llevan a realizar”, espetó.

 

Causa Azul

La fiscal Margaretic, a su turno, mantendría el tono crítico para con el rol de Altamirano a la hora de centrar la acusación por los hechos ocurridos en la municipalidad de Azul, incluso evidenció más enconos para con aquella “intransigencia” de la dirigente que perturbó y tensionó la vida social y política de la vecina localidad.

La acusadora puso en el tapete la usurpación por despojo y arremetió contra las “excusas” de Altamirano y a la propia “personalidad” de la militante a la hora de estar a derecho.

Subrayó que se resistió a los golpes de aquel desalojo, instigando al resto a violentarse contra el orden público. “Resistan compañeros. Hay que matar a estos milicos”, rescataría como cita textual de lo que fue aquella madrugada violenta en el municipio azuleño.

Para la fiscal, en verdad el objetivo de la agrupación era llegar a que se produjera el desalojo en pos de un costo político con consecuencias poco claras, ya que evidenciaba una intransigencia absoluta a la hora de arribar a un acuerdo con los varios interlocutores –incluso, la propia fiscal- para que desista de la toma.

Señaló que la petición que esbozaba la protesta estaba fuera del alcance de las herramientas que puede contar un municipio y de hecho, se les dio comunicación telefónica con funcionarios nacionales. Pero nada les alcanzó.

Agregó que ni siquiera el reclamo estaba claro. Mientras Altamirano pedía por trabajo, otros manifestantes no sabían ni por qué estaban allí. También aludió al despojo ya que se afectó un servicio público.

 

Un niño pidiendo un arma para matar

 

A tono con las reflexiones de Piotti, Margaretic no obvió mencionar  que todos tenían conciencia de la realidad social y que debe haber atenuantes frente a las manifestaciones y reclamos, “pero eso no excluye la responsabilidad penal”, sentenció.

No escatimó en ahondar sobre los agravantes de los imputados, principalmente al recurrir a la “utilización de niños” en la protesta, poniéndolos en riesgo ante un eventual desalojo y ante el escenario de violencia que se vivía.

La fiscal allí recordó los dichos de una testigo que dijo ver y escuchar a un niño de 10 años que ante la detención violenta de Altamirano, le pidió un arma a su mamá para matar a un policía. Insistiendo, así, en lo perjudicial que es para el desarrollo y crecimiento de un menor de edad.

Reiteró, sobre el modus operandi de la líder de la agrupación, la agresividad, el autoritarismo y la intransigencia, no sin señalar que, como dirigentes sociales irresponsables evidenciaron un desprecio total por las instituciones.

En representación del particular damnificado, Eduardo Carbonetti se sumó a las críticas y los tópicos de la acusación, reseñando tajante que la agrupación “bajo el ropaje de la defensa de los derechos de los más necesitados, comete delitos”.

Tras un par de horas cerraba así el alegato acusatorio. Como cortina musical, seguía apostada en la planta baja la muchedumbre con sus pecheras, pancartas y ese recurrente bom… bom. Bombombom… Ahora era tiempo de la defensa y también de las réplicas.

 

 

El derecho supremo a rebelarse

 

El abogado Ariel Pellegrino, a la hora de alegar, expuso una mirada distinta a lo escuchado y oído en el ámbito judicial, argumentos que merecerían incluso el destaque del propio fiscal Piotti por la singular postulación, desafiando incluso lo que representa el estado de derecho, al entender de los fiscales, por lo cual merecería al final la réplica.

El defensor consideró que las causas en discusión estaba enmarcadas en el derecho a la protesta social, “derecho supremo del ser humano” frente a la indefensión del Estado ante las demandas plasmadas.

Consideró que ante un Estado imperfecto, lo que merece es la resistencia social, citando allí el artículo 34, en su inciso 4.

“Altamirano está orgullosa de lo que hizo. Se trata de la forma de protestar de los que están fuera del sistema, lo que se considera extra poder”, dijo.

También respondió a las críticas sobre los modos y formas de conducción de la pupila, considerando que forma parte de la organización sobre la cual nadie está obligado a pertenecer si no es por su propia voluntad.

 

Foco en el delito, no en la necesidad

 

A la hora de responder sobre la afectación de otros derechos en el marco de una protesta, no dejó de señalar que “las afectaciones están permitidas en el estado de derecho, definiendo que las presiones violentas se dan en el marco de un Estado incapaz de dar respuestas”.  Y así ejemplificó que ahora mismo, cuando estaban alegando, afuera había una manifestación que estaba afectando otros derechos, como el de circular por la avenida, e incluso se habría dañado el pasto del jardín de entrada del edificio por las pisadas de los manifestantes.

Entonces,  Pellegrino arremetería con que lo que se desnudaba en el debate era un tema político, no judicial, no dejando de mencionar cómo el juez Federal Bava sobreseyó de los delitos denunciados en organismos nacionales (en Tandil) y convocó a una mesa de diálogo con los funcionarios, por causas similares a la ocurrida en Azul.

El abogado alegó que se pone el foco en el delito, pero no en la necesidad que está detrás de todo reclamo. “Ustedes les están diciendo: pueden quejarse, pero sin molestar. Quieren disciplinar y que se adentren en un sistema que los excluyó por falencias del Estado”, espetó.

Luego de responder puntualmente por los daños acusados, tanto en la usurpación de Villa Cordobita como en el municipio azuleño, afirmó que emitir una condena por estos hechos sería “cercenar la protesta social”.

Tampoco obvió responder sobre la “utilización de los niños” en las tomas como en las manifestaciones y protestas y lo que eso representaba para el crecimiento de un menor, a lo cual el letrado retrucó diciendo que esas madres le estaban dando el mejor ejemplo: el de luchar por sus derechos que avasallan gobiernos corruptos e ineficaces.

Claro que Pellergino iba a peticionar la absolución de sus pupilos y, de ser considerados culpables, que la pena sea la mínima que establece el Código Penal, subrayando que sea de cumplimiento condicional ya que el cumplimiento efectivo requerido por la acusación era sólo un propósito de amedrentamiento.

Réplicas

En un recurso poco usual en los juicios, ambos fiscales pidieron derecho a réplica tras la exposición del defensor.

Tras destacar la labor del abogado por los argumentos novedosos traídos al debate, aunque no coincidiendo en sus postulados, Piotti aclaró que la toma en Villa Cordobita no fue “un daño colateral” de una protesta. Versó sobre un delito puntual ya que se quedaron con lotes que no eran suyos.

También Margaretic dijo lo suyo y dirigiéndose al letrado, le endilgó que parecía haberse “olvidado” que estaban en un estado de derecho. Y que el Estado debe marcar límites para vivir en sociedad.

“Acá se excedieron los límites” afirmó, sin dejar de reconocer que todo el asunto hacía a una cuestión política, pero que merecía el reproche penal. “No existe colisión de derechos. Ningún derecho es absoluto”, añadió, para sumarle que lo ocurrido en Azul “pasó el marco de la razonabilidad”.

Por último, no dejó de aclarar que no coincidía con el juez Bava y su rol de mediador. “No somos un ente político”, retrucó.

 

Griselda Altamirano, una cuestión de convicciones

 

Como era de esperar, la imputada Altamirano hizo uso del derecho a tomar por última vez la palabra en el final del debate. Una vez más, se iba a extender con una larga exposición ideológica de la cual se dijo orgullosa.

A propósito del desprecio a las instituciones, la acusada aclaró que siempre estuvo a derecho y no cometió ningún delito. Asimismo, enfatizó que “salimos a protestar, no a cometer ilícitos”, pero las manifestaciones devienen de un Estado que nunca escucha si no es con medidas extremas.

Reiteraría allí los postulados de luchas de clase, dando cuenta que cuando un pobre corta la ruta es sometido a un proceso judicial, pero cuando lo hace la oligarquía no se actúa con la misma diligencia, ni siquiera de oficio.

Replicó sobre la necesidad que tienen de darle información, conocimiento al pueblo para no ser avasallados en sus derechos, de lo contrario unos pocos privilegiados, entre ellos escribanos, inmobiliarias y otros privados, se quedaban con la tierra, como el caso de Villa Cordobita.

También ahondó en la nula respuesta política sobre sus demandas, que de existir un Estado presente y eficiente no surgirían los movimientos que ellos representan.

Altamirano siguió con sus consignas, prometiendo no ceder un ápice en sus modales ni accionar. Aquellos bombos que se escuchaban desde abajo e inquietaban a varios, seguirían sonando, a pesar de las represalias por venir, sea con condena o no.

Los últimos testigos

Antes de iniciar los alegatos, el juez Héctor Torrens dio lugar a los últimos testigos citados por las partes. Uno de ellos fue el presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik, quien fue indagado por la defensa acerca de la relación del Municipio como las gestiones conjuntas realizadas con la agrupación, como así también respondió sobre su situación particular acerca de cómo se hizo de un lote lindero a su propiedad. Asuntos ampliamente difundidos oportunamente y que no merecieron reproche penal alguno con una causa que fue archivada por un fiscal olavarriense.

También pasó frente al juez Silvia Peralta, quien reconoció que oportunamente formó parte del grupo que tomó un lote de los que la agrupación había resuelto ocupar, ya que ella como otros tantos vecinos estaba necesitada de un techo.

Brindó detalles de cómo fue la convocatoria, de las asambleas y lo que tenían que llevar a la hora de hacer la toma masiva, hasta que se peleó con la propia Altamirano cuando se ordenaron distintas directivas sobre las guardias a la hora de custodiar la toma. A la vez, dijo que empezó a tener diferencias por los mecanismos violentos que se habían impuesto, por caso, sobre la posibilidad de tirar piedras y utilizar palos ante una eventual resistencia por un desalojo. También confió que Altamirano pedía que fueran a la toma con los chicos menores porque por protocolo la policía y la Justicia no los podían sacar.