Venta de lotes
La Cámara Federal ratificó el procesamiento y embargo al abogado acusado de estafas
El juez federal de Azul, Martín Bava había resuelto el año pasado el procesamiento de los acusados de integrar una organización dedicada a la estafa de adquisición y ventas de lotes en la ciudad. Un abogado tandilense y una escribana azuleña quedaron imputados y se les trabó un embargo por dos millones de pesos cada uno. Ahora la Cámara Federal ratificó la resolución.
En una reciente resolución, el tribunal federal de alzada de Mar del Plata ratificó el procesamiento y embargo para el abogado tandilense Sebastián Romay, sindicado como parte de una organización que estafó a vecinos con la falsificación de documentos públicos en venta de lotes. También quedó implicada una escribana azuleña.
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La causa se inició en la fiscalía federal local a partir de la denuncia que realizó un damnificado en relación a una transacción inmobiliaria que no habría llegado a concretarse ante la sospecha sobre una escritura falsa, pero que dio inicio a una pesquisa.
Según trascendió en aquellos días, se trató de un grupo de personas que se dedicaría a la falsificación de escrituras e instrumentos públicos relativos a propiedades en Tandil en particular, y que operaría con una escribanía con asiento en Azul para completar el procedimiento.
Por esos días, se realizaron allanamientos en un estudio jurídico ubicado en Pinto 1089, donde funcionan las oficinas del abogado Romay, en una imprenta de Montevideo 180, en dos domicilios, en Roca 1529 y en Cabral al 2200, y en una escribanía en Roca 428 en la ciudad de Azul. En esas inspecciones se secuestró documentación que, según trascendió por los investigadores, permitía corroborar una de las hipótesis planteadas durante la investigación, pesquisa que arribó a la resolución del juez Bava ahora ratificado por los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez.
La operatoria
Como oportunamente se detalló, el modus operandi puesto en marcha apuntaría a la falsificación de los instrumentos necesarios para otorgar las escrituras de traslación de dominio, tal cual se desprendió de la denuncia del damnificado.
Los delitos endilgados fueron tipificados como “falsificación de instrumentos públicos (artículo 292 del Código Penal de la Nación) y defraudación”.
La causa se inició en la fiscalía federal local a partir de la denuncia que realizó un damnificado en relación a una transacción inmobiliaria que no habría llegado a concretarse ante la sospecha sobre una escritura falsa, pero que dio inicio a una pesquisa.
Según trascendió en aquellos días, se trataría de un grupo de personas que se dedicaría a la falsificación de escrituras e instrumentos públicos relativos a propiedades en Tandil en particular, y que operaría con una escribanía con asiento en Azul para completar el procedimiento.
En concreto, el despliegue de la fuerza federal se llevó a cabo en un estudio jurídico ubicado en Pinto 1089, donde funcionan las oficinas del abogado Romay, en una imprenta de Montevideo 180, en dos domicilios, en Roca 1529 y en Cabral al 2200, y en una escribanía en Roca 428 en la ciudad de Azul. En esas inspecciones se produjo el secuestro de documentación que, según trascendió por las fuentes consultadas, permitiría corroborar una de las hipótesis planteadas durante la investigación.
La resolución
Al decir del juez Bava, “Juan José Stip, María Dolores Palacio, y Sebastián Eduardo Romay, con habitualidad y de manera organizada y/o asociada, cada uno en nombre propio, incorporaron datos espurios en la confección de dos escrituras públicas con el propósito de engañar al pretenso comprador y así poder perfeccionar la venta de un inmueble registrado, cuya propiedad corresponde a una mujer, con el fin de obtener un beneficio económico”.
Las maniobras atribuidas, en el presente a Palacio y Romay, las que damnificaron patrimonialmente al vecino tandilense aparecen acreditadas, al decir del juez, de modo indiscutible.
“Los elementos colectados a lo largo de la investigación me persuaden de presumir con el grado propio que permite razonar una convicción certera en cuanto a la maniobra engañosa de la que fue víctima el denunciante”, señaló el magistrado.
Los profesiones
El juez subrayó en su resolución que la maniobra delictiva se habría perfeccionado con la participación de los profesionales que permitieron otorgarle al acto la apariencia de verosimilitud requerida para su efectiva concreción.
En ese sentido, tanto la escribana Palacio como el abogado Romay, tomaron parte activa en la maniobra, con relación a la notaría, en la confección y suscripción de las escrituras, y respecto del abogado, en la elaboración de un boleto de compraventa de manera previa, además de la gestión de los trámites en la transmisión del dominio del vehículo entregado como parte de pago por el damnificado, se esgrimió.
Esa participación encuentra sustento probatorio en el propio documento adulterado y en los documentos identificados en los soportes informáticos que fueron secuestrados en los allanamientos.
Medidas Cautelares
A la hora de imponer medidas cautelares, Bava evaluó sobre la prisión preventiva que el delito atribuido prevé una pena de prisión cuya escala penal oscila entre uno y seis años de prisión, por lo que resulta excarcelable.
Sin perjuicio de ello, consideró que debía imponerse a los encausados la obligación de constituir domicilio y se les aplicará la prohibición de salir del país, debiendo en todo caso solicitar previamente y con antelación autorización a este Juzgado
A su vez, se resolvió imponer un embargo, fijando una suma de dos millones de pesos.