CAUSA HIPÓDROMO
La acusación pidió condena para los funcionarios acusados y la defensa que se dicte la absolución
Apelando a herramientas técnicas en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el TOC 1 logró concluir el dilatado juicio por las irregularidades de la primera concesión del Hipódromo. A través de alegatos “virtuales”, el fiscal pidió prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos a los funcionarios acusados. Asimismo, solicitó abrir nueva investigación contra los hijos del empresario Blanco y nuevamente contra el exsecretario de Desarrollo Local Oscar Maggiori, además de “Piedrita” Rodríguez. Para la defensa no hubo responsabilidades penales y exigió las absoluciones de sus pupilos.
Si algo le faltaba a la dilatada instrucción penal que llevó adelante la investigación por el presunto delito cometido por funcionarios lunghistas frente a lo que fue la controvertida concesión del Hipódromo, era que estuviera atravesada por una mismísima pandemia, emergencia sanitaria que, como en prácticamente todos los rubros, incluso los judiciales, trastocó la programación prevista.
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En el caso del juicio en cuestión, cuya densidad probatoria y horas-hombre utilizados no recuerda semejante tiempo demandado en la historia judicial local, los actores debieron apelar a las herramientas tecnológicas para no echar a perder todo lo trabajado desplegado, incluso con el riesgo de que, de no encontrar un epílogo procesal, todo volviera a fojas cero.
En ese tren, el Tribunal, Ministerio Público y Defensoría, con la anuencia de los dos funcionarios imputados (Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia), acordaron avanzar con audiencias virtuales lo concerniente a dar por cerrada la etapa de prueba y conceder los respectivos alegatos.
Cabe consignar que en medio de la incertidumbre epidemiológica, se analizó realizar sendas audiencias de alegatos presencialmente, pero fue desaconsejado ya que dentro de los protagonistas de esta historia litigada había personas consideradas dentro del grupo de riesgo por la edad.
Fue así, que vía whatsapp, primero, y a través del registro fílmico después, fiscal y defensor protagonizaron sus respectivos alegatos, soporte técnico que quedó en manos de los jueces del TOC 1, quien en las próximas horas ventilarán su veredicto frente al debate oportunamente detallado en estas páginas.
Como se informó, tras las varias y extensas audiencias del juicio, quedó en claro que las irregularidades ventiladas en el recinto dejaron ser materia de discusión entre las partes. Lo que quedaba por resolver es si dichas anomalías merecen un reproche penal para los aquí acusados y, eventualmente, algún funcionario más, a partir de lo que el juicio evidenció en materia de responsabilidades políticas frente a la concesión cuestionada.
Efectivamente, por ese hilo argumentativo surcaron los alegatos del fiscal Marcos Eguzquiza y el defensor Jorge Dames, quienes en un alegato virtual que demandó unas cuatro horas cada uno, aproximadamente, ratificaron sus tesis frente a las responsabilidades penales de los llevados a juicio, como así también para otros actores que no estuvieron presentes físicamente en el debate, pero que fueron insistentemente nombrados en este histórico juicio que llegó a su fin, al aguardo de la opinión y sentencia de los jueces y eventuales apelaciones de las partes.
Los alegatos
Al turno del alegato fiscal, Eguzquiza ratificó el delito cometido por Espondaburu, cuando estuvo a cargo de la secretaría desde diciembre de 2007 a abril de 2010.
Para el acusador, como responsable de la Secretaría de Desarrollo Local se hallaba a cargo del control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo de Tandil, entre ellas asegurar la calidad de los servicios, la continuidad de la prestación, el control, fiscalización y verificación de las normas en vigencia y el cumplimiento del contrato de concesión, conforme lo estipulaba la cláusula de la concesión.
En ese escenario, el exfuncionario omitió y retardo efectuar los controles a los que se hallaba obligado.
Respecto a Guillermo Alassia, para el fiscal quedó demostrado que los camiones regadores que estaban a su cargo fueron dispuestos en forma “ilegítima” en provecho de la empresa Vista Serrana, siendo solventadas las reparaciones como los gastos del camión por el erario público, utilizando a su vez empleados municipales en forma irregular, a quienes se les pagaban horas en negro.
Concluyendo, el fiscal calificó el delito endilgado a Espondaburu como “Incumplimiento de los Deberes de funcionario público”, peticionando consecuentemente la pena de 12 mil pesos de multa e inhabilitación especial de un año para el ejercicio de cargos públicos. A su vez, solicitó que se le imponga la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de ocho años por entender que existió en el accionar del imputado una clara incompetencia en su ejercicio, entiendo se demostró su falta de aptitud y destreza para las funciones que le fueron delegadas.
Para Alassia, en tanto, ratificó el delito de “Peculado”, por lo que solicitó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
La defensa
Respecto a los argumentos del defensor Dames, redundó en lo que se vino explayando desde el inicio del juicio, incluso con el comparendo del propio intendente Miguel Lunghi y buena parte de los integrantes de la primera línea de gabinete por esos días, acerca de que se trató de una decisión política en pos de recuperar un predio histórico abandonado por décadas y en peligro de extinción. Decisión que permitió no solo poner en valor el citado circo de carreras si no revitalizar la populosa barriada de Villa Aguirre, muchas veces postergada por esa barrera imaginaria que traza la Ruta 226.
Asimismo, y puntualmente sobre los acusados, el defensor insistió en que Pedro Espondaburu no tuvo mayor injerencia sobre una temática que a todas luces “heredó” del anterior secretario de Desarrollo Local, Oscar Maggiori, y que, en todo caso, quien llevaba las riendas de la concesión era el por entonces jefe de Gabinete Carlos Fernández.
Para con el director de Vialidad, Guillermo Alassia, se subrayó que sólo acató órdenes de sus superiores, respecto al servicio del camión regador.
Así, en resumidas cuentas, para la defensa no hubo responsabilidades penales y, por obvia consecuencia debían ser absueltos de culpa y cargo.
Nuevas causas para más responsables
Un dato no menor surgió del alegato del acusador, detalle que se respiraba en el aire tribunalicio tras el curso de las audiencias informadas. Para el fiscal, cabía la posibilidad de más responsables de los que finalmente arribaron al juicio, por lo que peticionó abrir nuevas causas para investigar a otros actores.
A saber, de lo que trascendió del alegato, Eguzquiza propuso investigar el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano Blanco y Carolina Blanco, hijos ambos de Daniel Blanco (fallecido), y quienes conforme surgió en el juicio, tenían una intervención en la concesión muy activa.
A su vez, planteó investigar la posible participación necesaria en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública que pudo ser cometido por el Oscar Maggiori (oportunamente absuelto por prescripción), Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez y los miembros de la comisión de seguimiento, quienes tenían estos últimos a su cargo controlar las rendiciones de los subsidios trimestrales que la Provincia entregaba al concesionario.
