Hoy se conocerá la suerte procesal de Griselda Altamirano y Jorge Lezica, acusados de delitos en Tandil y Azul
A media mañana de hoy, el juez del Correccional Héctor Torrens, dará a conocer su veredicto en torno al debate oral y público celebrado semanas atrás en Azul, donde un importante marco de militantes del Movimiento 1 de Octubre acompañó en las puertas del palacio judicial los alcances del singular juicio contra sus líderes, Griselda Altamirano y Jorge Lezica.
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Como se informó detalladamente en ediciones pasadas, cerrada la etapa de prueba se sucedieron los alegatos de las partes, por las cuales la acusación mantuvo sus imputaciones y la defensa alegó las respectivas absoluciones, a sabiendas que ya un par de imputaciones (la agresión al exfuncionario municipal José Denisio (f) y las amenazas denunciados por asistentes sociales en Azul) habían sido descartadas desde la primera hora de iniciado el juicio al declararse la prescripión de los mismos.
Entonces, quedó en discusión la toma masiva de lotes en Villa Cordobita más un incidente entre vecinos, por Tandil, más la ocupación del Municipio azuleño que mereció el desalojo compulsivo con las delicadas consecuencias posteriores.
El dato distintivo del pedido de condena de los fiscales versó sobre exigir la prisión de cumplimiento efectivo, severidad que a priori resultaría poco probable al decir de los expertos judiciales ante la envergadura de ilícitos que están en pugna.
Como se informó, resolución nada fácil para el magistrado a cargo de dictar sentencia. A nadie escapa que además de la discusión jurídica sobre los delitos ventilados, está la política y sus dirigentes detrás, siguiendo atentamente el desenlace judicial. Una absolución podría representar en mensaje “peligroso” para muchos de los que siguieron atentos el devenir del accionar de este como otros movimientos sociales con sus protestas detrás. Una condena “ejemplificadora” podría contar con otros tantos detractores que hacen al criterio de valorar un derecho sobre otros.
Las posturas
En lo estrictamente penal, para la acusación quedó probada la responsabilidad de sendos imputados y, en conjunto, los fiscales Luis Piotti y Laura Margaretic pidieron tres y dos años de prisión para Altamirano y Lezica, respectivamente, de cumplimiento efectivo. La moción contaría con la adhesión del particular damnificado.
La defensa, en tanto, apelaría al amparo irrestricto de la protesta social como derecho supremo y, ante ello, la exigencia de la absolución.
Como trasfondo del debate por demás interesante de las partes y que mereció el pedido de réplica de uno y otro, quedó flotando en el pesado aire tribunalicio aquello de las necesidades básicas insatisfechas y del derecho a reclamar en tanto y en cuanto no se traspasen límites que, al decir de los fiscales, los díscolos dirigentes políticos rebasaron.
Llevándolo al llano, la discusión se adentró en dónde empiezan los derechos de uno y cuándo afectan a los demás y se zambulló en discusiones que se replican a diario en Capital Federal ante cada protesta callejera y los famosos piquetes (el derecho a la protesta versus el derecho a circular), y que de tanto en tanto, aunque cada vez con mayor frecuencia, empieza a replicarse por estos lares.
Por lo pronto, en el aquí y ahora, el juez deberá resolver si la pareja de señalados montó y perpetró el delito de la usurpación masiva en Villa Cordobita, independientemente de la fragilidad de la titularidad de los lotes en disputa. También, discernir sobre la ocupación, daños, resistencia a la autoridad e instigación al delito en el Municipio vecino, más allá del reclamo social con el que se había propiciado la movilización.
Seguramente hoy a la mañana la escena de aquellos bombos y bombas de estruendo que mantuvieron inquieta a la fuerza policial de custodia como a los actores judiciales durante días, se replicará, incluso con mayor vehemencia. Lo que se ventile desde el estrado judicial, servirá para alimentar aquel descontento manifestado por los activistas de un sistema al que dicen combatir y que están dispuestos a someterse al devenir judicial, más allá de también de poner en duda su credibilidad.
