Este lunes comienza en Azul el juicio contra Altamirano y Lezica por causas penales acumuladas
Los dirigentes del Movimiento 1 de Octubre y otras 9 personas enfrentarán un juicio por usurpación, daños calificados, resistencia la autoridad, perturbación del acto legítimo e instigación a cometer delitos. Los hechos juzgados ocurrieron entre 2015 y 2017 en Tandil y Azul. Están previstas cinco jornadas de debate. “Ir presos es consecuencia de enfrentar a la oligarquía y a la burguesía”, dictaminó Altamirano, quien denunció persecución a su agrupación.
Este lunes comienza el juicio a Griselda Altamirano, Jorge Lezica y otros 9 integrantes del Movimiento 1 de Octubre por una acumulación de causas penales en la justicia ordinaria, instrucciones iniciadas desde 2015 hasta 2017. Dentro del panorama judicial que afrontan los dirigentes, la causa más complicada por sus eventuales consecuencias penales es la que afrontará Altamirano en torno a los sucesos ocurridos en la ciudad vecina, donde la fiscal Margaretic le endilga el delito de inctigación al delito. Es preciso aclarar que los expedientes iniciados el año pasado por “Averiguación de delito” por el corte de la Ruta 226, el bloqueo a la sede regional de Anses y el piquete frente a la subdelegación de la Policía Federal, corren por el carril de la justicia federal.
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La acumulación de causas obedece al pedido solicitado por los imputados de usurpación, daños calificados, resistencia la autoridad, perturbación del acto legítimo e instigación a cometer delitos, de tener un juicio único que determine una sola pena.
La semana que se avecina se iniciará la instancia de juicio oral que tendrá lugar durante cinco días corridos, previéndose que el viernes será el tiempo de alegatos de las partes.
Precisamente serán los fiscales de juicio María Laura Margaretic, de Azul, y Luis Piotti, de Tandil, y el defensor de los militantes será el abogado Ariel Pellegrino. Las audiencias se celebrarán en la sala del Juzgado Correccional 2, a cargo del juez Héctor Torrens.
Los hechos
Sobre los hechos investigados, la reseña indica que en agosto de 2015, la agrupación 1 de Octubre, encabezada por Griselda Altamirano y Jorge “Mono” Lezica, se movilizó en tres oportunidades hasta el Concejo Deliberante local para reclamar que se trate sobre tablas la adhesión a la Ley de Hábitat.
Ante la rotunda insistencia de los manifestantes, en cada una de las ocasiones los bloques resolvieron suspender la sesión.
En septiembre del mismo año tuvo lugar la toma de los terrenos de Villa Cordobita. Las 130 familias que se encontraban tomando el predio fueron desalojadas por las fuerzas de seguridad.
Los ocupantes habían denunciado la especulación que se hacía de los terrenos a partir del usucapión (adquisición de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley) con contactos del Estado.
La comuna impulsó acciones por delitos contra el orden público contra los responsables de la toma y el Intendente expresó su “rechazo y repudio total” contra la ocupación de tierras en esa zona, considerando que “no se puede permitir que se transgreda la ley y todas las normas de convivencia” y aseguró que “somos respetuosos del trabajo de la Justicia y esperamos las determinaciones que se tomen”.
En noviembre, el entonces subsecretario de Protección Ciudadana José Denisio, ya fallecido, formalizó una denuncia por “daños y agresión” en la fiscalía contra uno de los referentes de la agrupación 1 de Octubre, Jorge Lezica, quien -en el marco de una manifestación en el Municipio- le arrojó materia fecal y orina que tenía en una botella. Además, se labró una denuncia por impedir el acceso a la sede del Departamento Ejecutivo.
El 27 de abril de 2016, Griselda y dos compañeras “se disfrazaron de burguesas” y burlaron el control policial de acceso al Palacio Municipal. Una vez en el interior, se encadenaron en las escalinatas del Municipio y permanecieron allí iniciando a su vez una huelga de hambre, en protesta por alimentos frescos para los comedores de la agrupación. Así fue que desde las 13.20, hora en que lograron ingresar, permanecieron hasta las 23, cuando fueron desalojadas por la fuerza por los efectivos policiales ante la negativa a retirarse por su voluntad.
La imputación más densa y gravosa versa sobre la toma al edificio de la municipalidad de Azul. El hecho se remonta al 22 de mayo de 2017, cuando un grupo de manifestantes del movimiento tomaron la dependencia municipal de la vecina localidad y pasaron allí la noche.
Una importante cantidad de efectivos policiales hizo cumplir la orden de desalojo que había solicitado la fiscal Laura Margaretic, a instancias de la denuncia penal que realizó el intendente de dicha ciudad, Hernán Bertellys.
La policía ingresó al municipio alrededor de las 8 y, en medio del procedimiento, detuvo a Griselda Altamirano y a otros tres manifestantes por resistencia a la autoridad.
La referente permaneció detenida en aquella oportunidad durante 6 días por orden de la jueza de Garantías Magdalena Forbes, a pedido de la fiscal Laura Margaretic, por estar acusada de ser coautora del delito de usurpación y autora de “Resistencia a la autoridad, Amenazas reiteradas, Lesiones Leves Calificadas Reiteradas e Instigación al Delito”.
Según Altamirano, en este caso hay falsos testimonios de los policías que le endilgan la autoría de lesiones y agresiones. “Supuestamente le rompí los meñiques a dos comisarios y le pegué a una mujer policía en el primer piso, donde nunca estuve. Hay seis delitos en concurso real”, explicó en diálogo con El Eco de Tandil.
El juicio
Altamirano contó a este medio que además de pedir la acumulación de causas, presentaron un pedido de suspensión “porque hay una causa que quedó colgada y entró en Correccional esta semana, queremos que entren las seis juntas “. Si bien informó que son 11 los acusados que irán al banquillo, las mayores responsabilidades se ciernen sobre su persona. Sobre el incidente presentado por la defensa de los acusados, el magistrado ya los rechazó por lo que se desprende que no hay margen a más demoras a la hora de iniciar el debate.
“Entre los delitos endilgados hay varios que no son excarcelables, por ejemplo, los de la toma de la municipalidad de Azul. La defensa aún no organizó qué día se celebra cada juicio para organizar los testigos, va medio desprolijo. Es un juicio político. Amontonan gente que va a decir que soy mala, violenta y no respeto la ley. Lo que buscan es una condena”, expuso la combativa referente social.
“Tocar bombos en el Concejo Deliberante es de cumplimiento efectivo, es una Perturbación del acto legítimo. Qué voy a tener miedo de ir presa si yo sé lo que significa pelear contra este sistema, este Estado burgués, yo quiero que las reglas del juego sean claras, me ajusto a derecho y lo acepto, pero que sea legalmente correcto”, señaló y enfatizó que en su afán de encarcelarla, van a tratar de torcer los rumbos del litigio.
“Me dejan una causa afuera, no me dejan notificar testigos en tiempo y forma, tratan de que no vaya el Intendente, nosotros citamos a Lunghi, a Frolik, a Nicolini. Quieren tapar el negocio inmobiliario que siempre hubo en Tandil. De ahí en adelante discutamos el déficit habitacional y discutamos la toma de tierras”, añadió.
“Ir presos es consecuencia de enfrentar a la oligarquía y a la burguesía”
Altamirano denunció lo que considera una “persecución” a su organización y remarcó que “por tocar el bombo yo voy a juicio, y hay un sindicato que tiró pirotecnia dentro de la Municipalidad y no les pasa nada”.
Desde su óptica, la líder del Movimiento 1 de Octubre analizó que una democracia con tanta formalidad termina siendo una dictadura en los hechos concretos. “Está el que hace y el que deja hacer. La complicidad de las organizaciones políticas y sociales que dejan que esto sucede porque esperan obtener un puesto en las elecciones”, ponderó.
Consultada sobre cuál sería el peor escenario posible para ella, Griselda aseguró que son los de la oligarquía que va a la justicia burguesa
“Hay atenuantes y agravantes, yo sólo tengo agravante y entonces van a pedir la pena máxima. Si la condena es de seis meses a dos años, a mí me piden dos años, porque yo hago eso porque quiero, a conciencia y por voluntad. Como sé lo que hago y mi cuestión es ideológica me piden el máximo de la pena en todas las causas. Ellos podrían imponer una pena total de 15 años por todos los delitos y arreglamos en cinco, ellos buscan una condena que no sea excarcelable”, ejemplificó. Para que una pena sea de cumplimiento efectivo, la punición contemplada en el Código Penal tiene que ser superior a los tres años.
“Insistimos en que el sistema se rompe solamente con la lucha popular, vamos a acompañar el juicio con nuestros compañeros movilizados. Ir presos es consecuencia de enfrentar a la oligarquía y a la burguesía. La única organización peligrosa para sus intereses somos nosotros, los intereses del pueblo son contrarios a los de las clases dominantes”, defendió.
