Juicio por la causa del Hipódromo
El hombre que fue contratado para “ver” lo que al lunghismo no le interesaba saber
En un nuevo capítulo en el juicio por la causa del Hipódromo, declaró el veedor que fue contratado por el Municipio para verificar el estado del circo de carreras en tiempo de denuncias por irregularidades. El testigo ratificó sus lapidarios informes que mensualmente eran remitidos al Gobierno y que, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta por la comuna. Los informes de las carreras que corroboraba el veedor y las que el concesionario presentaba a la comuna. Una deferencia sensible que iba en detrimento del erario público a través del canon.
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice el refrán. Y algo de eso volvió a exponerse en la antepenúltima audiencia del juicio en el que se ventila las irregularidades en el Hipódromo de Villa Aguirre en tiempos de la concesión de Vistas Serranas, por lo cual los funcionarios lunghistas Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia aguardan un veredicto.
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Ya lo habían dejado en claro con sus propios testimonios desde el jefe comunal Miguel Lunghi hasta sus principales colaboradores. La defensa de sostener el circo de carreras abierto y en condiciones de ser entregado a sus dueños (el Club Hípico) a pesar de las falencias detectadas. En todo caso, las irregularidades debían ser atendidas por la Provincia.
No importaba cobrar el canon pautado por contrato. Y, al parecer, también relativizaron el riesgo que corrían aquellos trabajadores de la hípica en el predio frente a las obras de infraestructura no realizadas.
Por eso, poco importaba también lo que el veedor que ellos mismos contrataron y al que se pagó religiosamente un sueldo hasta que se le exigió la renuncia por razones poco claras. Otras de las tantas rarezas y singularidades de una convivencia entre el Municipio y un concesionario que derivó en la convicción del Ministerio Público de que se cometieron delitos y por eso las respectivas imputaciones.
Sería ese “veedor que vio” las falencias lo que no interesaba ver quien acapararía la nueva jornada judicial en el Tribunal, quien por un par de horas debió ratificar aquellos lapidarios informes que eran entregados mensualmente al jefe de Gabinete –hoy diputado- Carlos Fernández, primero, y Juan Pablo Frolik después.
Su comparendo no era uno más. Resultó clave para el interés del acusador Marcos Eguzquiza que, una vez más, con meticulosidad, dejaría el desnudo que el Municipio no solo no controló el cumplimiento de las obras asumidas por el empresario en el circo de carreras, tampoco se preocupó por cobrar lo que le correspondía por contrato en materia de canon.
A más precisiones, entre otras rigurosas observaciones del veedor municipal, daba cuenta mensualmente sobre la cantidad de carreras que se realizaban en el Hipódromo, mientras que a la hora de rendir cuentas Vistas Serranas informaba un número menor de competencias por las cuales, claro está, cobraba el subsidio para los consiguientes premios a las apuestas. Ergo, el Municipio cobraba menos de lo que correspondía, según el contrato firmado por ellos mismos.
También quedó contundentemente en claro el anodino rol del aquí acusado exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, sobre quien ningún actor de la actividad turfística conoció ni el mismísimo veedor dijo saber de él. Aseveró que él fue contratado por Carlos Fernández y a él se dirigía con los informes.
Como el propio funcionario hoy diputado nacional atestiguó en la anterior audiencia, Espondaburu “heredó” la concesión al quedar al frente de la secretaría que había dejado el mentor de dicha iniciativa, Oscar Maggiori, por lo que los reportes de lo que pasaba o dejaba de pasar le serpenteaban sin más.
Por eso no resulta extraño, entonces, el recurrente interrogante de porqué solamente terminaron Espondaburu y Alassia en el banquillo de los acusados (Maggiori fue absuelto por prescripción), cuando a todas luces había más responsables, con mayor jerarquía al comando de una política de dejar hacer –o no hacer- hasta cumplir con la concesión y a favor de mantener en pie un patrimonio rescatado. Postulación que servirá a la defensa de Jorge Dames a la hora de “salvar” a sus pupilos procesales.
La historia del veedor
A las 10 del lunes ingresó a la sala de debate Horacio Rodríguez, médico veterinario de profesión, dedicado desde siempre a la parte equina y, desde el 17 de julio de 2008 notificado de su designación como personal contratado por el Municipio para ser veedor de lo que acontecía en el Hipódromo de Villa Aguirre.
Recordó el testigo que su contratación devino de un llamado del exdirector de Bromatología Omar Olivera, quien le comentó sobre la necesidad de ocupar ese cargo y lo contactó directamente con el jefe de Gabinete de aquellos años, Carlos Fernández.
Con el funcionario arreglaría las condiciones laborales y le reportaría los informes que fuera confeccionando a partir de sus inspecciones en el circo de carreras.
Según relató, el propio Fernández le puso como condición que realizara informes concisos, objetivos, sin opinar. Que no se dejara sobornar. Exigencia que cumplió religiosamente desde su primer reporte oficial, en agosto de 2008.
Previamente, acudió al Hipódromo de La Plata para tener una acabada idea de las exigencias y controles para con la actividad y así poder llevarlo al plano local. Allí observó sobre la exigencia de la libreta sanitaria, el pasaporte para los equinos y demás menesteres que hacen a la participación de un pura sangre en una competencia. También tomó nota sobre el estado del circo de carreras, de la hotelería y todo aquello que conforma la infraestructura de predio de esta naturaleza. Con esa vara arribó a Villa Aguirre, donde desde un inicio, se topó con la resistencia de los responsables de la concesión, quienes no lo dejaban ingresar, primero, y perturbaban su estadía con hostiles tratos después.
Igualmente Rodríguez se mantuvo en su rol y a pesar de las rispideces vividas con los administradores y responsables del predio, siguió estoicamente con su labor y plasmó en papel lapidarios informes sobre las irregularidades detectadas.
“A la pista siempre la faltaba mantenimiento”. “La empalizada estaba en malas condiciones”. “los stud, el tatterssal, eran muy precarios”, serían algunas de las apreciaciones de un hombre que precisamente habían contratado para que viera lo que ellos no querían ver o no les interesaba saber, al decir de lo que expusieron Lunghi, Fernández y compañía.
El cambio de rumbo
Hasta que arribó a la jefatura de Gabinete Juan Pablo Frolik, quien lo convocó al tomar vistas de uno de sus informes en los que daba cuenta que el camión regador municipal seguía prestando el servicio en la pista de carreras. El hoy concejal en persona, tomó el teléfono delante de él –relató- y llamó a alguien para cortar con dicha colaboración.
Su relación contractual con sus respectivos informes siguió hasta diciembre de 2011, cuando Helena Berestain y Gabriel Bayerque, por entonces a cargo del seguimiento de la concesión designados por Frolik, le pidieron la renuncia por razones también poco claras.
A más rareza y llamativas situaciones, Rodríguez presentó su renuncia pero igualmente siguió cobrando el sueldo por un año y medio más, hasta que finalmente en marzo de 2013 fue notificado por la Dirección de Personal sobre su dimisión.
Al turno del interrogatorio defensista, Dames dejó entrever con sus preguntas algún interés particular o que tuvo Rodríguez para con algunos actores de la actividad turfística que lo llevaron a redactar semejantes informes negativos para con el Hipódromo.
Ya yendo al grano, el abogado le preguntaría sobre su relación con el denunciante Cuenca y con el veterinario y dirigente político Marcelo Valle.
Sobre el primero aludió a una relación laboral. Cuenca era y es su cliente y atendió sus caballos tanto en el hipódromo como en su vivienda particular. Respecto a Valle, compañeros de facultad recibidos en la misma promoción y amigos hasta la actualidad.
Respecto a ambas relaciones, aseveró que evitó con ambos referirse al Hipódromo cuando ocupó el rol de veedor, en pos de no “mezclar” las cosas.
Ya sin mucho más por aportar y sin testigos a la vista, el Tribunal dio por culminada la audiencia, fijando para el próximo martes lo que será la última jornada para presentar prueba de ambas partes, para la cual se prevé el comparendo del contador municipal, a cargo de finanzas Luis Jensen y, factiblemente se de lectura a pedido de la defensa las declaraciones que oportunamente realizaron en la causa los dos funcionarios hoy acusados.
Ya sin testimonios por escuchar, quedará a confirmar el día en que se dará el capítulo exclusivo de las partes, cuando fiscal y defensa aleguen sus respectivas hipótesis con el respectivo pedido de condena o absolución, según sus respectivos criterios. Más luego, se aguardará por el veredicto de los jueces que, en definitiva, resolverán si las irregularidades ventiladas sobre la concesión del Hipódromo constituyeron un delito y, consecuentemente, merecen un reproche penal.
