El Colegio de Abogados abrió causa disciplinaria contra el letrado tandilense procesado por estafas

En una reciente resolución del Colegio de Abogados se declaró que hay méritos suficientes para abrir una causa disciplinaria contra el letrado Sebastián Romay, procesado en la Justicia Federal, acusado de integrar una organización dedicada a la estafa de adquisición y ventas de lotes en la ciudad. 

Como oportunamente se informó, el tribunal federal de alzada de Mar del Plata ratificó el procesamiento y embargo para el abogado tandilense Sebastián Romay, sindicado como parte de una organización que estafó a vecinos con la falsificación de documentos públicos en venta de lotes. También quedó implicada una escribana azuleña. 

La causa se inició en la fiscalía federal local a partir de la denuncia que realizó un damnificado en relación a una transacción inmobiliaria que no habría llegado a concretarse ante la sospecha sobre una escritura falsa, pero que dio inicio a una pesquisa.

Según trascendió en aquellos días, se trató de un grupo de personas que se dedicaría a la falsificación de escrituras e instrumentos públicos relativos a propiedades en Tandil en particular, y que operaría con una escribanía con asiento en Azul para completar el procedimiento.

La operatoria

Como oportunamente se detalló, el modus operandi puesto en marcha apuntaría a la falsificación de los instrumentos necesarios para otorgar las escrituras de traslación de dominio, tal cual se desprendió de la denuncia del damnificado.

Los delitos endilgados fueron tipificados como “falsificación de instrumentos públicos (artículo 292 del Código Penal de la Nación) y defraudación”.

La causa se inició en la fiscalía federal local a partir de la denuncia que realizó un damnificado en relación a una transacción inmobiliaria que no habría llegado a concretarse ante la sospecha sobre una escritura falsa, pero que dio inicio a una pesquisa.

Según trascendió en aquellos días, se trataría de un grupo de personas que se dedicaría a la falsificación de escrituras e instrumentos públicos relativos a propiedades en Tandil en particular, y que operaría con una escribanía con asiento en Azul para completar el procedimiento.

En concreto, el despliegue de la fuerza federal se llevó a cabo en un estudio jurídico ubicado en Pinto 1089, donde funcionan las oficinas del abogado Romay, en una imprenta de Montevideo 180, en dos domicilios, en Roca 1529 y en Cabral al 2200, y en una escribanía en Roca 428 en la ciudad de Azul. En esas inspecciones se produjo el secuestro de documentación que, según trascendió por las fuentes consultadas, permitiría corroborar una de las hipótesis planteadas durante la investigación. 

A la hora de imponer medidas cautelares, se evaluó sobre la prisión preventiva que el delito atribuido prevé una pena de prisión cuya escala penal oscila entre uno y seis años de prisión, por lo que resulta excarcelable.

Sin perjuicio de ello, se consideró que debía imponerse a los encausados la obligación de constituir domicilio y se les aplicará la prohibición de salir del país, debiendo en todo caso solicitar previamente y con antelación autorización a este Juzgado

A su vez, se resolvió imponer un embargo, fijando una suma de dos millones de pesos.