Decretaron la detención de cuatro de los once sospechados de conformar una banda dedicada al narcomenudeo
Con el paso de las horas hubo definiciones procesales en torno a la frondosa causa que derivó en múltiples allanamientos el pasado viernes. Finalmente quedaron apresados dos hombres y un par de mujeres, consideradas integrantes de una organización destinada a la comercialización de estupefacientes. La imputación que se le endilgó al policía involucrado en la investigación. La causa se motorizó a partir de la denuncia de madres desesperadas porque sus hijos consumían y la adicción los llevó a vender pertenencias de la familia en pos de droga. Pormenores de la pesquisa que demandó casi dos años.
Avances significativos surgieron de la investigación judicial que derivó en múltiples allanamientos el viernes por la madrugada en la que intervinieron distintas delegaciones y subdelegaciones pertenecientes a la Agencia Regional Federal de Mar del Plata, como así también la División Investigaciones de esa región, en pos de desbaratar una organización dedicada la venta de estupefacientes al menudeo en la ciudad.
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Tal se había informado, los procedimientos se extendieron durante varias horas, dejando como resultado la aprehensión de ocho hombres y tres mujeres, además del secuestro de droga fraccionada para su comercialización, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, notebook, entre otros elementos de interés para la causa que permitió desarticular varios puntos de venta al menudeo que operaban en la ciudad.
La investigación estuvo dirigida por el titular de la Ayudantía Fiscal, Fabio Molinero, que funciona bajo la órbita de la Unidad de Instrucción Fiscal 21 de Tandil, a cargo de Guillermo Vaticano, en función de lo dispuesto por la jueza de Garantías Stella Maris Aracil, quien en las últimas horas resolvió la situación procesal de los involucrados.
De los once sindicados, dos hombres y un par de mujeres quedaron detenidos, mientras que el resto fue liberado al no alcanzar el material probatorio para resolver su privación de la libertad. Respecto al policía que también había quedado involucrado entre los demorados, el propio fiscal una vez tomada la declaración ordenó que quedara en libertad, ya que el delito endilgado alude a un encubrimiento y omisión de denuncia, figura que no amerita ser aprehendido.
Los imputados y las pruebas
Respecto a los que quedaron imputados, sindicados como los cabecillas de una organización destinada a la comercialización de droga, se decretó la detención de Carlos Augusto Larsen (40), Marcos Gustavo Suarez (45), Clara Noemí Soria (52) y Sabina Antonella Cela (27), quien permanecerá bajo arresto domiciliario por ser madre de tres menores que están a su cuidado.
De lo que se desprende de la resolución del Juzgado de Garantías 2, a cargo de la magistrada Stella Maris Aracil, suge prima facie acreditado que al menos durante diciembre de 2017 y hasta el 31 de octubre de 2019, un grupo de personas, algunas de ellas conocidas entre sí por lazos familiares y de amistad, identificados como Carlos Augusto Larsen con domicilios alternativos en calle Patagonia 865, en calle Darragueira 1934, y alternativamente en calle 11 de Septiembre 129 departamento 4, la pareja de éste Sabina Antonella Cela, Marcos Gustavo Suárez, con domicilio en calle 11 de Septiembre 129 departamento 4 y alternativamente en calle 25 de Mayo 659, piso 1, dpto. D, y Clara Noemí Soria, con domicilio en calle Movediza 451, en acuerdo organizado cumpliendo distintos roles en la actividad, utilizando diferentes líneas telefónicas, vehículos automotores, comercializaron sustancias estupefacientes -cocaína y marihuana- fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor en la ciudad, sustancias que tenían en su poder a esos fines en los domicilios indicados.
Se desprende que la droga que posteriormente era destinada a ser comercializada al menudeo era provista por Suarez a Larsen y su pareja Cela; y luego distribuida a Soria en el marco del microtráfico de dicha sustancia ilegal.
En el expediente se cita un vasto material probatorio incriminante para los señalados, en los que se destacan las escuchas telefónicas y seguimientos realizados por los policías intervinientes.
Por caso, se describió que aproximadamente las 23.30 del 31 de octubre, Suárez, Larsen y Cela fueron interceptados en el domicilio de calle 25 de Mayo cuando se disponían a ingresar al lugar. En el interior de ese domicilio se hallaron celulares utilizados para la venta de droga, agendas con anotaciones varias; del patio común del complejo de departamentos se halló cerca de un rodado estupefaciente de todo tipo y peso (testigos dieron cuenta que los sospechados buscaron desprenderse de la droga cuando se anoticiaron del arribo de la policía al lugar), además de importante suma de dinero, y demás elementos de interés para la causa.
Asimismo, se describieron sobre otros allanamientos concretados con el respectivo secuestro de material incriminante.
Al respecto, se precisó que todos los estupefacientes secuestrados se encuentran comprendidos en las previsiones de la Ley Nacional 23.737, y eran tenidos por los nombrados con fines de comercialización y para ser entregado en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, valiéndose del número de personas para obtener una mayor eficacia delictiva.
Así, se arribó a la calificación legal de “Tenencia ilegitima de sustancias estupefacientes con fines de comercialización fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, en concurso real con tenencia ilegitima de arma de fuego de uso civil –solo respecto de Carlos Augusto Larsen-“.
La denuncia de una mamá desesperada
Según se confió desde la pesquisa, la causa que demandó casi dos años fue motorizada a partir de la denuncia de madres de chicos adictos que gritaron ayuda para lograr que aquellos que les proveían la droga a sus hijos fueran apresados.
Una de las mamás supo referir que estaba “convencida que la droga la consiguen en el barrio en razón que sus hijos no salen de ahí” y que la droga se la proveía un señor de apellido Larsen.
Asimismo, contó que su hijo le sacó “la play para poder comprar droga ya que es adicto” y refirió que se encuentra en recuperación y “este Larsen a raíz de su enfermedad se aprovecha de la situación para beneficio propio”.
Supo reseñar la mujer por aquel entonces que con Larsen ya había tenido varios problemas y sabe de vieja data que vende estupefacientes los fines de semana.
Encubrimiento y omisión
Cabe reseñar que entre los demorados tras los allanamientos hubo un efectivo de la policía Bonaerense que prestaba servicios para la comisaría Primera y que cumplía tareas en el destacamento de Las Tunitas, ubicado en Juldain y Fortineros.
Por lo que trascendió de la causa, el uniformado prestó declaración ante el fiscal, quien posteriormente ordenó su liberación por el delito que finalmente quedó involucrado, acerca de un encubrimiento y omisión de denuncia agravado por su carácter de funcionario público.
