Con el libreto político bajo el brazo, funcionarios defendieron la concesión del Hipódromo y minimizaron las irregularidades denunciadas
Otro capítulo cargado de política en un ámbito tribunalicio ocurrió ayer en el juicio en el TOC 1, donde se debate la responsabilidad penal de dos funcionarios lunghistas por la polémica concesión del circo de carreras de Villa Aguirre. El diputado Carlos Fernández y los concejales Mario Civalleri y Juan Pablo Frolik, defendieron con los mismos argumentos que había utilizado el Intendente la relación contractual con Vistas Serranas. Ubicaron al Municipio en el rol de árbitro y mediador de la relación entre el concesionario y la Provincia, definida como única autoridad de aplicación. Ante las evidentes falencias en el cumplimiento del contrato, se apeló, una vez más, en el interés superior de recuperar el histórico predio por sobre las anomalías cometidas.
Una nueva audiencia se desplegó ayer en el Tribunal Criminal 1, en torno a la imputación que pesa sobre dos funcionarios lunghistas por le controvertida concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, decisión política de recupero del mítico predio que valió para el Gobierno fuertes cruces políticos y denuncias varias por las irregularidades desnudadas y falta de control, hasta llegar a la instrucción penal preparatoria que ahora se ventila en el debate.
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Precisamente este nuevo capítulo judicial iba a tener mucho de espesor político más que jurídico, a partir del comparendo de funcionarios clave de la gestión desde iniciado el lunghismo en el poder.
El ahora diputado nacional Carlos Fernández (ayer jefe de Gabinete), y los concejales Mario Civalleri y Juan Pablo Frolik, otrora secretario de Obras Públicas y de Legales, respectivamente, serían las palabras relevantes de una jornada que nuevamente se prolongó hasta media tarde con algunos escuetos intervalos de cuartos intermedios.
A sus modos y sus formas, la primera línea del Gabinete radical replicaría el guión y pensamiento que el jefe comunal expuso en el mismo banquillo de los testigos frente a los jueces. Aquello del objetivo cumplido, del interés público superior por sobre posibles “irregularidades” que, en todo caso, venían de una actividad que les resultaba ajena y estaba regida por una ley provincial – la ley del turf-, a pesar de los compromisos sellados (con puño y letra del Intendente) de hacerse totalmente responsable de la actividad en el predio de Villa Aguirre.
Las sólidas argumentaciones políticas de los lunghistas no solo buscaron poner en contexto político la empresa del recupero del circo de carreras, también pretendieron descomprimir las responsabilidades de los únicos aquí sentados como imputados, Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia, insistiendo sobre el interés general y supremo que hubo en aquellos años.
Igualmente fueron sometidos a un impertérrito fiscal que aplicó un severo interrogatorio, sorteando la retórica de los testigos e insistió sobre lo que a su entender resultan francas anomalías de incumplimiento de parte de la comuna para lo que fue la concesión para con un empresario –ya fallecido- que se llevó suculentas sumas de dinero vía subsidios provinciales.
A tal punto llegó la férrea defensa de los soldados lunghistas que dejaron en claro en la sala que el fin de la concesión no era hacer un negocio, que no importaba cobrar el canon. Lo que trascendía era la iniciativa de recuperar el predio y ponerlo en valor tal se había comprometido Lunghi en días de campaña electoral.
Por eso, consecuentemente, no hubo multas ni sanciones para con los incumplimientos del empresario Daniel Blanco. Lo que prevalecía era que la concesión no se cayera. Que continuara a pesar de los pesares, considerando que buena parte de la “embestida” sobre las citadas anomalías venían de la mano de una oposición política que quería obstruir los primeros pasos de un gobierno radical que, como nunca, se metía en asuntos populares a favor de barrios postergados.
Un círculo virtuoso
Quien primero ingresó a la sala a atestiguar fue el exjefe de Gabinete Carlos Fernández, actualmente ocupando una banca en diputados. El radical había sido citado por la propia defensa como uno de los artífices de la cuestionada concesión junto a Oscar Maggiori. De hecho, no pocos en radio pasillo se preguntan por qué Fernández no está sentado unos metros más al costado, junto a Espondaburu y Alassia, ya que en definitiva junto al exsecretario de Desarrollo Local fueron clave en acercar al concesionario con la Provincia en pos de primero lograr la habilitación para el circo de carreras y después propender a que se realice la licitación para el único oferente a la vista (Blanco), y luego arbitrar para que se paguen los subsidios provinciales.
Con la locuacidad conocida, el diputado se encargaría de reseñar a pedido del defensor sobre cómo se gestó aquella iniciativa que, a su entender, terminó aparentándose a un recupero casi épico de un sitio que cobijaba un patrimonio cultural y arquitectónico único y estaba en días de extinción, a partir de la decisión del Club Hípico de tener que lotear el predio para afrontar juicios laborales.
Fernández aludió a la ingeniería jurídica pergeñada, atípica por estos lares, para lograr un círculo virtuoso que, en definitiva, era a favor del bien general de la población. La integración de una populosa barriada postergada como Villa Aguirre, separada por el cruce de la Ruta nacional 226.
Así detalló sobre lo acordado con el Club Hípico primero y con la Provincia después, sobre quien reconoció tener una relación anterior con Jorge Piedrita Rodríguez, cuando la ciudad pugnaba por la instalación del Casino por fuera de las “cuatro avenidas”. Piedrita, como Fernández, ya eran funcionarios (uno en Lotería provincial y otro como concejal) por esos años y de allí sus conocimientos mutuos.
El exfuncionario comunal también se encargaría de subrayar que dicho contrato celebrado para la concesión resultaba inédito, incluso más allá de las fronteras serranas.
El aludido circulo virtuoso (salvar al club Hípico, tomar posesión del mítico predio, licitarlo y recuperar el citado patrimonio), fue “ensuciado” por intereses políticos de la aquella entonces oposición, al decir del legislador.
Así, el diputado arremetería sobre el clima político que se respiraba por esos días, según su lectura. Acerca de que el lunghismo estaba rompiendo estereotipos, haciéndose cargo de una política popular como era dicha actividad en Villa Aguirre.
Relativizando posibles equívocos en el proceso de concesión, Fernández (así lo había hecho Lunghi y lo replicarían los restos de los funcionarios cual guión pergeñado para la ocasión) subrayaría sobre la trascendencia política, social y cultural de la iniciativa motorizada, concluyendo con contundencia que en un par de años habían recuperado lo invertido cuando fue la puesta en valor.
A preguntas del fiscal Eguzquiza sobre lo acordado y firmado sobre el poder de contralor, Fernández apeló a la relación asimétrica de un municipio para con la Provincia, y la necesidad de llevarse lo mejor posible en pos de la gestión. Así respondería sobre lo firmado en torno a hacerse cargo como comuna de la actividad y lo que la concesión hiciera en el predio, aun considerando que por encima de cualquier contrato, convenio, había una ley de turf que estaba por encima. Ergo, la autoridad de aplicación del control de la actividad turfística era de Lotería y Casinos.
Trazando un parangón, Fernández recordó la problemática de las canteras, por la cual si bien toda la demanda social recaída sobre ellos, poca injerencia tenían a la hora del poder de contralor, y por eso la necesidad de que interviniera la Provincia como órgano vector.
La foto y la película
El exfuncionario comunal aceptaría que hubo denuncias varias, algunas fundadas y otras no tanto, siempre inscriptas en aquel contexto político adverso que marcaba la oposición y que los medios de prensa azuzaban.
Fernández eligió la figura de árbitro, de enlace, entre el concesionario y la Provincia a la hora de definir el rol del Municipio, aceptando incluso que se trató de una licitación atípica, sui generis, pero que la comuna no tenía conocimiento ni competencia en la actividad hípica.
Bajo el mismo criterio, definió el compromiso de levantar un jardín maternal como un “descuelgue” del propio concesionario y que ellos se encargaron de establecer una cláusula que les permitía cambiar el destino de dicha inversión. Cosa que se hizo, muchos años más tarde, cuando la concesión había pasado a la órbita de la jefatura, por esos años ya en manos de Juan Pablo Frolik.
Ya con poca paciencia frente al insistente interrogatorio fiscal acerca, por caso, de la falta del pago del canon, Fernández afirmó que no les importaba cobrar el canon, les importaba recuperar el histórico predio, como lo hicieron y ahora luce.
En tren de sinceridades, sobre el no cumplimiento del canon y las ofertas de Blanco, era todo “hojarasca”, aseveró, insistiendo en que el objetivo versaba sobre recuperar el predio.
Ante la insistencia del acusador, Fernández apeló a la argumentación que también usan los judiciales: “mejor un mal arreglo que ir a un juicio”, para refrendar aquello de sostener la concesión hasta el vencimiento de los plazos establecidos.
Para Fernández la iniciativa con el Hipódromo fue una política de fomento como se hizo con otras tantas instituciones, incluso de gestiones anteriores a la del radicalismo.
Y así, arremetería, no sin ironía, con ejemplos bajo ese espíritu, acerca de que también las empresas del Parque Industrial se benefician con las inversiones que hace la comuna en el predio en pos de sus radicaciones. O también el dueño del bar vende sus productos en una velada de Tango por los Bares, como organiza la comuna.
Volviendo sobre lo que firmaron, el diputado con cierto fastidio respondería que sí, efectivamente, firmaron documentos a sabiendas que había una ley superior, respecto a las presuntas competencias de contralor de la actividad en el Hipódromo.
Fernández retomaría aquella idea del círculo virtuoso que versó toda la iniciativa descripta, a lo cual ya sin tampoco mucha paciencia el fiscal le respondió que dentro del citado círculo virtuoso Blanco recibía 60 mil dólares mensuales sin que nadie rindiera demasiadas cuentas.
-“¿Se controló bien la concesión?, preguntó tajante el fiscal con gestos de fastidio ante la retórica del legislador que respondía lo que quería.
-“El resultado fue bueno”, sentenció Fernández. Para luego reflexionar que “seguramente hubo errores, pero si cada funcionario público se detiene a pensar en el código penal se paraliza la función pública”.
-“¿A sabiendas de que había incumplimientos legales?”, arremetería el fiscal.
Fernández ahora, como nunca antes, prefirió llamarse a silencio y dejar puntos suspensivos.
Cerrando, Fernández concluiría con que si se detenían en una foto se podrían advertir irregularidades, pero la película les permitía ver con contundencia que hicieron lo mejor y salió bien.
Videoconferencia de peritos
Además de los testimonios de los políticos citados (ver aparte) la extensa jornada contó con el aporte de peritos de la Asesoría judicial que oportunamente intervinieron en el expediente. A más datos, ingenieros mecánicos e hidráulicos de La Plata que recorrieron in situ el circo de carreras local y elaboraron un informe con el relevamiento protagonizado a mediados de agosto de 2012.
Asimismo, declaró Alberto Romero, quien por casi tres décadas vivió en una de las viviendas del Hipódromo sobre calle Chapaleoufú, de hecho sus padres residían en tiempos que el Club Hípico estaba a cargo y a quien le pagaban un alquiler por el lugar donde también cuidaban caballos pura sangre.
El avezado cuidador de caballos relataría la experiencia de otros hombres vinculados a la actividad turfística en tiempos preliminares y durante la concesión de Vistas Serranas, aludiendo a la falta de la guardia médica tal lo estipulaba el contrato, como falta de seguro para aquellos que practicaban la actividad sobre la pista. Tampoco tuvo respuestas sobre la promesa de dotarles de una propiedad para salir del predio, como Blanco había comprometido y por lo cual tampoco el Municipio tuvo demasiado interés en corroborar si lo cumplió.
El defensor particular Jorge Dames recurriría a indagar al testigo sobre el modo de vida antes de la concesión, dejando en evidencia que la precariedad laboral era lo habitual, independientemente de quién estaba a cargo del circo de carreras. De hecho, incluso, habitaban en el predio de manera informal, sin contrato de locación.
Respecto a los ingenieros peritos que atestiguaron mediante videoconferencia desde La Plata, aludieron al estado de la pista en su recorrida y corroboraron el sistema de desagüe, como el riego y la empalizada, poniendo el acento en la precariedad de dichas instalaciones.
Facilitador de actividades y la piedra kriptonita
Otro de los funcionarios que fue sometido al interrogatorio como testigo fue el concejal Mario Civalleri, quien en tiempos de la polémica concesión era secretario de Obras Públicas, jefe directo del director de Vialidad, hoy imputado Guillermo Alassia.
Tras repasar su rol como funcionario de primera línea de mando debajo del jefe comunal, el ingeniero repetiría la partitura que los integrantes del Gabinete tenían aceitados sobre el acecho de la dilatada causa penal, no sin antes pasar por el tamiz político de los pedidos de informes deliberativos y la mismísima interpelación, cuando aún Oscar Maggiori era compañero –correligionario- del equipo que cimentó el liderazgo de Miguel Lunghi al frente de la comuna.
Principalmente los interrogantes para con Civalleri apuntaron al “famoso” camión regador y los servicios prestados al concesionario, sin mayor contralor a la hora de la petición formal y gastos que ello acarreaba.
El hoy concejal repetiría sobre un uso y costumbre más allá de la gestión lunghista, que incluso él, cuando fuera directivo del Club Uncas, también solicitaba de dichos servicios para las instalaciones deportivas.
El radical apelaría a la figura del “servicio público” que prestaban y se utilizaba la modalidad de compensación. A más precisiones, a pedido del concesionario iba el chofer con el camión y cumplía horas extras, las cuales eran abonadas de informalmente por el empresario. Lo propio sucedía con el combustible.
Ya cuando el fiscal arremetería sobre las irregularidades, Civalleri apelaría a acciones de una gestión que van más allá de lo que establece la letra fría de un contrato, y por concatenación citaría ejemplos de proveedores, de constructoras que una vez asumida determinada concesión a veces era el propio Municipio el que “tapaba” alguna fragilidad en pos del bien común.
Sobre la comparación del servicio de riego prestado a otras instituciones, el fiscal insistió en los pedidos formales que se hacían y figuran en el expediente administrativo, lo que no sucedía con la empresa Vistas Serranas. A la cual Civalleri ensayó como respuesta el trato fluido que había y el bien superior que perseguía la iniciativa de mantener el predio activo.
Al son de los ejemplos, el funcionario recordaría cual anécdota el proceso de la instalación de la réplica de la Piedra Movediza, la cual a su saber y entender el contratado no había logrado el color símil piedra que se exigía, incluso por contrato. De hecho Lunghi renegaba con que le habían vendido la piedra kriptonita ante el color verdoso que presentaba la escultura.
Fue así -recordó el testigo- que convocó a estudiantes de Escuela Arte, quienes sobre la hora del emplazamiento de la réplica lograron el tono pretendido.
Eguzquiza, volviendo a su implacable tesitura, le recordaría que aquello era una iniciativa comunal, que aquí –en el juicio- se aludía a una concesión que recibía subsidios importantes.
A preguntas de la defensa, Civalleri no dejó de señalar el buen concepto que tenía para con los funcionarios acusados, reseñando incluso que Alassia venía de gestiones anteriores y se conocieron en el Gobierno, de quien consideró un gran profesional y mejor persona.
El objetivo era que no se caiga la concesión
Otro testigo cuyo comparendo resultaba atrayente para las partes venía de la mano del presidente del HCD Juan Pablo Frolik, otrora secretario de Legal y Técnica, quien supo darle una impronta a dicha dependencia que jamás antes se había concebido en la comuna.
De hecho, el hombre de mayor confianza del jefe comunal que lo viene acompañando desde el recupero de la Clínica Chacabuco, fue clave en asuntos delicados del inicio de la gestión que surcaban asuntos legales pendientes. Por caso la concesión del Castillo Morisco (en conflicto con la anterior gestión en tiempos de Oroquieta), la casa ocupada por la familia Bravo al pie del cerro La Movediza para proyectar el frustrado Parque Lítico y, el recupero del Hipódromo, por lo cual tuvo una injerencia suprema a la hora de negociar con los acreedores del Club Hípico que se presentaba próximo a la extinción.
Tras repasar su rol frente a dicho complejo entramado con cruces de intereses mediante, el abogado devenido en funcionario debió también someterse a un intenso interrogatorio que, por pasajes, se transformó en vehemente entre testigo y fiscal, no sin recurrir a la diplomacia para no salirse de los carriles tensos de un cuestionario sin concesiones.
A tal punto llegó la tensión, que el propio fiscal se encargó de aclararle que estaba sentado como testigo precisamente porque reconocía su rol una vez asumido en la jefatura de Gobierno, ya que con su intervención y Helena Berestain al frente del seguimiento de las concesiones, Blanco terminó invirtiendo, a cuentas gotas, lo que otros funcionarios antecesores a él no habían siquiera mostrado interés en revertir.
Igualmente Frolik también hizo una férrea defensa de la decisión política asumida para recuperar el predio de Villa Aguirre, independientemente de las ambigüedades que representaba el contrato de concesión y hasta la admitida flexibilidad que se tuvo para con los incumplimientos del empresario, siendo que el objetivo de máxima era que la concesión no se cayera hasta lograr lo que finalmente se logró, un predio en condiciones y ahora manejado por el Hípico.
Sobre los cuestionamientos de hacer caso omiso al veedor municipal que ellos mismos habían contratado, el concejal explicó que se topaban con la contradicción de los lapidarios informes de dicho funcionario contratado y los informes que “bajaban” los inspectores de Provincia y, ante el entendimiento de que había una potestad de Provincia como autoridad de aplicación, se quedaban con dicha opinión.
Respecto a las responsabilidades del control municipal y el seguimiento de la concesión, aludió a que se trató de un tema transversal a todas las dependencias comunales, aunque fue Oscar Maggiori quien se puso la iniciativa al hombro al tener un conocimiento más acabado de la actividad turfística que el resto de los secretarios.
Ya arremetiendo por el objeto social de la firma Vistas Serranas, también dijo atenerse a la declaración jurada que había presentado el empresario, mientras que sobre la falta de aplicaciones de sanciones por los conocidos incumplimientos, Frolik respondió sobre lo que significaba someterse al derecho administrativo, que indefectiblemente terminaría en un juicio en el Contencioso Administrativo y el riesgo de perder el litigio.
El letrado insistió que, con muñeca política, finalmente se logró que Blanco cumpliera con lo establecido por contrato y el Hipódromo “quedó impecable” para poder dárselo al Club Hípico. El objetivo se cumplió con creces, aseveró.
Ya en tono de chicanas y retruques, Frolik y Eguzquiza protagonizarían un cruce irónico:
-“¿Adjudicamos mal? Probablemente…”, dijo el funcionario.
-“Probablemente”, replicaría el fiscal.
-“¿Cometimos errores? Probablemente…”, insistió Frolik.
-“Probablemente”, repetiría el fiscal.
-“¿Gobernamos mal? Probablemente…”, indicaría el testigo.
-“Yo no diría eso…”, respondió el fiscal sin pisar el palito.
