Altamirano y Lezica afrontaron el primer día de juicio con las denuncias y consignas de siempre y quedaron comprometidos por el delito de usurpación en Villa Cordobita
Comenzó el debate oral y público en Azul donde se juzga la responsabilidad penal de los dirigentes Griselda Altamirano y Jorge Lezica, en torno a causas acumuladas en Tandil y Azul. Los acusados zafaron de las imputaciones por las agresiones al exfuncionario José Denisio y cuando se encadenaron en las escaleras del Municipio. Para el juez dichos delitos prescribieron. Sí afrontaron la causa por la toma masiva en Villa Cordobita, sobre la cual la acusada se defendió con argumentos políticos e ideológicos y volvió a contraatacar sobre la corrupción y connivencia política y judicial. El testimonio de Mario Cerviño y el resto de los damnificados.
Parapapá… parapapá. Bom. Bom, bom… bom… bom. Paaff, paaff. Aquellos redoblantes histéricos, perezosos bombos y bombas de estruendo que ayer nomás sonaron en dependencias oficiales y calles de Tandil se trasladaron a 99 kilómetros, donde con las banderas rojas e insignias negras como estandartes unos dos centenares de militantes desfilaron con rigurosidad castrense por la avenida de la cervantina ciudad de Azul rumbo al solemne edificio judicial, donde se desarrollaría el juicio oral y público contra los referentes de esa organización llamada Movimiento 1 de Octubre.
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Se los acusa de delitos cometidos allá y acá también. De la ocupación violenta, con daños y resistencia a la autoridad en el municipio vecino, a la toma masiva en Villa Cordobita que “la oligarquía” rebautizó como Cerro el Granito –diría la dirigente combativa imputada-.
En el medio, otras acusaciones, las agresiones perpetradas contra el exfuncionario comunal fallecido José Denisio y aquella escena bizarra encadenándose en la escalinata de la comuna vestida de “burguesa”, sendas imputaciones que iban a diluirse apenas iniciado el juicio, por resolución del juez.
La cita era a las 9. Y religiosamente el credo combativo se apostó ruidoso en las puertas del imponente edificio para acompañar a sus referentes Griselda Altamirano y Jorge Lezica, quienes se presentaron ante la fuerte presencia policial emplazada en el lugar y subieron las escalinatas rumbo a la sala de debate del Juzgado Correccional 2, donde el magistrado Héctor Torrens los esperaba para dar rienda al rigor judicial. También ya estaban los fiscales Luis Piotti y María Laura Margaretic, el abogado Eduardo Carbonetti en representación del particular damnificado Mario Cerviño, quien junto a otra docena de testigos (entre ellos vecinos de Villa Cordobita que se sintieron afectados por aquella toma masiva, además de los funcionarios policiales que intervinieron en el caso desatado el 11 de septiembre de 2015 y que tras tres tensos meses de negociaciones y mediaciones frustradas, se ordenó un desalojo con un espectacular despliegue policial que se concretó pacíficamente porque Altamirano, Lezica y compañía decidieron no resistir y dejar los palos, gomas incendiadas y bombas molotov en distintos puntos de más de medio centenar de lotes que habían ocupado por asalto.
Prescripción de delito
Pasadas las 10.20 finalmente daría formal inicio el debate en una sala que apenas alcanzaba para que la ocupen las partes y no más de nueve personas como público, integrado por esas mujeres que ponen el cuerpo y mente al servicio de la causa liderada por Altamirano, quien junto a su pequeño hijo de siete meses seguiría atentamente los alcances de los dichos de uno y cada uno de los que desfilarían delante del juez, incluso compartiendo inquietudes y opiniones con su abogado, y pidiendo declarar para dar su versión de lo que se estaba diciendo/acusando.
Entre el amamantamiento del bebé y la toma de notas de lo que se decía, Altamirano no dejaría escapar nada de lo que se exponía y arremetería con sus argumentos con un discurso que irrita a muchos, enfurece a otros más e incomoda a tantos más, para lo cual se tomaría su tiempo para exponerlo con prisa pero sin pausa frente al juez.
El primer asunto que mereció la atención de las partes y ningún reparo fue el anuncio del juez sobre dos de los delitos en pugna. Para Torrens, la causa por lesiones leves de las que resultara víctima el exfuncionario José Denisio (f) había prescripto, ya que oportunamente el juez del Correccional local, Carlos Pocorena, la elevó a juicio el 1 de diciembre de 2016 y al pasar más de dos años, debía desestimarse.
Lo propio ocurriría con el otro suceso ocurrido en abril de 2016, cuando Altamirano –vestida de burguesa- junto a dos compañeras, ingresó por sorpresa en el edificio municipal sorteando la custodia y se encadenaron en la escalinata que lleva al recinto deliberativo. Hasta que luego de horas fueron persuadidas de que desistan y quedaron demoradas. Por este hecho se fijó fecha para debate el 1 de enero de 2017. También pasaron dos años y la causa prescribió.
Así, Lezica y Altamirano recibirían la primera buena noticia del juicio. Ya dos causas menos pesaban sobre sus espaldas. Empero, lo más denso estaba por venir. Ayer era el turno de ventilar todo lo ocurrido sobre los terrenos usurpados en Villa Cordobita. Más luego (se prevé para el miércoles y jueves) será el turno de los sucesos violentos desatados en la comuna de Azul, por el cual la acusación no sólo apunta a los daños, resistencia a la autoridad y lesiones, sino que va por la figura de instigación al delito, con pena en expectativa de prisión. Una salvedad: Altamirano es madre de un bebé de siete meses. Difícilmente –imposible dirán los especialistas- de ser señalada como culpable que la priven de la libertad, al menos durante los primeros cinco años.
Policías testigos
Como estaba previsto para la primera jornada, prestaron su testimonio los policías que intervinieron en la mencionada toma. Si bien había varios efectivos citados para la ocasión, finalmente el fiscal se conformó con la palabra del por entonces responsable de la comisaría Primera (intervino por jurisdicción) Walter Omar Cos, y el subjefe de misma dependencia Carlos Yañes.
Ambos policías coincidieron sobre el modus operandi de los ocupas, que los tomaron por sorpresa aquella madrugada de septiembre y que luego comenzaron con las tareas de persuasión, primero para que desistan, hasta que judicialmente se ordenó el desalojo compulsivo, para lo cual organizaron durante diez días cómo se iba a desplegar el operativo que, finalmente y más allá de aquella espectacularidad diseminando fuerzas a lo largo y lo ancho del cerro tomado, no mereció mayor acción porque los propios usurpadores decidieron la retirada pacífica.
No obstante, para los fiscales fueron importantes los testimonios de los policías para tomar como prueba sus dichos en torno al delito en cuestión. Acerca de cómo se hizo la ocupación, los elementos que encontraron y las denuncias de vecinos que habían recibido al respecto.
Es que más allá del lacrimógeno discurso que emitiría Altamirano sobre las razones que llevaron a aquella toma, sus denuncias explosivas acerca de connivencia política, judicial con el negocio inmobiliario y sus convicciones políticas a cuestas, nada hacían al proceso judicial en cuestión. Para el Ministerio Público lo que importa es probar el delito y, con los dichos de los policías, de los vecinos damnificados que denunciaron la usurpación y hasta los propios dichos de la dirigente (admitiendo cómo organizó la toma y haciendo responsable de los hechos cuestionados), alcanzaría –al entender de los acusadores- para probar el ilícito.
“¿Había ocupación en los lotes?”. “¿Había alambrado que dividía los terrenos?”, eran las preguntas puntuales y las respuestas fueron todas afirmativas. Cómo aquellos que se presentaron como propietarios de los lotes y denunciaron la usurpación se hicieron de dicha propiedad fue materia de otra pesquisa que mereció su conclusión fiscal (ver aparte) en su momento, mal que le pese a Altamirano y compañía.
También desfilaron frente al magistrado la perito judicial, asistente social Emilse Martínez, quien ofició oportunamente de mediadora en el conflicto pero sin suerte. La profesional contó que acudió al lugar a pedido del fiscal con una nota en pos de tomar contacto con las familias ocupas y, a partir de allí lograr un canal de diálogo en pos de procurar que desistan de la comisión del delito que estaban sumergidos, llamarlos a la reflexión para que serían sujetos a un eventual desalojo compulsivo, con consecuencias inesperadas.
Pero la funcionaria judicial se toparía con Altamirano y Lezica en el camino y no la dejarían acercarse al resto de los ocupantes. Dijo que fue tratada despectivamente por ambos militantes y no pudo cumplir con el cometido.
Una vez escuchados los testimonios citados, sería Altamirano la encargada de pedir la palabra otra vez para dar su versión de los hechos, ante lo cual el juez se mostró primeramente reticente para no variar el dinamismo de la audiencia, aunque finalmente le permitió su descargo, no sin antes aclararle a la acusada que trate de no verter otra larga alocución a cada dicho que se expusiera en la sala.
Finalmente, otra testigo, la agrimensora Paula Molina, fue quien pasó por el estrado, dando cuenta que en representación de Catastro municipal acudió al predio junto a colegas privados, quienes lograron divisar los lotes ocupados y trazar un plano sobre la usurpación denunciada.
LOS DICHOS DE ALTAMIRANO
La connivencia, corrupción y las razones de una toma
Griselda Altamirano sorprendió a los presentes con su deseo de prestar declaración y someterse al interrogatorio de las partes. Intención que tendría a lo largo del debate por uno y cada uno de los delitos endilgados.
Se tomó casi dos horas para referirse al origen de la toma, sobre la cual se hizo responsable de la organización política y social que encabeza. Detalló sobre las asambleas previas que realizaron en pos de informar a las familias necesitadas de un terreno y un techo de las condiciones en que estaban dichos lotes que –como lo sostuvo a lo largo de estos años- fueron adquiridos por Cerviño y demás, de manera irregular.
No titubeó en considerar aquella situación como “la estafa del siglo”, para lo cual no dudó en señalar al intendente Lunghi, al concejal Frolik y funcionarios judiciales “cómplices”, incluidos los fiscales que tienen todos los años una cena con el jefe comunal. El “detalle” inquisidor de la declarante motivó que el propio fiscal Piotti ahondara en sus dichos, pidiendo precisiones sobre esos encuentros denunciados. A lo cual Altamirano terminó admitiendo que se trataba de una presunción, pero que para ella era suficiente para fundar su convicción.
A preguntas de cómo obtuvo información sobre la presunta acefalía de los terrenos ocupados, dijo que la extrajo del propio expediente judicial civil donde constaban los juicios de apremios del Municipio. Por eso insistió –insiste- en que dichos lotes no eran de privados, ergo, no había delito.
También dijo que el delito no existió porque se ocuparon los lotes precisamente que no tenían dueños, considerando que Cerviño no era legítimo dueño de dichas tierras.
Arremetería con consideraciones ideológicas que hacen a la persecución política y judicial que padecen por representar a la clase obrera y a los más vulnerables, y son blanco de los prejuicios de la clase dominante.
“Como los corruptos estudian bien cómo hacer sus actos delictivos, nosotros nos asesoramos muy bien para organizarnos para no cometer delito a la hora de ocupar los lotes”, afirmó.
La dirigente insistió en que estaban sentados en el banquillo de los acusados por la presión política, ya que no habían cometido delito sino que habían desnudado la corrupción entre el Municipio, el sector inmobiliario y el “narcotraficante” de Cerviño, que fue “de petisero a terrateniente”.
Esta como otras tantas lapidarias afirmaciones más formarían parte de la conocida atronadora alocución de Altamirano, sabedora de hilvanar un discurso atractivo como fulminante, aunque a la hora de escarbar sobre sus fundamentos poca prueba hay a su favor. Más bien, un cúmulo concatenado de elucubraciones con cierto atractivo.
La palabra de Cerviño
Otra de las voces esperadas en la jornada judicial tenía que ver con el testimonio de quien se presentó como principal damnificado en la causa, Mario Cerviño, quien efectivamente confió cómo había tomado posesión de dichos lotes (a través de la compra de quien entonces se presentaba como apoderado de la otrora firma Tandilia).
Reseñó que desde el 99 adquirió los terrenos y a principios de abril de 2001 ingresó a la comuna la petición para el loteo y apertura de calles.
No dejó de aclarar que no lo une relación alguna con Lunghi, Frolik y demás funcionarios, para lo cual recordó que dicho procedimiento burocrático municipal lo hizo cuando Indalecio Oroquieta era intendente y Guillermo Parmigiani estaba al frente de Obras Públicas.
“No conozco al intendente ni a Frolik. Ni tengo testaferros. Tampoco soy narcotraficante como esta gente me señala”, lanzó con furia el hombre que quedó expuesto ante la opinión pública frente a los dichos y denuncias de los ahora acusados.
También aclaró sobre su situación procesal cuando quedó detenido por figurar como propietario de un camión con cargamento de droga. Sobre lo cual detalló que le habían falsificado la documentación y figuraba como titular, cuando en verdad nada tenía que ver con eso. Incluso se animó a inferir que lo había “metido” en dicho delicado suceso delictivo su propio yerno, quien está preso por dicha causa.
Tras su declaración, hicieron lo propio Alewaerts, Baffini y un par de vecinos más que se presentaron como propietarios de los lotes que habían sido usurpados por la agrupación. Todos coincidieron en cómo se hicieron de dichos terrenos y que, en todo caso, habían sido estafados en su buena fe.
La causa Cerviño
A propósito de la denuncia que hizo Altamirano sobre el delito cometido por Cerviño a la hora de hacerse de los lotes y la disparidad de criterio fiscal al llevarlos a juicio a ellos y no avanzar en dicha instrucción, vale destacar que efectivamente el propio fiscal Piotti archivó la causa, considerando que no se pudo constatar delito alguno.
Si bien pueden instalarse sospechas y/o dudas de cómo Cerviño se hizo de dichos lotes, por lo pronto quien resultaría responsable penal de la presunta maniobra habría sido Placer Moreno, quien se presentaba como apoderado de aquella firma en quiebra y “le vendió” dichas tierras a Cerviño, operación realizada a través de una escribanía marplatense, lo que no deja de llamar la atención y suspicacias de propios y extraños. Empero, la investigación no pudo llegar a más, siendo que Placer Moreno falleció. Sí se iniciaron actuaciones sobre el escribano marplatense por una cuestión que hace a la ética profesional, asunto que fue transmitido al Colegio respectivo.
