Vicentin, contradicciones en tiempos de intervencionismo
Ayer se registró una intensa y nutrida movilización de vecinos que pusieron el grito en el cielo por el atropello estatal contra la propiedad privada, acerca de las intenciones de expropiación de la agroexportadora en concurso de acreedores Vicentin.
Recibí las noticias en tu email
La legítima manifestación (ayer lo hicieron por la 125, por la República, por la muerte del fiscal, contra la corrupción, y por todo lo que tenga olor a kirchnerismo y/o peronismo) apeló a defender la Constitución y, puntualmente en este caso, en el fondo, contra lo que se considera un avasallamiento a la propiedad privada.
Lejos de cuestionar el reclamo, cabe el interrogante a quien escribe sobre si ese espíritu tendría el mismo ímpetu, estado de movilización, en actos que fueran ejecutados por otro gobierno.
Aceptando que en los muchos detractores a la iniciativa gubernamental impera la desconfianza sobre las verdaderas intenciones de la medida que en las últimas horas fue rechazada por el juez interviniente, podría sintetizarse en que lo que verdaderamente está en discusión es la intervención estatal en ésta como en otra empresa.
Apelando a la literalidad del mensaje Presidencial (luego el gobernador santafesino corregiría con una propuesta que se presentó como superadora), la gestión de intervención deviene del estado de situación de la agroexportadora concursada que cobija un tendal de deudas y pone en riesgo miles puestos de trabajo.
Se defiende el argumento que con el Estado presente, como regulador, podría equilibrar la voracidad extranjerizante que acecha a la firma en crisis.
Pero nada de eso se acepta. Por desconfianza o por ideología, se rechaza y punto.
Acá también
Ahora bien, yendo al llano del asunto. El rechazo volcado a la calle alude a la intromisión del Estado en el sector privado. Una vara que a primera vista no se condice con otras intervenciones que ocurrieron acá nomás, a la vuelta de la esquina.
Salvando las fragantes distancias y los claros matices (en los casos locales detallados a continuación no había intervención judicial aún con un concurso en el medio), la administración lunghista consideró pertinente, necesario a favor de un bien superior, entrometerse en la catástrofe económica en la que había quedado inmerso el Club Hípico que estaba listo para lotear el histórico predio del hipódromo de Villa Aguirre. Con razones atendibles, el Municipio intervino con una ingeniería financiera en pos de sostener un espacio clave para el desarrollo social, cultural pero también estratégico en materia urbanística. Con esas armas incluso más luego se defendió en el juicio penal contra sus funcionarios ante una polémica concesión.
Con un espíritu similar, se ocupó y preocupó por Cami emergencias. Con Usicom como bandera y recursos municipales, se salvó la empresa que Miguel Lunghi supo fundar y hoy se presta el servicio en cuestión articulando con lo público.
Vicentin allá, Cami acá. Las circunstancias y las formas de intervención claramente fueron distintas, pero en el fondo el fin parece el mismo.
Lo curioso es que entre los que ayer marcharon en el pago supieron aplaudir lo que aquí se hizo. De hecho, una de las caras reconocidas fue la del exconcejal y exprecandidato a intendente Marcos Nicolini, que por ese entonces era integrante del gabinete lunghista.
Paradójico también que los que por esos días alzaron su voz en contra de la intervención local para salvar la empresa privada de emergencias ahora celebran la iniciativa nacional.
“No estamos cuestionando el servicio que se presta. Ni el privado ni el del Hospital. Sino que queremos que nos expliquen sobre la decisión de rescatar una empresa privada, que funciona con la lógica de una empresa (…), exponía con tono crítico desde la banca deliberativa el concejal del Frente para la Victoria Fernando Rossi en consonancia con Pablo Bossio desde la oposición.
