Haití en su laberinto

En Haití, el tiempo parece medirse en crisis y en intervenciones internacionales. La llegada de un contingente de policías de Kenia en junio abrió un nuevo capítulo en la compleja historia del primer país de las Américas en lograr su independencia y hoy el país más pobre y desigual de la región que, desde hace meses, vive sumergido en una ola de violencia extrema.

Los uniformados, que lideran una misión internacional de Naciones Unidas financiada, entre otros, por Estados Unidos, tienen la tarea de apoyar a la policía local para reestablecer el orden luego de que pandillas tomaran el control de gran parte del país a principios de año, convirtiéndolo en lo que se ha descrito como una “zona de guerra”.

De hecho, el primer ministro Garry Conille –quien fue nombrado de forma temporal como parte de un gobierno de transición– dijo que la vida en la capital, Puerto Príncipe, se ha convertido en una “batalla por la supervivencia”. Las cifras, y las historias de quienes intentan sobrevivir, le dan la razón.

Se estima que al menos 3.250 personas fueron asesinadas desde principios de año, el doble con respecto al mismo período en 2023, un año que también había batido récords, según datos de Naciones Unidas. Más de 578.000 personas tuvieron que desplazarse de sus hogares a causa de la violencia, de acuerdo a cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones –el 20 por ciento actualmente vive en campamentos improvisados, en condiciones inhumanas. En algunas zonas, las pandillas pagan a familias para que se queden en sus hogares, y hagan de “escudos” frente a las operaciones de la policía, según relataron oficiales de Naciones Unidas al Washington Post.

El control que los grupos criminales tienen sobre el terreno, el que ejercen a fuerza de armas traficadas desde Estados Unidos y machetes, se ha extendido a la mayor parte de los hospitales y escuelas, muchos de los cuales continúan cerrados. El aeropuerto hace poco volvió a operar, aunque las pandillas siguen teniendo poder sobre los puertos, lo que ha afectado severamente el suministro de alimentos. De hecho, la emergencia alimentaria ya afecta a más de la mitad de la población, otro trágico récord.

“La situación en Haití es muy grave, particularmente en Puerto Príncipe”, explica Alexandra Filippova, abogada senior del Instituto por la Justicia y Democracia en Haití, que desde hace años estudia la situación en el país. Y agrega: “La falta de seguridad afecta todos los aspectos de la vida diaria. La gente tiene hambre, acceder a servicios de salud es muy difícil, las instituciones no están funcionando y la justicia tampoco. La lista de problemas es enorme”.

Una de las muchas razones detrás de la crisis, dicen expertos, es la fragilidad institucional del país, en particular en cuanto a sus fuerzas de seguridad. Haití tiene 10.000 policías con entrenamiento y equipos deficientes para proteger a una población de 11 millones de personas.

Con este panorama como telón de fondo, 200 policías de Kenia aterrizaron en el país el 17 de Julio, los que se sumaron a otros 200 que habían llegado casi un mes antes. Se espera que otros 2.000 uniformados de varios países del Caribe, África y Asia se incorporen a la misión, aunque todavía no es claro cuándo. Estados Unidos, que ya aportó US$ 40 millones a la operación, ha prometido otros US$ 60 millones. Necesita que la estrategia funcione. Es que Haití se está convirtiendo en un nuevo epicentro del crimen organizado en la región.

A pesar de ser uno de los países con menor población y más pobreza de América Latina, la posición estratégica de Haití en el corredor de tráfico internacional de drogas y armas, combinado con la fragilidad de sus instituciones, lo hacen perfecto para convertirse en una plataforma para mercados ilícitos. Este es el contexto que las pandillas aprovecharon para desarrollarse, fortalecerse y expandirse en los últimos años, según expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

Las pandillas lograron amasar tanto poder e influencia territorial que fueron claves en la decisión del ex primer ministro, Ariel Henry, de no regresar al país de un viaje internacional en febrero y renunciar a su cargo, en el contexto de la explosión de la violencia. Irónicamente, Henry estaba intentando negociar los detalles de la misión internacional. Desde entonces, el consejo de transición intenta establecer las bases para las elecciones generales que tendrán lugar en 2025.

La llegada de los policías de Kenia ha sido recibida con grandes dosis de esperanza -- y mucho escepticismo. Filippova dice que, a pesar de la situación crítica, hay un sentimiento compartido de frustración con respecto a las intervenciones internacionales en Haití. Esta es la cuarta que llega al país. Todas han tenido problemas.

Las intervenciones militares lideradas por Estados Unidos en 1994 y 2004, con el objeto de “defender la democracia” y “establecer el orden”, no abordaron las extendidas violaciones a los derechos humanos que sufría la población. Más recientemente, entre 2004 y 2017, una misión de paz de Naciones Unidas liderada por Brasil fue acusada de abusos y las tropas de Nepal que llegaron a asistir a víctimas del brutal terremoto de 2010 fueron señaladas de generar un brote de cólera en el que murieron casi 10.000 personas.

“La actual crisis en Haití no salió de cualquier lado. Es frustrante ver que los mismos patrones se repiten cuando los actores internacionales intervienen en Haití, creando situaciones que aumentan las vulnerabilidades locales y que llevan a situaciones de crisis agudas como la que estamos viendo ahora. Esto incluye practicas destructivas e irresponsables que debilitan al Estado, junto a interferencias policiales y militares que ha llevado a que el gobierno de Haití esté muy fuera de contacto con la propia población, todo mientras la sociedad civil es empujada a un costado”, explica Filippova.

Aunque Kenia fue uno de los pocos países en levantar la mano para ofrecer asistencia a la policía de Haití, los críticos han cuestionado cómo van a poder apoyar la lucha contra un tipo de organización criminal que no conocen y con el que ni comparten un idioma en común. Además, es una fuerza que ha enfrentado duras acusaciones de cometer violaciones de derechos humanos. En la semana en la que la misión internacional comenzó a operar en Haití, policías de Kenia reprimieron brutalmente una manifestación contra la suba de impuestos en la capital de su país, Nairobi. 39 personas murieron.

Filippova dice que la falta de transparencia con respecto a las reglas de conducta de los miembros de la misión es muy preocupante.  “Hay una falta de claridad sobre los mecanismos de rendición de cuentas que se van a implementar para asegurar que los errores de misiones pasadas no se repitan. Externalizar la función policial nunca funciona. La única forma en la que Haití puede volver a tener algún tipo de normalidad es reconstruyendo las instituciones de gobierno y teniendo su propia policía”, explica.

El escepticismo alrededor de la misión es compartido. Expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado dijeron que, aunque la misión brinda algo de ‘oxigeno’ a la policía local, todavía hay mucha incertidumbre sobre sus planes y estrategia.

Policías que hablaron con periodistas del Washington Post argumentaron que parte del problema es la falta de un plan con objetivos claros y roles definidos. Se quejaron de que se les pide tomar un rol de liderazgo cuando tienen menos equipamiento y son menos en número que los Kenianos.

El experto sobre Haití del International Crisis Group Diego Da Rin explica que el principal desafío que enfrenta la misión es intentar retomar control en zonas de difícil acceso y a los que las fuerzas de seguridad haitianas no han entrado desde hace años, donde las pandillas son, en efecto, el Estado. “En estas zonas, que son territorios de guerra desde hace años, toca reconstruir colegios, infraestructuras sanitarias, hospitales, comisarías, no solo establecer un control policial. El Estado tiene que estar presente en todas sus formas en estas zonas para lograr también crear oportunidades para todas estas personas que ya no tendrán a las pandillas como una fuente de ingreso. Y a todas estas familias y personas que han decidido no integrar estas estructuras armadas pero que también viven en de circunstancias absolutamente deplorables”, explica.

El control de las bandas criminales está tan arraigado que exigen un asiento en la mesa de toma de decisiones. Jimmy “Barbecue” Chérizier, un ex policía que lidera la alianza de pandillas y es ahora uno de los hombres más poderosos de Haití dijo en una entrevista con France 24 que no van a dejar las armas hasta que se les escuche.

Da Rin explicó que este contexto presenta nuevos desafíos. “Cualquier tipo de negociación con las pandillas va a ser extremadamente difícil de presentarlo de manera que sea bien acogida por la población, porque la enorme mayoría de los haitianos están en contra de cualquier tipo de amnistía. Estos son líderes de grupos criminales que han ordenado masacres indiscriminadas contra civiles, violaciones colectivas de un gran número de mujeres y de niñas, el secuestro de cientos de miles de personas”, señala.

La búsqueda de una solución sostenible en el largo plazo es el principal desafío para Haití. Fillipova dice que la clave está en lograr justicia para las víctimas de la violencia y violaciones de derechos humanos y la integración de jóvenes que fueron reclutados por las pandillas, ofreciéndoles alternativas no punitivas, así como la integración de todos los grupos de la sociedad, particularmente mujeres, en el proceso de reconstrucción. “Las mujeres parecen estar fuera de la discusión. El consejo de transición no tiene mujeres con derecho a voto y esto es muy problemático”, expresa.

Da Rin dice que la clave está en abordar la crisis de forma holística, más allá del aspecto de seguridad. “Haití sufre una gran inestabilidad política desde hace muchos años con altas tasas de corrupción y una crisis económica que afecta sobre todo a las clases populares. Hay una enorme cantidad de desafíos. Y una estrategia centrada únicamente en resolver los problemas de seguridad no va a poder crear un cambio real en la situación del país”, concluye.