“Alta tensión” política por el robo de cables

El pediatra que sigue trabajando de intendente pero que en este año y último mandato reniega que se ha transformado más en un contador que aquel hacedor que le gusta ser, digirió el trago amargo de un chiste que como gran parte de las humoradas esconden una verdad cruel, dura, detrás. 

Estaba en un local de comidas cuando se le acercó otro circunstancial cliente como él e intercambiaron pareceres sobre la realidad local, hasta que el vecino le soltó sin anestesia: “el único tema es que en casa estamos con velas porque no tenemos luz, nos robaron el cable de la cuadra”. 

El jefe comunal, conocido por su frase de que en `la gestión muchas veces hay que tragar amargo y escupir dulce´, ensayó una mueca cual sonrisa forzada para salir de la incomodidad y procuró convencer al convecino irónico sobre la bronca u desvelo que el asunto le depara,  y buscó convencerlo de que lo que se ve como impotencia en verdad se está trabajando para encontrar respuestas frente a un flagelo que excede a la ciudad pero que en el pago cada vez menos chico recrudeció de manera exponencial. 

El singular entramado del robo de cables que involucra a actores varios ha incomodado tanto que de lo meramente delictual pasó al ruido político, con pases de factura entre los encargados de velar por la seguridad de los vecinos, desde la política, la policía, los judiciales y la propia Usina Popular y Municipal.

Ayer precisamente, buena parte de la reunión del gabinete volvió a analizar el denso escenario que implica el delito en cuestión, dentro de otros frentes abiertos por doquier.

En pos de no transmitir impotencia frente a la inédita situación padecida, el Gobierno impulsó e impulsará acciones varias tendientes a demostrar a la opinión pública que está encima de la problemática. Ha mantenido reuniones con los directores –públicos y privados- de la empresa de capitales mixtos, encuentros con autoridades policiales y funcionarios judiciales. Se aguarda la reunión anunciada con el fiscal general Marcelo Sobrino, aunque también se planifica un cónclave ampliado con el jefe regional de la policía, como así también con intendentes de la zona que padecen una problemática similar. 

También se convocará a las chatarrerías para que asuman un compromiso ciudadano para no recibir la mercadería de dudosa procedencia. A la par, se elaboran proyectos de ordenanzas tendientes a darle un marco normativo a algunas iniciativas que buscarán darle celeridad a eventuales respuestas al asunto. 

Desconfianzas e incompatibilidades

Hasta allí la premura de demostrar acción frente a lo que se concibe como un escenario delictivo no nuevo pero sí llamativo en su seguidilla y desde donde empezaron a surgir desconfianzas, pase de facturas que profundizan la problemática y alimentan especulaciones más que respuestas concretas, que es lo que al fin y al cabo lo único que interesa a aquel vecino chistoso y otros tantos que padecieron y padecen la falta del servicio por el ilícito sinfín. 

A tal punto llegó la tensión, que se admitió fuertes cruces entre integrantes del Gabinete y la policía y, en especial con la Usina, a la hora de endilgarse compromisos o responsabilidades por el entuerto que se ha ganado las tapas de los diarios hace meses. 

Al grado tal se arribó que se escucharon reproches del Ejecutivo a los comisarios porque los operativos terminaban con el eslabón más débil, con el “soldadito” que corta el cable, y no aquel que luego traslada y el que comercializa más allá de las fronteras serranas. 

Los reproches de los policías, en tanto, se volcaron al accionar o inacción de los judiciales, quienes al decir de los propios fiscales, las causas llegan a días del suceso y, más luego, el código les reza que puede ser un delito detenible y a la vez excarcelable. 

También se pasa factura a la propia Usina y su nueva estrategia de ventilar uno y cada uno de los delitos en cuestión (lo cual anteriormente se le había exigido que denuncie), cuyas características -llevarse un transformador, cavar más de un metro y medio por un trozo de cable- requiere de mano de obra especializada, casi como la mismísima plantilla de la cooperativa eléctrica. 

Obviamente que los reproches también se dan en viceversa. Se desliza una posible connivencia policial con el delito en cuestión e incluso montar operativos con allanamientos con presuntos resultados favorables que a la postre se caen como los mismos cables cortados. 

Se citó, por caso, el informe policial de un allanamiento con una dirección precisa donde se secuestró material probatorio (léase cables cortados) para una de las pesquisas. El domicilio en cuestión era de un empleado contratado de una empresa telefónica, con documentación que no solo acreditaba su trabajo sino también el material lícito que tenía y que se le secuestró como si fuera un delincuente, que claramente no lo era. 

Los cruces se repiten sin solución de continuidad, como el mismísimo robo de cables,  y allí aparece en escena la secretaria de Protección Ciudadana, Vanesa Frías, cuya incorporación al nuevo gobierno de Lunghi ya generó dudas desde su gestación, por su pomposo curriculum y pasado laboral en la justicia,  pero más aún por sus lazos personales con la fuerza policial. 

Oportunamente en estas páginas se señaló sobre la sorpresa que generó dicha incorporación, luego de varios (siete) intentos que tuvo la gestión para convocar a alguien que reemplace a Atilio Della Maggiora, quien en definitiva fue quien  recomendó a la hora ubicada en el blanco de las miradas inquisidoras y al frente de una de las áreas municipales más sensibles, difíciles de administrar. 

Sin ahondar en lo ya publicado, en definitiva se ponía en duda la imparcialidad que la funcionaria podría mantener ante un eventual conflicto de intereses como finalmente parece haberse arribado. 

De familia de policías, casada con el comisario de la Seccional Primera, podría quedar encerrada en una situación incómoda. Por caso, si el Municipio, el foro de Seguridad o la propia Usina observara alguna interferencia o sospecha de corrupción o delito de algún uniformado de la fuerza bonaerense (el mismo rol le cabe al subsecretario de la dependencia, el excomisario Rubén Frassi). 

Hasta aquí nadie pone en duda la honestidad y compromiso de la secretaria su esposo y el subsecretario del área, pero se admite desde el Ejecutivo con recelo que el asunto incomoda y les puede llegar a quemar, incluso antes de lo pensado. 

En medio de las especulaciones y verdades que salen de los poros del mismo gabinete, también se reconocieron distintas escenas que llevaron a una relación casi nula entre al menos el personal técnico de la Usina y la funcionaria, quienes claramente se desconfían, a tal punto que se cortó todo tipo de comunicación.

En la sección dominical del Oído agudo ya se había explicitado sobre este complejo entramado, con ejemplos concretos que se fueron sucediendo incluso más allá del robo de cables. 

Por caso, cuando con un oficio judicial en mano, una cuadrilla de la Usina fue plantada por el titular de una comisaría que se negó a prestar colaboración con personal para custodiar un operativo de conexiones clandestinas en la toma masiva en el barrio La Movediza. 

La frustrante escena fue el botón de muestra de la alta tensión que impera entre los protagonistas, que no hacen más que alimentar más inseguridad a un asunto que ya no resulta un mero cortocircuito, amenaza con dejar pegado a más de uno.