Se aprobó la Ley Lucio para prevenir las violencias y abusos en la infancia

El Senado de la Nación aprobó, por unanimidad, y convirtió en ley un proyecto que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas su madre y la pareja de esta.

El proyecto fue debatido en el recinto de sesiones durante poco más de una hora, ya que existía la intención entre los legisladores de sancionar rápidamente la iniciativa.

El expediente plantea capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto para luchar contra la violencia en perjuicio de los niños.

En su articulado se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.

La Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una "obligación inmediata y directa" en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con "cierta experiencia acumulada".

Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.

Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando "la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad".

La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.