Presentaron la ley Hojarasca, que deroga normas “obsoletas”

La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar unas 70 leyes y reformar otras que generarán polémica, como la eliminación del financiamiento de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Esa federación, que es un bastión del peronismo bonaerense y ahora preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, deberá financiarse, si se aprueba la ley, con los aportes de sus afiliados o recursos aportados por el sector privado.

El Gobierno incluyó un artículo para reformar el mecanismo de financiamiento en el proyecto de ley Hojarasca para que los recursos no “provengan de las arcas del Estado Nacional”.

Otra de las leyes que reforma es la constitución del patrimonio del Círculo de Legisladores, ya que la quita la partida incluida dentro del Presupuesto Nacional y establece que se deberán financiar con las cuotas de sus afiliados.

Otra ley que reforma es la de padrinazgo al séptimo hijo, al eliminar la obligación de otorgar los recursos para la educación primaria, secundaria y universitaria.

También resaltó que la Constitución Nacional “establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas. Es decir que no es necesario emitir una norma que reconozca un derecho que ya es propio de todos los habitantes de la Nación”.

Más derogaciones

Entre las normas que se deroga se menciona una ley del Gobierno de Juan Perón que “impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”.

También informó que se busca eliminar la ley 18.312 del gobierno militar de Juan Carlos Onganía en la que “el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario”.

El oficialismo incluyó también la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse que obligaba “a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión”.

Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120, de la gestión de Lanusse, que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”.

Otra de las leyes que se derogan es la ley 20.959 del gobierno de Isabel Perón y por la cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, “hay pocos ejemplos de privilegios tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.

También se intenta eliminar la ley 20.983, de 1975, que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

La ley 22.875, aprobada en el último tramo de la dictadura militar, y que ahora se busca eliminar, permite al Estado exigir la relocalización de actividades productivas y es considerada una “injerencia excesiva en el ejercicio de la propiedad privada”, por lo que se propone su derogación.

Otra norma que se busca derogar es la 22.964, de 1983, que permite la internación forzosa de enfermos de lepra, ya que a su criterio es una norma de “corte netamente medieval, no solo estigmatiza a quienes padecen una enfermedad, sino que viola en forma flagrante los derechos reconocidos por la Constitución”. NA