La defensa de los condenados por el crimen de Báez Sosa pidió la absolución de tres rugbiers

La defensa de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, en el que insistió con distintos planteos de nulidad, y pidió que se aplique la figura del "homicidio en riña" para los cinco sentenciados a prisión perpetua y la absolución para los tres que recibieron una pena de 15 años de cárcel, informaron fuentes judiciales.

Hugo Tomei, quien continúa como defensor de todos los condenados, realizó su planteo a primera hora de ayer para tratar de revertir la sentencia dictada el último 6 de febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de la ciudad de Dolores.

El fallo había sido apelado ya por los fiscales que intervinieron en el juicio, quienes pidieron que la prisión perpetua alcance a los ocho jóvenes, por considerar acreditado que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (24) tuvieron el mismo grado de responsabilidad que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22) en el crimen ocurrido frente al boliche "Le Brique".

Juan Manuel Dávila y Gustavo García, quienes llevaron adelante la acusación fiscal ante el TOC 1, realizaron su planteo el último viernes, tres días antes de que venciera el plazo para hacerlo, y pidieron en ese sentido que todos sean sentenciados en calidad de coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Los argumentos

Tomei, por su parte, presentó un escrito de 109 páginas, al que tuvo acceso Télam, en el que pidió en primer término que se declare la "ilegalidad" del procedimiento en el que fueron detenidos los condenados en la mañana posterior al crimen, y cuestionó el allanamiento de la casa que alquilaban en Villa Gesell.

"Sin lectura de derechos, sin saber que podían negarse a responder preguntas incriminatorias y sin intervención de la defensa oficial, se les requirieron sus teléfonos celulares con las claves de acceso y la confesión sobre la propiedad de cada prenda de vestir con presuntas manchas hemáticas que se iban incautando", señaló.

En ese sentido, indicó que "la información sobre los derechos que gozaban en ese momento fue comunicada cuando todo había terminado, ya en la comisaria Villa Gesell, entre las 16:20 y 18".

Cuestionó además la intervención de la defensora oficial en las horas posteriores a la detención, porque "no transmitió" a los acusados la información sobre la realización de la autopsia, "prueba fundamental para la resolución del caso"

Subrayó además la "absoluta ilegalidad" de las indagatorias realizadas el 19 de enero, al día siguiente del crimen, ya que consideró que "nunca existieron", porque "las audiencias habrían durado entre uno y cinco minutos, tiempo imposible para cumplir con todas las obligaciones impuestas, detalladamente, por la ley ritual, bajo pena de nulidad".

"Sobre estas irregularidades conocidas por todos los funcionarios del Departamento Judicial de Dolores se asientan cinco penas a prisión perpetua y tres a 15 años", aseguró.

De manera subsidiaria, la defensa requirió que se declare la "parcialidad" de los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, que el 14 de abril de 2020 confirmaron las prisiones preventivas para los acusados.

Justificó el planteo en que en aquella resolución, los camaristas Luis Felipe Defelitto, Fernando Sotelo y Susana Yaltone llamaron a los imputados "mentirosos, fríos, calculadores, que salieron de cacería humana y que eran poseedores de una maldad inhumana". (Télam)