COMUNICADO
Jueces bonaerenses rechazaron los candidatos de Milei para la Corte Suprema
Jueces y funcionarios de la provincia de Buenos Aires también rechazaron a los candidatos de Milei para la Corte Suprema
Los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para completar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, sumaron su rechazo a través de un comunicado oficial difundido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
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“La postulación de dos varones para ocupar cargos en la Corte Suprema significa un profundo retroceso e inobservancia en materia de paridad de género de la normativa vigente”, señalaron los letrados.
En esta línea, los funcionarios y jueces bonaerenses que rechazaron los candidatos de Milei marcaron que una Corte Suprema compuesta totalmente por hombres sería “sesgada” y no presentaría “las experiencias, miradas y expectativas de las mujeres y diversidades de nuestra sociedad”.
En tanto, los jueces bonaerenses destacaron que “recién en este siglo las mujeres consiguieron una representación minoritaria en la Corte Suprema, lo que, de continuar, solamente puede interpretarse como una persistente y retrógrada discriminación hacia las numerosas juristas destacadas de nuestra provincia y de todo el país”.
Cabe mencionar que, la postulación de Lijo y de García-Mansilla para la Corte Suprema fue confirmada esta semana. Desde Presidencia explicaron que Lijo “se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal”, mientras que García-Mansilla “es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional”.
La intención es que el primer postulante de Milei para la Corte Suprema reemplace a Juan Carlos Maqueda, quien debería jubilarse el 29 de diciembre de este año por llegar a los 75 años de edad. Asimismo, el segundo ocuparía el lugar de Elena Highton de Nolasco, quien renunció el 1° de noviembre de 2021.
Es preciso destacar que, la conformación del máximo tribunal es clave para el Gobierno de Javier Milei, ya que se trata del organismo que debe analizar la legalidad de su mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
