JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
Despidieron a dos funcionarios por gastos no autorizados, entre otras irregularidades
Echaron a las máximas autoridades de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) por gastos no autorizados y otra serie de irregularidades que detectaron en ese organismo, tras una investigación de la Agencia Noticias Argentinas.
La medida fue tomada por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, e involucra al presidente de la JST, Julián Obaid, y al director de Relaciones Institucionales, Hilario Lagos.
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La nota de la Agencia Noticias Argentinas señalaba que el organismo gastó más de diez millones de pesos en servicios de catering de lujo para una serie de eventos.
Entre los productos incluidos en el contrato se destacaban vinos de primera marca y una selección de quesos gourmet.
El objeto de la contratación fue la provisión de servicios de catering para eventos de alto nivel que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 2024.
La Secretaría de Transporte consignó que a los funcionarios despedidos se les acusa de haber contratado “servicios de catering por un monto superior a 13 millones de pesos, que el organismo realizó entre el mes de mayo y septiembre del corriente año sin autorización de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y a raíz de otras irregularidades detectadas que ya están siendo investigadas”.
Auditoría
Mogetta señaló al respecto a través de su cuenta en la red social X que se enviará también desde la Secretaría de Transporte un “equipo de seguimiento de gestión para analizar minuciosamente cada una de estas irregularidades y para auditar internamente cada peso que entró y salió del organismo”.
“En línea con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de la Nación, Javier Milei, no vamos tolerar que se utilicen recursos públicos para beneficio de la clase política”, afirmó el funcionario.
La Secretaría de Transporte señaló que “no se va a tolerar que desde ningún organismo se realicen gastos en cuestiones que no son prioritarias y que representan un despilfarro de los recursos de todos los argentinos”.
“Los sucesos encontrados serán investigados y los funcionarios serán apartados de su función pública. De ser necesario, se tomarán las acciones judiciales correspondientes con los responsables”. NA