Lula avanza con medidas para garantizar el aborto

La decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de revocar una normativa dictada por la administración del ultraderechista Jair Bolsonaro que ponía trabas al acceso al aborto, incluso en los casos amparados por la ley, y de disponer la salida de un pacto internacional “antiaborto”, fue bien recibida por el feminismo y a la vez recibió críticas de los sectores religiosos, que lo acusan de no respetar promesas electorales.

La ministra de Salud de Brasil, Nísia Trindade Lima, fue la firmante de la decisión administrativa publicada el lunes en el Boletín Oficial que dispone la derogación de una regulación vigente desde 2020 que obligaba a los médicos e instituciones de salud a notificar a la Policía cada vez que iban a realizar un aborto por violación.

La abogada brasileña Sandra Bazzo Barwinski explicó a Télam que la importancia de esta derogación radica en que Brasil se coloca “de conformidad con los principios constitucionales y convencionales de derechos humanos, porque es un derecho de la mujer decidir si interrumpe o no un embarazo y es el deber del Estado que ella pueda acceder a ese derecho de forma digna”.

“El Código Penal pune el aborto. Es un delito, pero está permitido en dos casos; cuando fuera la única forma de salvar la vida de la gestante y cuando el embarazo es producto de un crimen contra la dignidad sexual. A partir de una decisión de la Corte Suprema, también se permite en casos de inviabilidad de la vida extrauterina”, indicó la letrada del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Pese a ser legal en estos tres casos, el texto de la gestión de Bolsonaro buscaba complejizar el acceso a la práctica y establecía como paso previo a la realización de un aborto, dentro de las causales previstas en la regulación brasileña, el requisito de “informar del hecho a la autoridad policial responsable”.

A su vez, demandaba a los médicos e instituciones de salud “preservar posibles evidencias materiales del delito de violación para su inmediata entrega a la autoridad policial o a peritos oficiales”.

Aquella medida de Bolsonaro, que no tenía fuerza de ley, agregaba requisitos no previstos en el código penal que incrementaban los pasos burocráticos para acceder al aborto legal.

Fue, a su vez, una de las primeras medidas del tercer ministro de Salud de Bolsonaro, el general del Ejército Eduardo Pazuello, y data del 23 de septiembre de 2020, una semana después de su asunción.

En un principio disponía que, previo al aborto, los médicos debían ofrecerle a la persona gestante la posibilidad de ver al embrión o feto a través de una ecografía. Sin embargo, este punto fue eliminado luego de la intermediación de la Corte Suprema de Brasil.

El acceso efectivo a la práctica del aborto ya es dificultosa, según Bazzo Barwinski, porque hay escasez de “servicios especializados” para cumplir la norma, principalmente para los casos de violación.

También apuntó contra otras prácticas como el registro de abortos, que, sin embargo, no es un elemento probatorio, pero que terminan instalando temor entre el personal de salud, por eso estimó que la derogación de Lula permite calmar “el pánico que se creó”.

La enfermera y partera Paula Viana, que lucha por el aborto legal desde hace 40 años en Brasil, dijo a Télam que la revocación es importante porque la norma anterior “desorganizó todo e hizo que los gestores de los servicios de salud tuvieran cada vez más miedo de atender, dificultando y poniendo más barreras a las existentes para el aborto”.

Según la profesional, que integra la ONG feminista Grupo Curumim, Bolsonaro avanzó en “capilaridad” de los ámbitos de influencia dentro del Estado y fuera de él con una visión conservadora y de ultraderecha. (Télam)