Honduras blindó la prohibición del aborto en su Constitución
A dos meses de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina, hay debates sobre la despenalización en Chile, México y Colombia, pero también críticas en varios Gobiernos conservadores de la región, entre ellos el de Honduras, que reaccionó con un blindaje a la prohibición del aborto en su Constitución.
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Pese a las protestas de colectivos feministas y el rechazo de más de 80 organizaciones locales e internacionales, el Congreso de Honduras aprobó a finales de enero una reforma constitucional que endureció aún más el veto total al aborto, vigente en el país desde 1982.
“La clase política que gobierna en Honduras colocó a su país a la cola de todos aquellos que niegan los derechos de las mujeres”, lamentó la activista feminista salvadoreña Morena Herrera en un coloquio del que participó Télam, organizado por la Feminist Alliance for Rights, Sombrilla Centroamericana y Somos Muchas.
Si bien Honduras ya consideraba a la IVE un delito -penado con entre dos y ocho años de cárcel- y protegía constitucionalmente al que está por nacer, la reforma del artículo 67 de la Carta Magna fue más allá al considerar “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer”.
Además, a partir de ahora, esta norma “solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional”, lo que prácticamente imposibilita su modificación.
La promulgación de esta medida supone un incumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), a las que adhirió Honduras.
“No sólo no se están adaptando o derogando las leyes discriminatorias contra las mujeres, sino que además se están reforzando aquellas que lo son”, dijo la experta independiente del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas de la ONU, la mexicana Dorothy Estrada-Tanck.
Además de alcanzar al aborto, la reforma también blindó la prohibición del matrimonio igualitario en la Carta Magna, a la vez que modificó los procedimientos constitucionales.
Honduras integra, junto a El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam, la lista de países latinoamericanos que prohíben el aborto de manera absoluta.
Asimismo, es el único en América Latina que prohíbe la píldora anticonceptiva de emergencia y tiene la segunda tasa más alta de embarazo en niñas y adolescentes de la región.
Según datos oficiales, los centros de salud hondureños registran cada año una media de 22.805 partos de niñas entre 10 y 19 años, es decir, cada tres horas una menor da a luz en el país. Esta situación se agravó con la pandemia del coronavirus.
Pese a este contexto, el denominado “Escudo contra el aborto en Honduras” fue aprobado en un solo debate por el Congreso, de mayoría conservadora, apenas días después de ser presentado. (Télam)
