En Nicaragua hubo un "aumento exponencial" de violaciones de DDHH

Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar en forma exponencial las violaciones de derechos humanos el último año, al presentar ayer un informe que llama a reforzar las sanciones internacionales a Managua.

El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma que el Gobierno del presidente Daniel Ortega perpetra "abusos y crímenes" para "eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social".

La reacción de Managua no tardó en llegar, y en la voz de la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, rechazó de plano el documento por "carecer de credibilidad".

"El Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas", declaró el Grupo, al reiterar expresiones del informe presentado hace un año, según la agencia de noticias AFP.

Sin embargo, "la situación ha empeorado" el último año debido a la "consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado", en especial del Poder Judicial, en manos de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, agrega.

"Durante 2023 ha habido un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo", dice el documento.

"El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional", afirmó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.

El grupo es independiente y fue creado en 2022 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el Gobierno de Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos (opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas).

El informe destaca que la represión a toda oposición real o imaginaria "se ha vuelto más sutil", y apunta en especial "a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas".

El 9 de febrero de 2023 Ortega excarceló a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de "traidores a la patria". Una semana después, les retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Hace una semana, Ortega justificó el despojo de la nacionalidad a estos 316 nicaragüenses que envió al exilio, al acusarlos de "traidores" y "vendepatria". 

Un obispo, Rolando Álvarez, fue también encarcelado y despojado de su nacionalidad en 2023, pero prefirió la cárcel al exilio. En enero pasado fue excarcelado, junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas, y enviados a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano.

Asimismo, más de 3.500 ONG, muchas de ellas religiosas, fueron clausuradas en Nicaragua desde 2018 y sus bienes han pasado a manos del Estado. Igual suerte corrieron universidades católicas, la Cruz Roja y la asociación de Boy Scouts.

"El Gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial", afirmó Simon. (Télam).