Vecinos en alerta ante el eventual tratamiento del nuevo proyecto de aplicación de fitosanitarios

Todos los jueves, un grupo de vecinos que forman parte de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y de la Asamblea por un Tandil sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos se congregan en la plaza Independencia con el objetivo de intercambiar y debatir acerca del  uso indiscriminado de herbicidas en la ciudad.

Asimismo, están a la expectativa del tratamiento que  se hará en el recinto del Concejo Deliberante del proyecto de ordenanza para la aplicación de fitosanitarios, que reemplazará a la caduca legislación sobre el tema. 

Luego de la asamblea, el grupo se acercó a la Municipalidad, donde fueron recibidos en el primer piso por los concejales Maridé Condino, de Juntos por el Cambio y Ariel Risso, del Frente de Todos, y otros ediles, quienes les explicaron que el texto  se va a dar a conocer cuando tome estado legislativo, algo que podría ocurrir  la próxima semana.

En este momento se produjo un tenso intercambio entre las partes y la junta vecinal, antes de retirarse, les reclamó a los legisladores que mantenían una actitud poco democrática al no abrir el diálogo con todos los sectores. 

En contacto con el Eco de Tandil, Gabriela Soler y Virginia Toledo, integrantes de la asamblea, aseguraron desconocer el borrador del proyecto y lamentaron no haber sido convocados a una mesa de trabajo con todos los actores implicados en la problemática. 

Falta de controles 

Huelga recordar también  que el magistrado a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, Julio Blanc, hace un año dictó una medida cautelar que prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de dos mil metros de lugares habitados, y a 500 metros de forma terrestre. La medida regía, en principio, por 6 meses y en mayo fue prorrogada sin plazo.

En este sentido, Toledo recordó que “la cautelar insta al Municipio a que se forme una mesa de diálogo con las  partes interesadas y no se convocó a todos. Además prohíbe que se apliquen estos productos a menos de 500 metros de todos los centros poblados y eso no se cumple”. 

Asimismo, las entrevistadas lamentaron la falta de controles por parte del Estado comunal, incluso de fumigaciones en la planta urbana.  “En los pueblos rurales y en la ciudad hay una convivencia constante con las fumigaciones y hay una gran  falta de información sanitaria. Esta ordenanza no lo va a controlar. Vimos algunos borradores desactualizados y  sabemos que lo que proyectan hacer no nos va a proteger; hecha la ley, hecha la trampa”, señaló Soler.

En tanto, también coincidieron en que el principal criterio para ponderar y confeccionar la nueva ordenanza es el  rinde económico, sin sopesar el impacto en la salud y los consiguientes costos sanitarios derivados de ello. 

“En ningún momento se tiene en cuenta el costo de salud. Lo que intentan aprobar establece que, si se identifica la presencia de una plaga que pueda generar un perjuicio  económico, el ingeniero agrónomo a cargo de la evaluación deberá pedir permiso para aplicar los agroquímicos. La distancia no es un límite, creemos que tienen que dejar de usarse tanta cantidad de químicos peligrosos para el ambiente. Prima una visión productiva del asunto y la salud queda en otro plano”, enfatizó Toledo.