Unas 17 mil personas se verían afectadas en Tandil por el ajuste en discapacidad

En diálogo con El Eco de Tandil la presidenta de "Tandil Inclusivo" María Carolina Martínez explicó que el motivo de las marchas fue plantear lo que el colectivo de discapacidad está atravesando y en esa línea expuso que “en estos 16 años que vengo trabajando nunca vi algo tan comprometido”.

“Le estamos exigiendo al Estado nacional el urgente pago de todos los aranceles que adeudan a los prestadores que hace muchos meses que no cobran, y también pedimos no al ajuste en discapacidad, además de que se respete la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, afirmó.  

Y manifestó que “hoy las autoridades políticas y públicas no nos están dando ningún tipo de soporte hacia esta ley, quieren pasarla por alto, ya hace varios meses hemos convocado a distintas consultas parta extender la ley de discapacidad que venía hablando y nunca tuvimos respuestas claras de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

En tanto, detalló que “ahora se está hablando de sacar el fondo de discapacidad y pasarlo a que lo maneje el Estado, sacarlo de las obras sociales, es muchísimo dinero, corremos un peligro terrible”.

Por último, estimó que son unas 16 mil personas las afectadas en Tandil por esta situación y recorte 

El abandono de los pacientes

Por su lado, Karina Muñoz, de Ciane, afirmó que “los papás cuyos hijos tienen IOMA se ven obligados a presentar un amparo para que le paguen al profesional lo que corresponde y no así cortar las terapias”.  

En segundo lugar, planteó el tema de los tiempos, que “a veces tardan seis o siete meses para que te autoricen una prestación básica como kinesiología o fonoaudiología, ni hablar cuando pedís un equipamiento, de movida son seis meses de espera, y de ahí se puede hacer un año y medio. Son seis meses de espera para que autoricen las terapias, y de ahí la espera por los honorarios”.

Y graficó que “ahora nosotros en Ciane tenemos una paciente que se hizo una evaluación, la directora médica le indicó las terapias. Cuando fue la mamá a la obra social le dijeron que tienen que esperar que una junta evaluadora de la obra social evalúa a la nena, entonces le dijeron que ellos creen que hasta el año que viene no va a poder empezar las terapias”.

“Es una locura, es un abandono de paciente, los padres nos desgastamos”, lamentó.

Y cuestionó que “ahora como las obras sociales sindicales se quejan que no les alcanza la plata, por un DNU quieren sacar todo lo que es del Fondo de Redistribución de Discapacidad, dárselo a las obras sociales sindicales, la plata que es de discapacidad, y que las personas con discapacidad directamente no traten con la obra social, que el Estado se haga cargo”.

“Es decir que en vez de tener problemas con IOMA, y PAMI que son las que están bajo el ala del Estado, vamos a tener problemas todas las obras sociales que estén sindicalizadas”, manifestó.

A su vez, criticó que “siempre recortan por el más débil, mi hijo ya no está pero si lo tuviese con vida a mí me seguirían descontando la afiliación de mi hijo pero no me la van a dar, siempre defendiendo a los sindicalistas y a los sindicalistas todo les es poco”.

“Esto no sucede sólo con este Gobierno, con todos los gobiernos la discapacidad fue postergada, la superintendencia de salud nunca estuvo a favor ni peleó los derechos de las personas con discapacidad”, lamentó. 

Consideró que esto sucede porque “mucha de la gente con discapacidad no vota, entonces no hay un voto castigo. Segundo, tampoco se las considera y tercero sumado a la situación económica que vive el país recortan por el lado más fino”