Una década de dilaciones para el techo propio, el derrotero de los No Docentes de la Unicen
Empezaron a soñar el barrio en 2009. El Instituto Provincial de la Vivienda entregó sólo 8 de las 59 casas proyectadas en el predio delimitado por Muñiz, Segundo Sombra, Cascuberta y Vistalli. Tras años de lucha y gestiones, el resto de los adjudicatarios logró la tenencia, pero aún no consigue escriturar. La traba está en el cordón cuneta de los pasajes internos, obra que dejó inconclusa una empresa contratista. Los vecinos no bajan los brazos y pugnan por habitar la urbanización enclavada en una zona con enorme potencial.
En el barrio de los No Docentes de la Unicen -ubicado en Muñiz, Segundo Sombra, Casacuberta y Vistalli- el ritmo de la construcción convive con cimientos que asoman entre pastizales y muros sin revocar. Entre el incipiente renacimiento y el abandono, la postal devuelve historias de lucha, ansias de progreso y una mejor calidad de vida, de sueños compartidos y solidaridad entre vecinos. A pesar de la primera impresión, se advierte que la urbanización tiene gran potencial. Y esa es la firme convicción de Augusto Román Hidalgo, que integra la comisión desde el minuto uno, y de Santiago Rodríguez, quien compró la base casi en ruinas y levanta su primera vivienda. Ambos contaron la historia y los desafíos actuales.
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El proyecto del barrio nació en 2009, con recursos que Anses puso a disposición de la Unicen, institución que decidió que se destinara a los afiliados del gremio Atuncpba. La construcción quedó en manos del Instituto Provincial de la Vivienda, en la manzana que compraron los 59 adjudicatarios sorteados. Sin embargo, la obra se detuvo y tras años de lucha, lograron la posesión de lo poco que había en pie. Con ese paso, la zona comenzó a tomar otra dinámica, con obreros que trabajan para terminar varias de las unidades y algunas familias que ya se mudaron.
Por las tardes, antes de que caiga el sol, Augusto y Santiago se cruzan en el pasaje paralelo a Muñiz. Augusto es maestro mayor de obra y construye su casa a contraturno de su trabajo, a medida que junta dinero para comprar los materiales.
Cuando accedió a su terreno, la estructura presentaba un avance del 36 por ciento. Sin embargo, al igual que el resto, la unidad había quedado durante años a merced de vándalos que le arrancaron la cañería de la instalación eléctrica y derribaron una pared, entre otros daños. Además, como no aún estaba techada, los factores climáticos y el paso del tiempo también provocaron diversos problemas.
Una vez que tomaron posesión, el gremio costeó la máquina que volvió a marcar las arterias del barrio. Además, contrataron a un agrimensor para que colocara las estacas que delimitan cada lote. Desde ese momento, los vecinos se comprometieron a cortar el pasto, mantener su propiedad y disponer de la obra.
El Instituto les informó que les iba a cobrar el equivalente al porcentaje de avance de cada unidad. Hoy abonan las cuotas, a través de una chequera que demoró unos cuatro años en llegar a cada beneficiario. “Yo estoy pagando el 36 por ciento de la cotización de la casa, que se mantuvo al valor de 2010”, dijo Augusto y reconoció que ese monto se licuó con la inflación.
A partir de la posesión, cada vecino puede terminar su vivienda como desee, por lo cual algunos plantearon modificaciones y otros siguen el proyecto original: 44 metros cuadrados, con dos habitaciones, un baño y estar cocina, con flexibilidad para ampliar.
La situación actual
En principio, ocho familias se mudaron a las casas que alcanzó a terminar el Instituto, ubicadas sobe Casacuberta, que se entregaron durante la campaña electoral de 2017. Además, hay otros quince adjudicatarios que lograron culminar las obras y se instalaron en el barrio.
En cuanto a la otra mitad, algunos resolvieron la situación habitacional de otro modo, otros construyen y otros aguardan por la escritura que les dé seguridad o les permita vender. “Hoy tienen un muerto que no se pueden sacar de encima. Al no tener el cordón cuneta, el Instituto no da el barrio por terminado y no nos hace las escrituras. Entonces, si quisiera vender, no tengo la escritura y tengo que vender a un precio de nada”, planteó Augusto y aclaró que ya pagaron por esa obra a una empresa constructora que no terminó los pasajes.
Por otro lado, como maestro mayor de obra, calculó que para terminar una casa con el proyecto original, que contemplaba 44 metros cuadrados, un propietario necesita 1,5 millones de pesos. Ese presupuesto refleja las dificultades que encuentran para avanzar, teniendo en cuenta que sin escrituras tampoco acceden a créditos.
Mucho por hacer
Desde la posesión, los vecinos se organizaron y avanzaron en varios aspectos. A partir de un convenio entre el gremio y la Usina, lograron el tendido eléctrico y el alumbrado público. Al momento de conectarse, cada propietario tiene que abonar un porcentaje del costo de instalación para tener el servicio de luz.
Por otro lado, se organizaron en un grupo de Whatsapp, motorizado por cuestiones de inseguridad como algunos robos y vandalismo. Además, habilitaron una cuenta de correo del barrio que la administran dos integrantes. El próximo paso será crear una comisión para sumarse al Foro de Seguridad, aunque la iniciativa se vio demorada por la pandemia.
En simultáneo, están trabajando para construir la plaza, en el terreno reservado para equipamiento que está ubicado en la esquina de Muñiz y Segundo Sombra. Hicieron algunas gestiones ante la Dirección de Espacios Verdes Públicos para conseguir algunos juegos y plantas. “Estamos empujando”, dijo Augusto y agregó que también quieren plantar los árboles en las veredas.
La traba, el cordón cuneta
En este momento, la traba para escriturar es el cordón cuneta, obra que ya costearon pero que la firma contratista no ejecutó. Por entonces, lo dejó pendiente con la excusa de que los camiones no lo rompieran al entrar materiales. En ese tiempo, presentó quiebra y los dejó a la deriva.
Para tener el final de obra, necesitan ejecutar el cordón cuneta en los tres pasajes del barrio y en las curvas de las esquinas. “Nosotros ya lo pagamos y ahí está el problema”, explicó Augusto y detalló que el gremio hizo una presentación judicial que quedó en la nada. La única esperanza que les queda es conseguir una ayuda del Municipio.
Apuestan a que una vez que logren escriturar, el barrio va a tomar más impulso, teniendo en cuenta que aquellos que ya no estén interesados en habitar podrán vender. Además, con los costos de la construcción, muchos aguardan el título para invertir sobre algo seguro.
“En el transcurso del tiempo, algunos dueños que habían conseguido su casa por otro lado, decidieron poner en venta”, contó Augusto. En la situación de comprador y nuevo vecino está Santiago Rodríguez (27), quien adquirió el lote con un mínimo porcentaje de construcción y espera por el título de propiedad. Mientras tanto, va haciendo, a medida que se lo permiten sus ahorros.
Hace algunas semanas, Santiago instaló una casilla rural sobre el pasaje paralelo a Muñiz, frente a su vivienda en obra. Luego de cada jornada laboral en el campo, duerme en el rodado con el objetivo de desalentar los robos. Ya le faltaron materiales y herramientas, entonces quiere evitar que nuevos escollos demoren la mudanza, junto a su pareja.
“El barrio tiene futuro. Es lindo y tiene buena ubicación”, dijo ilusionado en lo que pueda venir. “Es mi primera casa, pura emoción”, agregó y contó que “cuando yo lo compré, te pedían ciertos requisitos, que eran el concubinato, no tener otra vivienda propia y justificar ingresos”.
Con la obra “más encaminada”, no atinó a poner plazos para mudarse porque “la plata es todo y depende cómo nos va en el trabajo”.
En cuanto al proyecto, indicó que “cuando compré la casa la idea era hacer un dúplex, pero no se podía hacer de dos pisos porque la construcción tenía algunos problemas y la estructura no iba a aguantar otra planta”.
“Si los vecinos van construyendo, mejora la estética de la urbanización”
Hace una década, el grupo original estaba integrado por afiliados al gremio, quienes imaginaban a sus hijos jugando en la plaza y soñaban con verlos crecer juntos, disfrutando de la tranquilidad, del espacio y del letargo de los barrios tandilenses que se acrecienta a medida que se pierde de vista el centro.
“Yo estoy alquilando”, contó Augusto Hidalgo. Como muchos otros adjudicatarios, destina una parte de sus ingresos a pagar la renta, lo que le dificulta acelerar la obra.
Cuando se embarcó en el barrio de los no docentes, “tenía el nene de un año y la nena todavía no había llegado. Tengo a mis compañeros de la Universidad e imaginábamos ‘el conventillo’”, confió entre risas.
Por otro lado, describió que tras una década de espera, “va y viene, sube y baja, el ánimo de la gente del barrio”. Desde lo personal, expresó que “estoy contento, no me arrepiento de haberme metido acá. Sigo con el proyecto, avanzando. Me alegro cada vez que alguno empieza a trabajar, a ampliar o a hacer, mejorar o terminar. Cada compañero o vecino que pone manos a la obra, vamos y le ofrecemos si necesita agua o luz, alguna solución o ayuda. Tratamos de colaborar. Si los vecinos van construyendo, mejora el aspecto del barrio, en cuanto a la estética, seguridad y todo. Eso nos pone más contentos”.
De la ilusión al miedo de que pasara lo mismo que en Smata
Corría 2009 y el tandilense Diego Bossio era director Ejecutivo de Anses. Por ese entonces, le propuso al rector de la Unicen Roberto Tassara hacer viviendas y acordaron que el gremio Atuncpba, que nuclea a los no docentes, gestionara el barrio.
Por entonces, el sindicato armó el proyecto y los recursos que aportó Anses se transfirieron al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de administrar la construcción.
Los adjudicatarios debían cumplir con tres condiciones básicas: que fuera vivienda única y permanente, tener un grupo familiar conformado y estar afiliados al sindicato de los no docentes. Se anotaron 600 personas interesadas en acceder a una de las 59 casas, que fueron sorteadas.
En 2010, el grupo de 59 no docentes compraron el macizo delimitado por Segundo Sombra, Casacuberta, Vistalli y Muñiz. La manzana les costó 1,8 millones de pesos, por lo cual cada parte debía tener el dinero al momento de cerrar la transacción.
En 2010 concretaron la adquisición y le cedieron la tierra al Instituto Provincial de la Vivienda para que construyera el barrio con los recursos que aportó Anses. El organismo provincial inició las obras, pero poco después se empezó a atrasar.
“Nos invadió el miedo de que pasara como el Smata, que transcurran 40 ó 50 años y no nos den las casas. Como se frenaba la obra, le empezamos a pedir al gremio que interceda ante el Instituto y que nos devuelvan las casas en el estado en el que estaban”, contó Augusto Hidalgo.
En 2015, poco antes de las elecciones, el Gobierno provincial entregó ocho vivienas que presentaban un avance del 95 por ciento. Sin embargo, las 51 familias restantes seguían esperando. Tras innumerables gestiones, finalmente el Instituto accedió a entregar las casas en el estado en que se encontraban. Entonces, un escribano fiscalizó el avance de obra de cada unidad y se sortearon entre los adjudicatarios. A partir de allí, cada propietario debía saldar la deuda de la casa que le tocara y hacerse cargo de su propiedad.
