Un informe de la Unicen reveló que se agravaron los casos de violencia de género en Tandil
El diagnóstico parcial elaborado por un grupo de la Facultad de Ciencias Humanas analiza la transformación de los dispositivos de abordaje de la violencia y desigualdades de género en el contexto de aislamiento. El recrudecimiento de las situaciones de violencia y el aumento de la demanda alimentaria son dos de los puntos más acuciantes observados en el trabajo.
En el marco del Plan de Contingencia elaborado por la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género, se propuso la realización de un Diagnóstico Social sobre la Transformación de los Dispositivos de Atención a la Violencia de Género en Contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que, en su fase parcial, registró la evolución de los casos de violencia de género en la ciudad en estos últimos dos meses.
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El trabajo fue asumido por el Grupo de Estudios en Ciencia, Sociedad y Cultura (Ci.So.C.) de la Facultad de Ciencias Humanas, en tanto integrantes de la Mesa. El estudio se desarrolla a través de una estrategia metodológica cualitativa que consiste en la realización de entrevistas semiestructuradas a informantes clave que participan de diversos dispositivos de atención. A su vez, fue incorporado el relevamiento de información expresada en medios de prensa gráficos, televisivos y radiales locales.
Matías Álvarez, licenciado en Trabajo Social y miembro del equipo del Ci.So.C, comentó que “desde el grupo de investigación se considera que la violencia de género debe enmarcarse en un contexto más general de desigualdades sociales y de género. Por este motivo, se decidió ampliar las dimensiones a relevar para identificar qué sectores se encuentran más expuestos a situaciones de violencia o padecimiento en esta coyuntura”.
“La definición de políticas con perspectiva de género es un imperativo para nuestra sociedad, y es posible de concretar fortaleciendo estos espacios de articulación integral, interinstitucional e interdisciplinaria”, afirmó Florencia Minardo, otra de las profesionales abocada al tema.
Hasta el momento se han realizado más de 20 entrevistas a referentes de instituciones estatales y de organizaciones de la sociedad civil. Se ha trabajado sobre tres perfiles de informantes clave pertenecientes a: instituciones estatales de la ruta crítica, instituciones estatales con anclaje territorial y organizaciones sociales y territoriales.
El recrudecimiento de las situaciones
En diálogo con El Eco de Tandil, Álvarez señaló que se pensó la violencia en términos amplios y por eso se decidió incluir a todos los actores implicados en los procesos de abordaje. En las diversas entrevistas se evidenció una complejización de la violencia de la mano de un aumento exponencial de la demanda alimentaria.
“Estamos escribiendo el informe parcial con el desarrollo de los puntos y un detalle metodológico. El proceso sigue y vamos a ahondar en función de las particularidades que vayan saliendo”, explicó.
“Una percepción compartida en su mayoría por mujeres y población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) es el incremento de la violencia que trajo aparejado el aislamiento, es algo que marcan los informantes. Sucede que se recrudecen situaciones previas o vuelven a emerger casos que estaban aplacados. Surgen otras cuestiones con adolescentes lesbianas y gays que se encuentran recluidos en hogares donde hay climas de discriminación. El estar más tiempo adentro supone también un ejercicio de cierta violencia, que constituye una forma de violencia de género, aunque la violencia entre parejas heterosexuales es lo que comúnmente se entiende como esto”, describió.
El déficit de recursos materiales es otro de los tópicos que aparece fuertemente, lo que expone el carácter interseccional con el que debe ser concebida la violencia, atravesada por las condiciones de clase, procedencia migratoria y otras variables.
“Hay sectores vulnerables en situación de pobreza o con trabajos precarios que en este contexto perciben limitados sus ingresos y la disponibilidad de recursos. Vimos problemas en el sistema que se implementó al principio, de dispensar los alimentos de forma centralizada y no en los centros comunitarios, o priorizar la asistencia alimentaria y no otro tipo de asistencia material que también se requiere en este contexto”, profundizó. No obstante, se destacó el sólido trabajo que han construido las redes barriales y las promotoras territoriales para hacer frente a la multiplicidad de circunstancias que se presentan a diario, cohesionado aún más la organización de las bases.
“Si hubiera más recursos o el Estado estuviera presente de algunas otras maneras, hay situaciones que podrían resolverse de forma más efectiva. La clase y la dificultad de acceso a servicios y bienes básicos profundizan las situaciones violentas”, concluyó.
Los puntos sobresalientes
Las cuestiones preponderantes surgidas a partir del relevamiento, evidenciaron diversas aristas que se configuraron en el marco de la cuarentena y las modificaciones que sufrió la articulación con las redes barriales y los dispositivos institucionales.
-El aumento de la demanda de asistencia alimentaria y material por la pérdida del trabajo o la profundización de la precariedad laboral, lo que ha redundado en la supresión de los ingresos que permitían el sostenimiento económico del hogar. Se registró un aumento en la demanda de alimentos y de asistencia material (frazadas, garrafas, leña, etc.); siendo las mujeres el sostén de hogar a cargo de niños y la población trans travesti quienes se encuentran en peores condiciones para garantizar su subsistencia.
-La complejización de las situaciones de violencia de género por las condiciones que impuso el aislamiento en torno a la reclusión doméstica y a los obstáculos para acceder o sostener medidas de protección, regímenes comunicacionales y apoyos económicos.
-La centralidad de las organizaciones sociales con anclaje barrial en la construcción de respuestas ante la creciente demanda alimentaria, destacándose también la relevancia de las redes territoriales de género que ya venían trabajando en la atención y acompañamiento en situaciones de violencia
-La articulación de medidas nacionales y provinciales vinculadas a la suspensión de desalojos y las prórrogas de contratos siendo fundamental el papel de organizaciones territoriales e instituciones, para monitorear que aquellas medidas fueran acatadas ante la amenaza de propietarios de realizar desalojos. En muchos casos, esto agravó las situaciones de violencia de género o configuró nuevas formas de su manifestación.
-La modificación de las dinámicas institucionales donde se destaca fundamentalmente el cierre de los instituciones estatales con anclaje barrial y la centralización de la atención, con la consecuente sobre saturación de la atención telefónica y virtual que imprimió demoras y dificultades en la posibilidad de encontrar respuestas.
-La reconfiguración del trabajo en el Estado, y la identificación de procesos de precarización derivados de la adopción de modalidades de trabajo virtual y telefónico; junto a dificultades para separar el trabajo remunerado del doméstico y la pérdida de autonomía en la toma de decisiones. Esto ha redundado en crecientes niveles de malestar y angustia por parte de los trabajadores.
-Las dificultades edilicias y de acceso a materiales de trabajo en aquellos espacios donde ha continuado la atención presencial, destacándose la imposibilidad de respetar las medidas de distanciamiento al tener que compartir espacios reducidos para la atención. A su vez, quienes continuaron sus dinámicas laborales a partir del teletrabajo, tuvieron que utilizar recursos propios, como computadoras y acceso a internet.
-Las nuevas formas de comunicación, a través de apps y plataformas, si bien posibilitaron continuar con la atención, resultaron limitantes para el desarrollo de las intervenciones, al verse obturada la posibilidad de una contención directa, implicando formas de invisibilización y desigualdad de las personas en situación de violencia.
