Un especialista advirtió que el Municipio tiene competencia sobre la regulación y control de las aplicaciones
El ingeniero Claudio Lowy salió al cruce del trabajo que lleva adelante el Concejo Deliberante. cuestionó el borrador que presentó el edil Ariel Risso. Planteó una serie de "salvedades" en el marco de un debate que sigue lejos de arribar a definiciones.
A raíz de la nota que se publicó en El Eco Multimedios, sobre el trabajo que se lleva adelante desde el Concejo Deliberante para arribar a una nueva ordenanza que regule la aplicación de fitosanitarios en el partido y el borrador sobre regulación con eje en los controles que presentó el concejal del Frente de Todos, Ariel Risso, el ingeniero Claudio Lowy, coordinador de la ONG ambientalista Bios nodo Tandil, realizó algunas “salvedades”.
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En primer lugar, destacó la preocupación manifiesta del concejal Risso sobre las cuestiones ambientales y del desarrollo de la agroecología, sin embargo, luego advirtió que algunas cuestiones recientemente declaradas “no son así”.
En sus declaraciones, el concejal habló de “zonas grises” de competencia para la regulación de las aplicaciones de plaguicidas, a lo que Lowy indicó que las normas municipales son muy claras al respecto, tanto en lo que hacen al ordenamiento territorial como a la protección ambiental, y más allá de lo que indican las de nivel nacional y provincial.
Recordó que la Ley Orgánica de las Municipalidades es muy vieja, del año 58, pero a pesar de eso consideró que el concepto se entiende y repasó algunos incisos donde se prioriza el cuidado y la conservación de la población y los recursos naturales.
Además, referenció la legislación provincial de ordenamiento territorial, donde se asienta el objetivo de asegurar la preservación y mejoramiento del medioambiente, advirtiendo proscripción de acciones degradantes del ambiente. A su vez, allí también se indica que la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el Municipio.
En Tandil hay 30 mil aplicaciones por año
En el planteo que realizó el concejal Risso en conversación con el programa “Cosas que pasan” y replicado en el diario El Eco de Tandil, hizo hincapié en que si los controles fallan, falla todo.
En consonancia, Lowy aseguró que no se trata solamente de quién interviene, sino de qué es lo que hay que controlar. Explicó que desde la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) hablan de las recetas fitosanitarias y el chequeo de eso es “una cosa muy compleja”.
“En Tandil se hacen en promedio 30 mil aplicaciones al año, eso si se toman los 10 meses fuertes, se traduce en cien por día, con fines de semana inclusive”, detalló. “¿Cómo hacen para controlar?”, cuestionó.
Según su propuesta, lo que debería hacerse para lograr la eficacia, es que un inspector verifique que se tenga la receta fitosanitaria, sacar una muestra del tanque, del avión o del mosquito, para protocolizarla y mandarla a laboratorio para ver si ese contenido coincide con lo formulado en el papel. “Sino no tiene sentido”, dijo. “Todas las propuestas de control que están haciendo, no se cumplen”, acusó.
Si bien identificó que aquí hay un dilema importante, para el ambientalista también hay otras cuestiones determinantes a evaluar y tienen que ver con que no se difunden suficientemente los daños que generan esos productos fumigados. “La gente todavía piensa que el glifosato es como agua con sal y eso es responsabilidad del discurso público”, exclamó, advirtiendo que se refiere a los funcionarios y no a los productores.
Fuerte mensaje a autoridades por fumigaciones
Por otro lado, el jueves los concejales y otras autoridades comunales recibieron un fuerte comunicado, en el que se los acusaba de “ecocidas”.
“Quienes nos fumigan con agroquímicos son ecocidas. Quienes lo avalan, también. Hagan cumplir la cautelar vigente”, rezaba el cartel que les llegó a los ediles, que tenía la foto de cada uno de ellos y una mancha de sangre.
Lowy, si bien manifestó coincidencia con el contenido del mensaje, consideró que fue un acto “extremista”. En este sentido, explicó que “ecocidio” hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado.
“Si no controlan, no lo regulan y apelan la medida cautelar del juez Augusto Blanc (que restringió por seis meses en el partido 2000 metros para las aplicaciones aéreas y 500 para las terrestres), no hay otra conclusión posible”, razonó.
