Tras el DNU, piden hasta un 300 por ciento más por renovar

Una de las primeras leyes derogadas por el gobierno nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 fue la ley de Alquileres. La medida liberó por completo el mercado bajo el argumento de la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes. 

A un mes de la entrada en vigencia de la iniciativa, El Eco Multimedios habló con el titular de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, Emiliano Salazar; y con Juan Arrizabalaga, de la Federación de Inquilinos Tandil, para realizar un balance.

Aumentos de 300 por ciento

“Lo primero es desmentir esta campaña mediática que se hizo, de que se cae la ley y mejora maravillosamente la oferta de vivienda y los contratos de alquiler; e incluso que bajaban los precios, como publicaron TN, La Nación, Clarín o A24”, disparó el referente de Inquilinos.

Días después de derogarse la citada normativa, el sector inmobiliario celebró la liberación y aseguró que sería un beneficio para los inquilinos, que verían una baja en el valor de los alquileres. 

Lejos de eso, según explicó Salazar, “hay más ofertas, pero el problema son los ingresos, porque un contrato a un año puede ser desventajoso para el inquilino”.

Y agregó: “En las páginas de búsqueda de departamentos figuran más inmuebles en oferta, pero los precios no son accesibles para la economía familiar”. 

Arrizabalaga coincide: “La verdad es que los precios dieron un salto enorme, que no están cumpliendo los contratos firmados y no le están renovando a la gente que se le está terminando en enero”.

“En Tandil, los inquilinos ya no pueden pagar los alquileres y los que están ofreciendo,  piden un aumento de 300 por ciento o más para el inicio del contrato nuevo. La verdad es que la situación es crítica. Se ha sacado la ley de alquileres para imponer la ley de la selva y desmiente este discurso de que los precios están bajando, lo cual además es ridículo porque ningún precio en la economía está bajando”, sentenció. 

Qué pasa con los contratos

Ante este escenario, Salazar contó que las preguntas más frecuentes de los inquilinos tienen que ver con la vigencia de los contratos y el impacto que tiene en ellos la derogación de la ley. 

En esta línea, contó que a la Oficina se acercaron casos a los cuales les pidieron cambiar el contrato o aumentar el valor de la propiedad.

Lo cierto es que, como plantea el Arrizabalaga, hoy todavía está vigente el DNU y por lo tanto la desregulación es absoluta, donde los propietarios imponen “absolutamente” todas las condiciones: contratos de máxima de un año o seis meses, con aumentos trimestrales o cuatrimestrales; algunos en dólares y con más cantidad de depósito que no reintegran. Y además, la parte propietaria se reserva la posibilidad de rescindir el contrato. “No hay acuerdo entre partes. Hoy los alquileres en Argentina son un robo, porque hay un mecanismo de estafa”, aseguró. 

Dos leyes y una derogación con cláusulas abusivas

Durante los últimos meses del 2023 existieron dos leyes de alquileres, y la derogación vía DNU. Como explicó Salazar, los contratos que se firmaron antes del 29 de diciembre continúan bajo la ley que estaba vigente al momento de la rúbrica. 

Es decir, si la persona alquiló antes del 17 de octubre, le corresponde la ley número 17.751 que estipula un contrato de tres años, con ajuste anual del valor de pago.

El 17 de octubre ese índice fue modificado por la ley 17.737, que proponía la actualización cada seis meses bajo el índice Casa Propia, y contratos por tres años. 

Con el decreto de necesidad y urgencia, el 29 de diciembre se derogó esa normativa, y se desreguló por completo el mercado de alquileres. A raíz de esto, todos los contratos que se estén firmando en estos días rigen bajo esa pauta, que implica una libertad en el plazo, en el tipo de moneda “y distintas cuestiones que pueden plasmar los inquilinos y propietarios en la relación contractual”, manifestó Salazar. 

Arrizabalaga, por su parte, fue contundente: el DNU “propuso cláusulas abusivas. Por ejemplo, si vos firmas un contrato diciendo que le vas a pagar cortándole un dedo por mes a tus hijos, el DNU dice que eso tiene mayor valor a cualquier orden constitucional o legal, lo cual invierte el sistema jurídico argentino”.

“Es una barbaridad, sacado de una distopía total y de una gravedad democrática que no se vio desde la dictadura. Está redactado en esos términos: que un juez no debe intervenir ante cláusulas abusivas en una relación contractual, literalmente”, consideró.

Justicia pendiente

Por lo pronto, a nivel judicial hubo dos instancias que rechazaron hacerse cargo del pedido de marcha atrás de la derogación de la ley.

Arrizabalaga explicó que “la feria judicial tomó el reclamo de nulidad porque el procedimiento es anticonstitucional en términos administrativos por cómo se firmó el DNU y ante las consecuencias sociales de derogar la ley sin nada a cambio”.

Sin embargo, “evidentemente el poder inmobiliario tiene mucha fuerza porque hay dos jueces que se dieron al costado. Eso está en camino”, agregó.

Futuro crítico

Ante este panorama, el referente de Inquilinos sostuvo que “la situación es realmente crítica y va a empeorar. Y lo que va a suceder en una ciudad como Tandil, que tiene una crisis habitacional fenomenal”. 

“Esto va a explotar, y se van a quedar con las viviendas vacías u ocupadas, pero el tema en Tandil va a explotar. La gente sabe quiénes son los responsables de esto, y saben que la actitud de las inmobiliarias y los rentistas es un ensañamiento contra los inquilinos. Y ante esto, la gente con hijos no va a ir en la calle. Va a ser un gran conflicto social en Tandil, que la ciudad no conoce. Algunos están tirando nafta al fuego y se olvidan que son vecinos tandilenses”, resaltó.

Angustia

Para conocer las consecuencias de la derogación por decreto 70/2023 de la ley de alquileres, la Federación de Inquilinos y la investigadora Luci Cavallero realizaron  una encuesta con 3300 respuestas de inquilinos en todo el país.

El 87,3 por ciento de los contratos que se firman bajo el decreto tienen una actualización por períodos menores a seis meses. El dato que más se destaca es que el 25 por ciento tiene actualización cada tres meses.

El plazo de tres años, en los contratos más nuevos, se presenta sólo en el 24,8 por ciento de los casos analizados. Como contrapartida, creció fuertemente la participación de contratos de alquiler cortos, con un período de duración menor a 6 meses: estos representan casi el 25 por ciento de los casos.

En relación a los sentimientos generados por la cuestión de la vivienda, entre los inquilinos predomina la angustia (78 por ciento), la ansiedad (75 por ciento) y el sentimiento de desesperanza (68 por ciento). 

El 92,9 por ciento de quienes alquilan considera que el 2024 será peor que el año pasado. 

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Por El Eco

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