Trabajadores informáticos respaldaron los cambios en la Ley de Economía del Conocimiento
El gremio local manifestó su apoyo a las modificaciones que prometen beneficiar a pymes, provincias y equidad de género. Además, ve la decisión del ministro de Desarrollo Productivo como una oportunidad para formalizar las relaciones laborales con la industria. Esperan contribuir en la formulación de una alternativa superadora de la ley.
Desde la Asociación Gremial de Computación (AGC), que nuclea a los trabajadores de la industria informática, manifestaron su respaldo a la decisión adoptada por el Gobierno nacional, respecto de la suspensión del Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento, en los términos expresados en la Resolución 30/2020, que lleva la rúbrica del ministro de Desarrollo Productivo.
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Cabe recordar que días atrás se dio marcha atrás con la reglamentación de la norma aprobada el año pasado por unanimidad en el Congreso, ya que el Ministerio de Desarrollo Productivo apuesta a sumarle a la ley, por lo menos, tres ejes: pequeñas y medianas empresas, desarrollo en las provincias y equidad de género.
En este sentido, el delegado de Tandil Manuel Alonso, extendió las percepciones del gremio coincidiendo no sólo con la necesidad de revisar el alcance de la aplicación de dicho régimen, a efectos de determinar con precisión las actividades alcanzadas por los beneficios contemplados en la norma, sino que asimismo consideraron que deben incluirse en su articulado las medidas pertinentes “para el ordenamiento de un sector que genera exportaciones por seis mil millones de dólares al año y en el que, según estimaciones oficiales, trabajan unas 120 mil personas”.
La luz de la oportunidad
Sin embargo, a raíz de la carencia de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) específico del sector informático, advirtieron que prevalecen en el mismo modalidades precarias de contratación y prácticas fraudulentas que resultan en un grave perjuicio para la seguridad social y el fisco, que repercuten negativamente en el conjunto de la sociedad.
“Sostenemos que esta es la oportunidad histórica para la definitiva formalización de las relaciones laborales en la industria del conocimiento, estableciendo seguridad jurídica para sus trabajadores y reglas claras para el desempeño de los distintos roles ocupacionales, con sus respectivas escalas salariales y de conformidad con la legislación laboral vigente”, enfatizaron.
Igualmente, creyeron necesario revisar y profundizar las iniciativas para la formación de los nuevos trabajadores que el sector demanda en forma incremental. Este es un tema que, “a la luz de los decepcionantes resultados arrojados hasta el momento, producto de la gestión exclusiva de las actividades de formación laboral por parte de las cámaras empresariales” requiere, como es de uso en todas las ramas de la producción, de la participación activa y el compromiso de la organización gremial competente.
De esta manera, sostuvieron que quienes cotidianamente se desempeñan en la producción de conocimiento esperan contribuir activamente a la formulación de una alternativa superadora de esta ley. Remarcaron que la misma debe ser redefinida “no sólo pensando en exenciones impositivas o de cargas tributarias, sino como un verdadero instrumento para la promoción de la industria nacional y el trabajo decente de los argentinos y argentinas”.
Pymes, provincias y equidad de género
En la cartera que conduce Matías Kulfas ya les reafirmaron a las principales firmas de tecnología y también a la Unión Industrial Argentina (UIA) que la Ley de Economía del Conocimiento sigue todavía vigente, que cualquier cambio será retroactivo al 1 de enero y que la decisión de introducir las modificaciones tuvo que ver con problemas de aplicabilidad que detectaron las nuevas autoridades.
Ya desde la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (Cepit) habían manifestado su preocupación e incertidumbre sobre la decisión ante este Diario. Al respecto, Esteban Sarabia referente de Q4Tech y miembro de la comisión directiva de Cepit, sostuvo: “Es prematuro dar muchas definiciones sobre el tema, no se sabe lo que pasará definitivamente”, y explicó que la entidad local pertenece a su vez a la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) y que desde ese lugar ya tomaron contacto con las autoridades nacionales para entablar una serie de conversaciones sobre el tema.
La primera novedad a sumar será mejorar el acceso de las pymes a los beneficios fiscales que otorga la ley. La reglamentación original que fue suspendida en los últimos días “excluía” a las pymes y a las startups, porque las obligaba a tener un cupo mínimo de exportaciones para que el Estado las incorporara como beneficiarias. Entre esas ventajas aparecen la Ley de Reducción del Pago de Ganancias, menores contribuciones patronales y la eliminación de la doble imposición tributaria.
Esto no implica que dejen afuera a las grandes empresas, sin embargo, sí es posible que se diferencien según el tamaño los beneficios fiscales otorgados hasta ahora.
Otro de los cambios importantes buscará el desarrollo federal de la economía del conocimiento y premiará a las empresas que generen nuevos empleos. Básicamente, la idea oficial es que las compañías que decidan invertir en provincias con bajo desarrollo tecnológico y generen nuevos trabajos tengan mayores beneficios.
El tercer eje que el ministerio de Kulfas planea incorporar a la norma tiene que ver con la equidad de género. Así, las empresas que sumen mujeres a sus proyectos también tendrán mayores beneficios.
