Tandil acumula más de 50 causas por el robo de cables

El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, sostuvo que el robo de cables se registra principalmente en las dos ciudades más grandes de la jurisdicción, Tandil y Olavarría, por la cantidad de habitantes y el volumen de desarrollo económico que tiene cada una, pero alertó que se trata de una problemática que es común a otros distritos de la provincia y del país.

Bajo ese enfoque, y puntualizando la experiencia local, ratificó a El Eco Multimedios que hay una reunión prevista con las autoridades municipales para abordar un tema que ganó espacio en la agenda pública en las últimas semanas. La preocupación del Municipio, y de la Usina Popular, se basa en el incremento en los casos –en promedio, dos día- y en el perjuicio económico y en las dificultades para la prestación del servicio que genera. 

En diálogo con el ciclo radial “La Mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM), el funcionario judicial trazó los lineamientos del trabajo de la Justicia y dijo, para llevar tranquilidad, que “estamos trabajando en el tema”.

Frente a este escenario, remarcó que en las dependencias judiciales hay cerca de medio centenar de expedientes vinculados al robo de cables desde que comenzó el año. Son todos casos individuales que se investigan de manera particular. De todos modos, no descartó que “si hay una sumatoria, un modus operandi y varias personas actuando, puede transformarse en una asociación ilícita”.

“Hay que tener en cuenta que hay un lineamiento y una forma de investigar estos temas, puede tardar un poco más o un poco menos, pero con garantías constitucionales debidas se puede investigar y alcanzar buenos resultados”, sentenció el fiscal general.

Un tema que preocupa

En primer término, el funcionario indicó que, en lo que va del año, hay más de 50 causas vinculadas al delito de robo de cables según lo informado por los fiscales con asiento en la ciudad, la mayoría de las cuales se encuentra en trámite.

“Es una temática que le preocupa a todos, a los vecinos, a la Usina, a las autoridades policiales y a nosotros también”, subrayó.

En detalle, informó que la policía desarrolla las correspondientes investigaciones a instancias de lo requerido por los fiscales y que algunas se encuentran “muy avanzadas”.

En ese sentido, y si bien evitó adelantar información sobre otros expedientes que se encuentran en proceso, mencionó el reciente allanamiento en una vivienda de Pizzorno al 600 en el cual la policía secuestró más de 300 kilos de cables de tendido telefónico que se encontraban en posesión de una persona, además tres millones de pesos argentinos y dos mil dólares.

Lineamientos 

Por otro lado, el fiscal general apuntó que las causas “no se solucionan de a una, sino a través de medidas en conjunto” que bajan de la dependencia que dirige hacia las unidades de fiscalía, “y esa es, por ley, nuestra función”.

Asimismo, reconoció que “nunca tuvimos una reunión específica con las autoridades municipales sobre este tema”, aunque tomó la preocupación que llegan desde distintos ámbitos frente a la problemática. “Tomamos medidas y se bajaron determinadas líneas”, por lo que “hay investigaciones en curso y algunas tuvieron resultado”, insistió.

De todos modos, planteó que todo ese sistema demanda su tiempo y que, en última instancia, “lo veremos a través de resultados específicos que tengan con aprehendidos, detenidos o condenas futuras”, completó.

En cuanto a los tiempos en los procesos, Sobrino aclaró que no existe un sistema para estimar el desarrollo de las investigaciones y explicó que depende muchas veces de las diligencias que se lleven adelante, que se encuentren elementos permitan definir “un hilo conductor” para llegar a quienes están detrás del delito, de peritajes o del Código Procesal Penal.

Además, son los jueces los que otorgan las medidas solicitadas por los fiscales a partir del material probatorio reunido para que los procedimientos tengan resultados positivos.

-¿Qué tipo de delito es?

-Entiendo que es un robo. El hurto es cuando no hay daño ni violencia a las personas. Un robo es cuando hay un daño. En este caso, tuvieron que cortar (cable), entonces hay robo.

-Si hay una posible derivación de la causa de la justicia ordinaria a la federal, considerando si se interrumpe un servicio público, ¿cómo se procede?

-Hay distintas posibilidades de la derivación de la competencia. Una es por el ámbito donde se desarrolla. Entonces, si es dentro de un ámbito federal, como la Base Aérea, por ejemplo, interviene la Justicia federal. Si se prueba que la característica es la interrupción de las comunicaciones podría derivarse.

-¿Puede llegar a agravar la pena?

-No, porque el Código Penal es el mismo para la competencia federal y provincial. Los mínimos y máximos que tendrá por el delito correspondiente serán los mismos para la competencia federal como provincial.

“Garantías individuales”

En otro pasaje de la entrevista, el fiscal general opinó que “elevaría las penas de muchísimos delitos”, pero que es algo que “nos excede y que tiene que ver con el Código Penal”.

Si bien reconoció que es una visión “mucho más dura”, no es simple implementar una modificación “porque tiene que tener una integralidad y coordinación de todo”.

Sobre los casos con sospechosos que son aprehendidos y liberados después, Sobrino explicó que en un delito, la policía procede a la aprehensión de una persona sospechada por un determinado delito. La ley marca que si se determina que la conducta es delictiva, “el fiscal tiene que indagarlo por determinado delito” y puede pedir también la detención. “El gran problema que tenemos es que algunos delitos son detenibles y otros excarcelables, entonces un juez ordena la detención, el defensor va a presentar una excarcelación y el juez en cinco días tiene que resolver la excarcelación”, planteó.

“Nos tenemos que poner de acuerdo hasta dónde llegan las garantías individuales y eso está en un Código prefijado. Existe el principio de legalidad que nos asegura a todos los ciudadanos, es una garantía constitucional, que la ley tiene que ser previa al hecho del proceso. No podemos aplicar una ley posterior, más grave, aunque nos guste”, concluyó el fiscal general.